🚨 Faltando menos de un día y sin motivación razonable alguna, el juez Giovanny Freire aplazó la audiencia del #CasoMagnicidioFV en la que se iba a conocer quiénes son llamados a juicio por el asesinato de #FernandoVillavicencio. Esto es inaceptable. 🔗 periodismodeinvestigacion.co…

Imperdible:

Ecuador, 2014. Se registraron 1.070 homicidios y 1.353 muertes violentas "de intención no determinada": casos en los que la información disponible no permitía (supuestamente) establecer si se trataba de un homicidio, un suicidio o un accidente. Por primera vez en la historia contemporánea del Ecuador, se registraron más muertes en esa categoría que homicidios. Esa sola anomalía estadística exige una explicación y rendición de cuentas, sobre todo en los años de la supuesta "isla de paz". Y el problema excede aquel año. El desglose de 2007–2017 incluye 710 muertes por "disparos de arma de fuego" (en un país donde el porte civil de armas estaba tajantemente prohibido) registradas bajo el código Y24 de la CIE-10 y 2.936 bajo el Y34: "evento no especificado, de intención no determinada". En las primeras se conoce al menos la causa de muerte; en las segundas no se conoce realmente nada: ni la causa de muerte ni la intencionalidad. La geografía añade otro indicio de manipulación estadística. Estas muertes se concentraron en provincias vinculadas con las rutas del narcotráfico, entre ellas las fronterizas con Colombia. La concentración territorial exige investigar por qué se acumularon allí las muertes cuya intencionalidad quedaba sin esclarecer. Estas preguntas afectan directamente al supuesto éxito del correísmo en seguridad: ¿cuánto de la caída registrada correspondió a una reducción efectiva de los homicidios y cuánto pudo depender de cómo se clasificaron las muertes? La discusión tampoco se agota en el registro. Incluso una reducción real de los homicidios puede coexistir con el fortalecimiento del crimen organizado. Y las denuncias sobre los vínculos del correísmo con organizaciones narco-criminales tienen antecedentes. En un video difundido en 2009, alias "Mono Jojoy" habló de aportes de las FARC a la campaña presidencial de Rafael Correa de 2006. Francisco Huerta, quien presidió la comisión que investigó el bombardeo colombiano de Angostura de 2008, planteó una explicación sobre la relación entre tranquilidad y narcotráfico. En abril de 2018 sostuvo: "El correísmo mantenía un nivel de connivencia con el narcotráfico. Desgraciadamente. Y lo dijimos a su tiempo". Así describió Huerta la lógica de esa relación: "Por eso había tranquilidad. No se metan conmigo, yo mismo les digo por donde voy a mandar droga para que tengan algunas capturas, y así hacemos las grandes cosas por otros lados". Esa es la hipótesis de una Pax Narca: una relativa tranquilidad sostenida, al menos en parte, por acuerdos o tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales. Comprobarla exige documentar los mecanismos de protección, identificar a sus responsables y establecer sus efectos. En 2014, #JoséSerrano dirigía el Ministerio del Interior, del que depende la Policía. Después de que publiqué estos hallazgos de irregularidades estadísticas, no tardó en amenazarme públicamente con acciones judiciales: "Del juicio y la denuncia no te salva ni tu cuenta eliminada ni nada". Estos indicios de manipulación llegaron a la Asamblea Nacional. El 25 de marzo de 2025, la Comisión de Seguridad aprobó un informe de fiscalización tras escuchar a expertos, autoridades técnicas y familiares de víctimas. Entre sus conclusiones consta una "presunción grave de manipulación estadística" de las muertes violentas. El documento recomendó que la Fiscalía investigara penalmente los hechos e incluyera a #JoséSerrano, Galo Chiriboga y otros exfuncionarios señalados. Cuando se aprobó ese informe, Serrano estaba fuera del país. Hoy permanece en prisión preventiva en la cárcel El Encuentro, acusado por la Fiscalía como presunto autor mediato del asesinato de #FernandoVillavicencio. Esa causa tiene su propio objeto. Su eventual responsabilidad en la manipulación de estadísticas requiere investigar las decisiones tomadas durante su gestión. El informe de la Comisión de Seguridad también recoge el testimonio de Alexandra Córdova (@alexa_co2000), quien lleva más de trece años buscando a su hijo, David Romo, y denunciando irregularidades en la investigación. Sus señalamientos sobre la actuación de Serrano requieren respuesta. El 30 de marzo de 2026, la Fiscalía Provincial de Pichincha revocó la solicitud de archivo de la investigación por presunta desaparición forzada y dispuso que continuara, porque todavía existían diligencias pendientes. El reciente libro «Transparencia: el gran reto de América Latina», publicado por una editorial de @UDLAEcuador, recoge mi investigación y menciona la auditoría que el presidente @DanielNoboaOk ordenó en 2024. Y da en el clavo: "En 2024, Tomasi identificó inconsistencias en las estadísticas oficiales [por lo cual] el presidente de Ecuador [@DanielNoboaOk] ordenó una auditoría de los datos (...) La falta de transparencia y fiabilidad en las bases de datos, así como la ausencia de procesos que garanticen la precisión de la información, constituyen un obstáculo significativo para comprender plenamente el alcance de los problemas que enfrenta Ecuador (...) El desconocimiento del número exacto de muertes violentas registradas durante el gobierno del expresidente Correa ejemplifica esta problemática. La ausencia de datos confiables no solo impide una evaluación rigurosa de los patrones de violencia, sino que también restringe la capacidad del Estado para diseñar estrategias de intervención eficaces". La revisión estadística debe reconstruir cómo se clasificaron las muertes y corregir los registros cuando corresponda. La investigación judicial debe establecer quién decidió, quién intervino y si hubo responsabilidades por acción u omisión. Las instituciones que recibieron estas denuncias también deben responder por lo que han hecho con ellas. El expresidente Correa puede insistir todo lo que quiera en llamarlo "relato falso" y en intimidar e insultar. Pero si reivindica aquellas cifras como prueba del éxito de su gobierno, le corresponde responder también por sus inconsistencias. Los insultos no explican cómo se contaron los muertos durante su gobierno. Fuentes: «Encubrimiento estadístico en el correísmo: Serrano y Chiriboga llamados a comparecer» 🔗 periodismodeinvestigacion.co… «El antropófago» 🔗 periodismodeinvestigacion.co… «Cómo se forjaron las cifras de Rafael Correa» 🔗 expreso.ec/actualidad/estadi… «The Pax Narca Files» 🔗 periodismodeinvestigacion.co… «Francisco Huerta: El correísmo mantenía connivencia con el narcotráfico» 🔗 medium.com/focus-news-ecuado… «Transparencia: El gran reto de América Latina» 🔗 udlaediciones.com.ec/wp-cont…

