José David López

Tanto les dolió que los dejara en evidencia este fin de semana que el pasquín de los dinosaurios terminó dedicándome su editorial. ¡Qué memoria tan selectiva! Yo no fui fiscal general, jefe de la Fiscalía de Narcoactividad, director de la PNC ni presidente. Más bien, parece que están describiendo a su benefactora, Consuelo Porras. Y para rematar, inventan que he dicho que “me verán volver”. Ni eso pueden citar correctamente. Lo que no perdonan es que nuestras investigaciones dejaran al descubierto a quienes se creían intocables.

Sr. Arenas, si la pregunta es quién terminó beneficiando al narcotráfico, hay un documento judicial que la responde. En noviembre de 2025, Tigo Guatemala firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y aceptó como verdaderos estos hechos: entre 2012 y 2018 pagó sobornos mensuales, en efectivo, a numerosos diputados, a cambio de leyes que la beneficiaban. El mismo documento dice: «Some of the cash provided to TIGO Guatemala came from drug trafficking». Parte de ese efectivo venía del narcotráfico. No lo dice la CICIG. Lo admitió una empresa privada ante una corte federal, y pagó US$118 millones. Aquí, ese caso lo investigaron la CICIG y la FECI. En Guatemala sigue sin una sola sentencia. «Menos superioridad moral y más rendición de cuentas»: de acuerdo. Empecemos por ahí.

La narcofiesta de Zacapa debería recordarnos que desde la FECI y la CICIG investigábamos los vínculos del narcotráfico con la política y el poder económico, hasta que los sectores que se sintieron amenazados impulsaron la expulsión de la CICIG y el desmantelamiento de esas capacidades, así que ahora no deberían sorprenderse de las consecuencias de lo que ayudaron a destruir.

Con Thelma Aldana compartimos una etapa que marcó la historia de la justicia en Guatemala y siempre le agradeceré su confianza, sus enseñanzas y su amistad, porque fue un honor trabajar bajo su liderazgo y, aunque intenten reescribir la historia, nunca podrán borrar lo que hicimos.