Gerardo Gómez M.

Los miembros de la Cámara de Diputados tienen el deber constitucional de acusar a las altas autoridades cuando incurren en mal desempeño de sus funciones. Existen pruebas de que, desde que Santiago Peña asumió como administrador general del país, se modificaron las reglas para que el dinero de las entidades públicas y de las jubilaciones fuera colocado en el banco con el que tiene vínculos. Sin esas modificaciones, el robo no hubiera sido posible. Hoy está probado que el dinero desapareció. Existen indicios fundados de un crecimiento patrimonial injustificado del presidente de la República. Y existen pruebas de que el presidente de la República y las autoridades que él mismo colocó al frente del Banco Central mantuvieron apagados los mecanismos de supervisión para permitir la fuga y la depredación de los recursos públicos. ¿Cómo podrían los diputados honrar su condición de representantes del pueblo si cerraran los ojos ante tanta evidencia? Mi enérgico respaldo a todos los que ponen la Constitución, los intereses del pueblo y el patrimonio público por encima de todo, a diferencia de los traidores y facinerosos. Defender a Peña hoy, es dar la espalda a la gente y traicionar a la patria. Vencer o Morir. Viva la República del Paraguay 🇵🇾