Bell Santacruz 🌱

Atención! Nos están llevando a un callejón sin salida y la privatización de la salud y la educación será inminente: el Gobierno del “Nuevo Ecuador” vuelve a disponer que los egresos permanentes (salud, educación y justicia) se financien con ingresos no permanentes (petróleo, deuda externa, venta de algún activo como Sacha u otra fuente de ingreso extraordinario de carácter temporal)👇. Esto cuestiona seriamente la sostenibilidad fiscal que por ahora terminará “resolvida” generando más deuda pública. Ya lo hicieron en la proforma 2026👇y lo vuelven hacer para la proforma 2027 que se remitirá en las próximas horas a la Asamblea Nacional. En su momento la proforma 2026 estableció un déficit entre gastos e ingresos permanentes de USD 1.802 millones, mientras que entre ingresos y gastos no permanentes fue de USD 3.612 millones. Un déficit global de USD 5.414 millones (Fuente: BCE, MDEP). En los hechos, de acuerdo al reporte presentado en la quinta revisión con el FMI, se estableció un déficit entre USD 2.624 y USD 3 140 millones (Fuente Quinta revisión SAF 2024). De acuerdo a la última actualización reflejada en el Plan Financiero hasta mitad de año ya superó los USD 3.120 millones (Fuente: MDEP). Y si se considera que el último trimestre es de mayor egreso, por más ajustes que hagan, probablemente rebase los USD 5.000 millones. Y si es menor, no es ningún mérito, porque el ajuste es a la operación del Estado. Déficit de gasto operativo financiado con endeudamiento y eso implicó que el servicio de la deuda (intereses) se incrementan. En tanto el déficit no permanente se genera por las mismas obligaciones de deuda y también por laudos arbitrales (por eso sostenemos que atraer inversión incluyendo arbitraje internacional Inversionista-Estado es perjudicial y demasiado costoso para el país). El punto acá es que el país se endeuda para pagar intereses de la misma deuda pública. Esa nueva deuda genera nuevos intereses y eso avanza en una trayectoria de insostenibilidad fiscal. Así, está en marcha la privatización de servicios operativos fundamentales de salud y educación, por más que la Constitución diga lo contrario, ya que llegará el momento -no muy lejano- en que sencillamente digan que los ingresos presupuestarios, al ganar peso ingresos no permanentes (la excepción se hará regla), no habrá certeza para mantener estos servicios y por tanto tendrán que restringirse o eliminarse. Para bajar el déficit, la consolidación fiscal del FMI recurre fundamentalmente a la reducción del gasto y de la inversión pública cuando lo que está en déficit es la generación de ingreso porque la economía no crece como debería hacerlo. Las estimaciones dicen que en 2027 habrá menos ingreso (El Niño, apagones), menor crecimiento económico. Si la economía no crece, no crece la recaudación tributaria (ingreso permanente) . Lo que sí harán, ni bien terminada las elecciones, será retomar la motosierra, subejecución presupuestaria especialmente en salud y educación, reducción drástica o eliminación de subsidios... La consolidación fiscal comprometida con el FMI lleva a un callejón sin salida y más con una gestión económica por demás restringida, sin iniciativa alguna, sin compromiso con los intereses nacionales. Esta gestión de la economía también pone en riesgo a la misma dolarización que tiene a la política fiscal como el instrumento principal para hacer política económica, no obstante su accionar es cada vez más limitado.