🥐 Recién salido del horno:

Lo dicho por @JoseJulioNeira en una entrevista reciente es real: las denuncias de financiamiento del crimen organizado al correísmo se remontan a la campaña de 2006, que llevó a Rafael Correa al poder en 2007. En un vídeo difundido en 2009, alias "Mono Jojoy" habló de aportes en dólares de las FARC a esa campaña. Después está el caso del narcotraficante Leandro Norero. En el #CasoMetástasis, Hélive Angulo declaró que Norero había financiado, a través de Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo y hoy prófugo de la justicia e imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de #FernandoVillavicencio, la campaña por el No a la extradición en la consulta de 2023. Es un señalamiento concreto sobre el origen y el destino del dinero que aún requiere una respuesta. Denunciar persecución política es legítimo. Pero creo que no podemos aceptar que se convierta en la respuesta automática cada vez que se investiga la relación entre la política y el crimen organizado. A mí no me basta ese "argumento" cuando lo que se pregunta es quién financió una campaña. Más aún cuando esa pregunta recae sobre el correísmo, con sus amplios antecedentes y sus cuestionables vínculos actuales. Ahí está, por ejemplo, la relación de Rafael Correa con Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa a Maduro y a su esposa de narcotráfico, de saqueo de fondos públicos, y de participar en un sistema de represión que incluía torturas, violencia sexual y amenazas contra las familias de los detenidos. Correa reconoció en 2025 que asesoraba económicamente a ese gobierno y mantenía un equipo permanente en Venezuela. En la misma entrevista describió a Maduro como "Muy bondadoso. Bueno, pacífico. Como Mandela". Esa relación también merece explicaciones sobre los contratos, los pagos y el destino de los recursos de las asesorías. El financiamiento del correísmo debe investigarse incluso si alguna de sus denuncias de persecución política tuviera fundamento. Que exista persecución no aclara quién puso el dinero ni para qué.

