🌻😷GaVA

DENUNCIÓ AMENAZAS DE MUERTE DURANTE CASI UN AÑO, NO LO PROTEGIERON Y TERMINARON QUITÁNDOLE LA VIDA El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar había denunciado amenazas de muerte y hostigamiento desde julio de 2025. Un año después, el 22 de julio de 2026, fue asesinado mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla, Oaxaca. Ahora, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca confirmó que existieron fallas en la atención de sus denuncias y en las medidas para protegerlo. Alejandro había acudido a las autoridades por amenazas telefónicas y ataques relacionados con su trabajo periodístico. Incluso en febrero de 2026 seguía denunciando intimidaciones. La Defensoría también señaló que solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Periodistas, pero no recibió respuesta antes del crimen. Tras revisar el caso, el organismo emitió una recomendación en la que pide a la Fiscalía de Oaxaca ofrecer una disculpa pública a la familia y reconocer las violaciones a sus derechos. El periodista fue atacado por sujetos que escaparon del lugar. La Fiscalía General de la República asumió la investigación al día siguiente. Alejandro pidió protección cuando todavía estaba con vida. Hoy, su familia exige justicia por un crimen que pudo haberse intentado prevenir.

Agradezcan a López y Sheinbaum, ellos se llevaron el 50% de los trenes comprados por Peña Nieto para el Interurbano Y SE LOS LLEVARON AL TREN AL AIFA‼️ Por eso hay amontonamientos hacia Toluca Y al AIFA casi vacíos #DisfrutenLoVotado #MorenaEngañaPendejos

Un adolescente de 16 años deja la preparatoria para trabajar en una obra. Nadie le prohibió estudiar: su familia necesita el dinero. Eso ayuda a entender un hallazgo inquietante. Cuando desapareció @Prospera_MX en 2019, una investigación encontró que, en las localidades más dependientes del programa, la matrícula de varones de 15 a 17 años cayó alrededor de 12 puntos porcentuales y aumentó su incorporación al trabajo. La sustitución de los apoyos tuvo consecuencias que van mucho más allá de repartir becas. Hay un precedente jurídico extraordinario. La @SCJN invalidó una disposición de la Ley de Educación de Michoacán que impedía dar recursos diferentes a escuelas con necesidades distintas. ¿La razón? Tratar igual a quienes enfrentan desigualdades puede violar la Constitución. Además, el artículo 4º ordena expresamente dar prioridad en las becas a estudiantes de familias pobres. La sentencia no resolvió el caso de las becas Benito Juárez, pero ofrece un criterio fundamental para examinar si el nuevo sistema está protegiendo suficientemente a quienes más lo necesitan. El gobierno puede presumir millones de becas entregadas, pero existe una obligación jurídica mucho más exigente: garantizar que la pobreza no impida ejercer el derecho a la educación. Una beca no cumple necesariamente su propósito porque el dinero haya llegado a una cuenta bancaria. Debe ayudar a que el estudiante permanezca en la escuela. Podemos tener un programa exitoso en número de depósitos y, al mismo tiempo, adolescentes que abandonan las aulas porque necesitan trabajar. Esa contradicción merece una explicación del Estado.