Daniel Felipe López

El post de abajo es incompleto, superficial e impreciso. ¿El Estado colombiano paga mejor que el sector privado? ¿A quién? Una cosa es lo que gana un auxiliar y otra lo que se le paga a un gerente. Esa diferencia está en la evidencia que cita Eduardo Lora, pero se pierde en este post que no la muestra para hacer “cherry picking”, buscando indignación barata pero dejando por fuera una pregunta más importante: en qué se nos está yendo la plata y si eso sí mejora la gestión pública El diagnóstico del BID sobre el servicio civil colombiano (2014) encontró que el Estado ofrecía remuneraciones más competitivas en los niveles técnico y, sobre todo, asistencial. Pero en el nivel profesional la comparación se acercaba al equilibrio y en el directivo la remuneración pública perdía competitividad. La OCDE (2013) también identificó una brecha frente al privado para los especialistas más calificados y señaló que eso podía dificultar su contratación y retención. Para entender mejor esto, usamos mejor la compresión salarial en el sector público colombiano. La distancia salarial entre los cargos de base y los de mayor responsabilidad tiende a ser menor que en el sector privado. Así, el Estado puede ofrecer una remuneración competitiva para un cargo asistencial y tener dificultades para competir por un especialista o un gerente. Si metemos todos esos cargos en un solo promedio, se pierde justo la parte de la comparación que importa para saber dónde el Estado tiene problemas para atraer y retener talento. Hay otros dos enormes problemas político-administrativos que la comparación superficial deja por fuera. Primero, la discrecionalidad con la que se fijan las escalas salariales de algunas agencias y entidades nuevas. Entidades con mayor capacidad política consiguen escalas más favorables y terminan compitiendo por talento con otras entidades del mismo Estado. Vale la pena preguntar qué justifica que cargos con responsabilidades comparables se paguen de manera tan distinta. Segundo, la contratación por prestación de servicios. Una comparación de salarios de planta deja por fuera los honorarios de los contratistas. Y ahí es donde hemos dejado la llave abierta. Hay entidades que dependen de esos contratos para cumplir funciones permanentes. Y está el uso clientelista de la figura, con personas que acumulan contratos y con corbatas que cobran por servicios cuya ejecución debería poder verificarse. Así es como políticos clientelistas reparten la marrana del Estado que pagamos y mantenemos todos. ¿Quieren controlar el gasto de personal y fortalecer la administración pública? Lo he planteado en varias de mis investigaciones. Simplifiquen esa maraña de cargos y organicen los perfiles por familias de funciones, con estándares claros de competencias. Creen un sistema de alta dirección pública que permita seleccionar por mérito y atraer a personas competentes y bien formadas a la gerencia del Estado que además unifica salarios y evaluación de desempeño. Limiten el uso de los contratos de prestación de servicios y háganle seguimiento a los datos porque el mayor despilfarro está allí. Cuánto se paga, a quién, por qué trabajo y qué se entregó. La discusión que hace falta en Colombia es cómo usamos la plata del Estado para construir capacidad y efectividad en la administración pública, y cuánto de esa plata se nos sigue yendo en sostener la politiquería en el empleo público a través de la mala gestión y el clientelismo. Hay que ladrarle al árbol correcto.