Defensa Ambiental del Noroeste (DAN)

🍃 Monitoreo ambiental | Sonora: 36 hectáreas federales para una empresa privada de gas natural El gobierno de Sheinbaum entregó mediante adjudicación directa a una empresa privada el uso de 36 hectáreas de superficie marítima federal en Bahía Catalina, al sur de Guaymas, para desarrollar una terminal de gas natural licuado. El contrato tendrá una vigencia de 18 años y podrá prorrogarse por otro periodo igual. El proyecto no está cancelado, pero actualmente una suspensión judicial mantiene frenados los efectos de su autorización ambiental. La empresa es Amigo LNG, filial mexicana de Epcilon LNG, vinculada al grupo estadounidense LNG Alliance. El contrato fue firmado en abril de 2025 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, dependiente de la Secretaría de Marina. La terminal recibiría gas natural procedente de Estados Unidos para licuarlo en Sonora y exportarlo principalmente hacia Asia. El proyecto autorizado ambientalmente comprende 41.78 hectáreas entre el Parque Industrial Sánchez Taboada y Bahía Catalina, incluidas 32.49 hectáreas de superficie marina, y contempla producir aproximadamente 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año. El Golfo de California, antes llamado Mar de Cortés, alberga ballenas, tortugas marinas, tiburones y numerosas especies de peces y mamíferos marinos. Parte de sus islas y áreas protegidas están reconocidas como Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Una terminal de estas dimensiones incorpora infraestructura industrial y tránsito de grandes buques metaneros. Entre los impactos que deben evaluarse están el ruido submarino, riesgo de colisiones con fauna marina, dragados, aguas de lastre, emisiones y alteraciones de la calidad del agua. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha respaldado públicamente el proyecto. En febrero, durante una gira por Sonora junto con el gobernador Alfonso Durazo, estuvo presente el director de Amigo LNG. Sheinbaum anunció una inversión estimada en 6,800 millones de dólares y señaló que su gobierno se comprometía a agilizar los permisos para iniciar la construcción. En julio, Durazo aseguró públicamente que la planta ya contaba con todos los permisos, pero la autorización ambiental terminó en tribunales. Un juez federal concedió una suspensión definitiva contra la autorización ambiental otorgada el 13 de abril de 2026. La medida mantiene frenadas las obras y actividades que dependen de esa autorización mientras continúa el juicio de amparo. Esto no significa que el proyecto esté cancelado, la empresa e incluso el gobierno de Durazo pueden combatir judicialmente la medida y defender el permiso otorgado. Además, parte de la información técnica utilizada durante la evaluación ambiental y opiniones solicitadas a distintas instituciones permanece reservada bajo argumentos relacionados con seguridad energética. El gobierno de Sheinbaum entregó superficie marítima federal mediante adjudicación directa, respaldó públicamente el proyecto y prometió acelerar sus permisos.