Señores de Deutsche Welle: Lo preocupante de este reportaje no es que se examine críticamente el gobierno militar chileno, sino la parcialidad con que se presenta uno de los períodos más complejos de nuestra historia. Las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar son hechos documentados, condenables e injustificables. Pero reconocer esa realidad no significa idealizar a Salvador Allende ni reducir toda la historia de Pinochet exclusivamente a los crímenes de su gobierno. Allende encabezaba un proyecto revolucionario marxista, mantenía estrechos vínculos con Fidel Castro y gobernó durante una profunda crisis económica e institucional. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados denunció formalmente el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal por parte de su gobierno. La propia Corte Suprema había advertido meses antes sobre interferencias del Ejecutivo en el cumplimiento de resoluciones judiciales y una inminente ruptura de la juridicidad. Estos antecedentes institucionales también forman parte de nuestra historia. Tampoco puede omitirse la violencia política anterior a 1973 ni la actuación posterior de organizaciones armadas, incluida la internación de armas en Carrizal Bajo y el atentado del FPMR contra Pinochet en 1986. En economía, el análisis exige mayor rigor. Pinochet no recibió Suiza. Recibió un país en una crisis devastadora, con una inflación superior al 500% en 1973. Las reformas económicas iniciadas en los años 70, corregidas tras la crisis de 1982 y consolidadas durante los 80, contribuyeron a establecer las bases del crecimiento posterior. La pobreza descendió del 45,1% en 1987 al 38,6% en 1990 y al 23,2% en 1996. Los gobiernos democráticos tuvieron méritos propios, pero heredaron una economía profundamente transformada. La inversión, la acumulación de capital y la productividad requieren tiempo. No puede explicarse el crecimiento de los años 90 ignorando las reformas anteriores. También merece examinarse que Pinochet perdió el plebiscito de 1988 y entregó la presidencia en 1990 tras elecciones democráticas. ¿Cuántos regímenes comunistas de partido único han permitido que sus ciudadanos los desalojen mediante elecciones verdaderamente libres? Finalmente, resulta cuestionable la selección de entrevistados: Francisco Vidal, exministro de centroizquierda; Mónica González, reconocida por sus investigaciones críticas del régimen militar; y otros participantes. ¿Dónde están los historiadores, economistas o protagonistas que representen interpretaciones diferentes? Un reportaje que pretende explicar por qué parte de los chilenos valora favorablemente ese período debería examinar también sus argumentos. La historia de Chile exige rigor, contexto y pluralidad. No puede contarse con una memoria selectiva: severidad para juzgar a Pinochet e indulgencia para analizar a Allende. El periodismo debe investigar la historia completa, no presentar una interpretación ideológica como si fuera la única verdad posible.