En febrero de este año, como parte de nuestro especial «Inocencias interrumpidas: ser niño, niña y adolescente en Ecuador», publiqué un análisis sobre las alarmantes tasas de homicidios entre adolescentes. Las cifras de septiembre de 2026 mantienen la alerta: respecto del mismo mes de 2025, los homicidios disminuyen en el país, pero aumentan entre adolescentes. «Exterminio adolescente durante el conflicto armado interno en Ecuador (2024-2025)» 🔗 periodismodeinvestigacion.co… «Bajan los homicidios, pero aumentan las víctimas adolescentes» 🔗 periodismodeinvestigacion.co…

Del 17 al 30 de septiembre, el total baja 25,5%, pero las víctimas adolescentes pasan de 15 a 26 (+73,3%). En enero–septiembre, la tasa de menores sube 13,4% frente a 2025. Informar la reducción nacional exige mostrar también quiénes quedan fuera de esa mejora.

Entre adolescentes, los homicidios aumentan en cuatro de los cinco bloques. Del 22 al 28 pasan de cinco a ocho (+60%), mientras baja el total nacional. Son tres víctimas más sobre una base de cinco. Comparación con las mismas fechas de 2025.

Los cinco bloques de septiembre tienen menos homicidios que en 2025. La mayor caída es del 22 al 28: de 197 a 131 (−33,5%). Son intervalos de fechas, no semanas calendario. El último, 29–30, dura dos días; debe compararse con esos mismos dos días de 2025.

Volvamos a septiembre. El total baja de 771 a 577 homicidios (−25,2%), pero los menores de edad pasan de 41 a 53 víctimas (+29,3%). Su tasa mensual sube de 0,76 a 0,99 por 100.000 menores (+30,9%). Comparación con septiembre de 2025.

Dentro de cada provincia también hay diferencias. En Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas baja la tasa total, pero sube la adolescente. En El Oro, la de 12–17 años pasa de 38,00 a 72,70 por 100.000 (+91,3%). Enero–septiembre de 2026 frente a 2025.

Entre enero y septiembre, Guayas y Los Ríos registran 858 víctimas menos que en 2025. Las otras 22 provincias suman, en conjunto, 305 más. El Oro tiene la mayor tasa de 2026: 116,90 homicidios por 100.000 habitantes. Guayas encabeza el número de víctimas.

El detalle mensual importa. Entre enero y mayo, las víctimas adolescentes bajan de 253 a 233 frente a 2025 (−7,9%). Entre junio y septiembre suben de 147 a 222 (+51,0%). Agosto registra 64: el máximo entre los 45 meses analizados.

El aumento adolescente viene de antes. Su tasa sube cada año: 5,73 en 2022; 11,32 en 2023; 13,65 en 2024; 20,61 en 2025 y 23,42 en 2026. Son homicidios por 100.000 adolescentes, de enero a septiembre: más de cuatro veces la tasa de 2022 (+308,6%).

Los jóvenes de 18–29 años tienen la tasa más alta: 72,86 homicidios por 100.000 de su grupo. Entre adolescentes de 12–17, sube de 20,61 a 23,42 (+13,6%), mientras baja en los demás grupos etarios. Comparación enero–septiembre de 2026 frente a 2025, sin anualizar.