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Maru Campos ofrece seguridad a mineras extranjeras: el crimen organizado expulsa a comunidades indígenas En la Sierra Tarahumara, comunidades indígenas están abandonando sus tierras por amenazas, asesinatos, enfrentamientos armados y el control territorial del crimen organizado. De acuerdo con la investigación publicada por Avispa Mídia y los hallazgos de la Misión Civil de Observación sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, el número de personas desplazadas pasó de aproximadamente 1,500 en 2021 a casi 5,000 en 2025. Las organizaciones participantes, entre ellas Alianza Sierra Madre (ASMAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), documentaron amenazas contra líderes comunitarios, desapariciones, asesinatos, ataques con armas de alto calibre, drones con explosivos y reclutamiento forzado. La violencia no sólo está expulsando a las familias de sus hogares. También está relacionada con la disputa por territorios que contienen bosques, agua y recursos minerales. La Misión Civil de Observación identificó casos en Monteverde, municipio de Guazapares, en Los Trigos, en Guachochi y en San Julián, en Guadalupe y Calvo, donde el desplazamiento de comunidades antecedió al desarrollo de proyectos mineros. Uno de los casos más graves ocurrió en Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo. Según la documentación de la Misión Civil y los reportes de El Sol de Parral, en febrero de 2026 más de 600 personas abandonaron sus hogares después de amenazas de reclutamiento forzado, hechos violentos y enfrentamientos armados. La investigación periodística Esclavos en la Sierra, de Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff, también documentó casos de explotación laboral y reclutamiento mediante engaños relacionados con organizaciones criminales, que afectan especialmente a jóvenes indígenas. Estas comunidades enfrentan la violencia y la pérdida de sus territorios y el gobierno de Maru Campos continúa promoviendo inversiones mineras extranjeras. En enero de 2026, la Dirección de Minería estatal identificó 3,500 millones de dólares en inversiones mineras paralizadas, principalmente por trámites ambientales y cambios regulatorios. Entre los proyectos está Cordero, cerca de Parral, con una inversión estimada de 1,500 millones de dólares, que obtuvo autorizaciones ambientales federales en octubre. También figura Orisybo, cerca de Guachochi, con una inversión prevista de hasta 1,200 millones de dólares. En Buenaventura, la compañía canadiense Apollo Silver busca reactivar el proyecto Cinco de Mayo, pese a que el ejido Benito Juárez acordó una moratoria de 100 años contra la minería. En esa comunidad fueron asesinados en 2012 los defensores del territorio Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, quienes se oponían al proyecto minero. El gobierno de Maru Campos también ofrece seguridad especializada a las compañías. En marzo de 2026, su secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, viajó a Canadá para promover las condiciones de seguridad del sector minero ante inversionistas extranjeros. La Policía Minera estatal presume 628 operativos de resguardo, 540 apoyos para trasladar materiales y 118 servicios de seguridad. En agosto, Maru Campos se reunió con el Clúster Minero de Chihuahua para impulsar proyectos y abordar su integración a la Plataforma Centinela. El propio gobierno estatal presume más de 4,000 millones de dólares de inversión extranjera directa acumulada en minería. Mientras que el gobierno de Maru Campos ofrece seguridad a las inversiones mineras, miles de personas han sido expulsadas de sus comunidades por grupos armados y después en esos territorios comienza la minería. La gobernadora reconoce la crisis, pero sus acciones se limitan a repartir cobijas y apoyos asistenciales, mientras las comunidades indígenas siguen desplazadas por grupos armados, sin garantías de seguridad para regresar a sus tierras. ¿Qué investigaciones ha realizado la Fiscalía de Chihuahua sobre los casos en los que el desplazamiento antecedió la llegada de proyectos extractivos? ¿A qué empresas y proyectos corresponden esos territorios y qué medidas ha tomado el gobierno estatal para impedir que la violencia facilite su ocupación? El costo de la minería en Chihuahua no se limita a la remoción de vegetación, el consumo de agua o los residuos que genera la extracción de minerales. También existe una crisis humana y territorial que las autoridades no pueden separar de sus decisiones económicas. Maru Campos prioriza las inversiones mineras extranjeras mientras comunidades enteras huyen de sus tierras para no ser asesinadas.