Edward Rodríguez 🇨🇴

Lo más aterrador de esta columna no es que un gobierno pretenda afectar a sus adversarios. Tampoco que antiguos jefes criminales sigan gravitando alrededor de la política nacional. Lo verdaderamente escalofriante es la posible instrumentalización de la justicia para hacer política. Que el acceso a la JEP, sus beneficios o la libertad de criminales puedan convertirse en moneda de cambio para obtener testimonios contra adversarios políticos sería una amenaza directa al Estado de derecho. La JEP nació con un propósito trascendental: verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso su independencia debe ser sagrada. Una justicia acomodada a los intereses del gobierno de turno deja de ser justicia y se convierte en un arma de poder. Colombia ha vivido fuertes controversias sobre las decisiones de sus altas cortes, pero la independencia de la justicia sigue siendo un pilar esencial de nuestro sistema de contrapesos. Permitir que cualquier actor político capture o instrumentalice una jurisdicción es abrir una puerta peligrosísima para la democracia. Y hay otra conclusión inquietante: que sea precisamente el lenguaje del crimen el que conecte extremos que se presentan como irreconciliables. La izquierda más radical y la ultraderecha pueden odiarse ideológicamente, pero terminan encontrándose cuando aceptan el caos, la violencia o a los criminales como instrumentos para llegar al poder. Los extremos aparentemente se repelen. A veces, peligrosamente, también se encuentran.