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Abogado y profesor de Derecho. Litigios y negocios. Escribo sobre justicia, instituciones, asuntos públicos y sociedad. Socio de MSJ Partners.

República Dominicana
Joined April 2010
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1/5.- En democracia preocupa tanto lo que hace el poder como aquello que la sociedad aprende a tolerarle. Colombia, El Salvador y RD ofrecen tres situaciones que merecen atención. Vemos detenidos tratados como culpables, la excepción convertida en regla y muertes policiales que se dan por explicadas.
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4/5.- En RD, al menos 146 personas murieron en intervenciones policiales durante el primer semestre de 2026. No está acreditado que «poner en 29» sea una orden oficial. Pero llamar «intercambio de disparos» a una muerte no la esclarece. ¿Qué se ha investigado y con qué resultados?
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5/5.- No son hechos equivalentes. Pero los tres obligan a la misma pregunta: ¿quién controla al poder cuando la mayoría aplaude? La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la vida no son premios a la buena conducta. Son límites al Estado.
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El 1 de noviembre no es una fecha de referencia: es una fecha de cumplimiento. Grandes Locales y Medianos deberán emitir exclusivamente e-CF con secuencias tipo «E». Las «B» solo son válidas hasta el 31 de octubre. Confirme su clasificación y valide su sistema antes del plazo.
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Lo de los «nueve dedos» de Lula en el debate brasileño fue lamentable. Es una muestra de cómo cualquier recurso, por indigno que resulte, puede convertirse en una herramienta política “rentable”. Aunque todavía no sabemos si esta vez producirá números azules o rojos. En RD conocemos esa práctica desde mucho antes de las redes sociales. Las campañas contra Bosch y Peña Gómez dejaron ejemplos que todavía deberían hacernos reflexionar. Pero la memoria histórica no parece ser una virtud de nuestro pedazo de isla. Hilo. 🧵
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3/4.- El panorama se vuelve todavía más preocupante con la aparición de enganchados a políticos y jóvenes inquietos que parecen haber descubierto su vocación pública leyendo las biografías de quienes alcanzaron el poder mediante la confrontación, el insulto y la radicalización. En lugar de formarse, estudiar los problemas nacionales y construir propuestas, algunos prefieren imitar los métodos que dieron notoriedad a determinadas figuras en otros países. Confunden la capacidad de conquistar el poder con la preparación necesaria para ejercerlo. Si a ellos les funcionó, ¿por qué no intentarlo en el trópico?
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4/4.- No se trata de exigir una política sin confrontación. La crítica severa es indispensable y el poder debe soportarla. Pero una cosa es cuestionar las ideas, los actos y las responsabilidades de un adversario, y otra recurrir a las ofensas y descalificaciones para sustituir los argumentos. Quizás el problema no sea solamente la clase de políticos que tenemos, sino las conductas que hemos aprendido a premiar. La política del espectáculo necesita protagonistas, pero también público. Y, por desgracia, aquí parece que tenemos bastante.
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JET SET. La recalificación y los límites del poder judicial.- La recalificación hacia homicidio voluntario plantea una discusión procesal tan importante como la del dolo eventual. No se trata solamente de determinar si el juez podía modificar la calificación, sino de examinar cómo lo hizo, en qué momento y con qué consecuencias para el debido proceso. Hilo. 🧵
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5/6.- Una cosa es examinar si determinados hechos permiten considerar jurídicamente posible otra calificación. Otra es afirmar que las pruebas acreditan elementos esenciales de una infracción más grave. La diferencia adquiere especial relevancia cuando el propio juez, después de realizar esas valoraciones, declara su incompetencia y remite el proceso a otro tribunal. La facultad de recalificar no debería confundirse con la de anticipar conclusiones sobre la responsabilidad penal.
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6/6.- El nuevo tribunal no está obligado a asumir esas valoraciones. Deberá examinar los hechos y las pruebas con plena independencia. Las víctimas merecen justicia. Los imputados tienen derecho a todas sus garantías. En una tragedia de esta magnitud, tan importante como determinar las responsabilidades es hacerlo mediante un procedimiento que preserve la legitimidad de la decisión final. La gravedad de los hechos no amplía las facultades de los jueces ni disminuye las garantías del proceso.
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JET SET. Entre la gravedad de los hechos y el rigor del Derecho. La reciente decisión judicial abre una discusión jurídica de enorme trascendencia. Se trata de la posibilidad de atribuir homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual. Una calificación penal más grave no necesariamente significa una acusación más sólida. Hilo. 🧵
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3/4.- Aquí surge otra preocupación. Una recalificación más severa puede debilitar la acusación si no encuentra suficiente respaldo legal. Sería lamentable que una discusión sobre los límites de la imputación terminara dificultando la determinación de responsabilidades que pudieran establecerse bajo otra calificación jurídicamente sostenible.
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4/4.- Las familias de las víctimas merecen justicia. Los imputados tienen derecho a que su responsabilidad sea determinada conforme a la ley. No son exigencias contrapuestas. El desafío aquí no es encontrar la calificación que mejor exprese la indignación que produjo la tragedia, sino aquella que el Derecho permita sostener y las pruebas acreditar. La justicia no se fortalece agravando imputaciones sin suficiente fundamento, sino dictando decisiones capaces de resistir el examen de la ley.
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