¿Quién firmó las tasaciones? El BICE de Toto Caputo y las privatizaciones bajo reserva El Ministerio de Economía adjudicó el 90% de las acciones de AySA por US$340,2 millones. En Intercargo, la primera licitación, con un precio base de US$45,12 millones, quedó desierta y el Gobierno evalúa otro llamado. Ambos procesos tienen un protagonista común: el Banco de Inversión y Comercio Exterior, encargado de elaborar las valuaciones utilizadas por Economía. Un banco bajo la órbita de Luis Caputo y con integrantes de su equipo en la conducción. Felipe Núñez es director titular del BICE y asesor de Toto. Esa doble pertenencia vuelve indispensable conocer qué intervención tuvo: qué informes recibió, qué decisiones votó y qué responsabilidades asumió. Las actas de aprobación de cada tasación están escondidas. Núñez, integrante del streaming oficialista Las Tres Anclas, también quedó en el centro de la polémica por un crédito hipotecario de $373 millones obtenido en febrero de 2025 en el Banco Nación, mediante una línea especial para empleados públicos. El episodio aumenta la exigencia de explicaciones sobre el uso y la conducción de la banca estatal. En AySA, la resolución firmada por Caputo sostiene que las ofertas eran razonables porque estaban dentro de las proyecciones de la tasación del BICE. Pero no publica el valor de referencia ni el rango utilizado para evaluar las propuestas. Tampoco identifica a los autores, revisores y aprobadores del informe. Intercargo permite mostrar cómo respondió el banco cuando le pidieron los papeles. El 12 de agosto de 2025, Guido Martín Jager solicitó los antecedentes de la intervención del BICE: quién le había encargado el trabajo, con qué alcance y metodología y qué comunicaciones había intercambiado con otros organismos. Después de un reclamo por falta de respuesta, el banco contestó. Ante una nueva presentación, negó documentación invocando confidencialidad y posibles efectos sobre el sistema financiero. La Agencia de Acceso a la Información Pública objetó esa respuesta. Señaló que el BICE no había explicado cómo entregar los documentos podía afectar al sistema bancario. Tampoco había acreditado las cláusulas de confidencialidad ni los perjuicios concretos que provocaría su divulgación. Hubo otra observación: no se acreditó que quien firmó la negativa tuviera facultades delegadas para hacerlo. El 1 de diciembre de 2025, la Resolución 215/2025 hizo lugar al reclamo y le dio al banco diez días hábiles para fundamentar adecuadamente la negativa o entregar la información. Intercargo también había encargado una valuación a Deloitte. El Gobierno aseguró ante el Congreso que no había diferencias significativas entre ambos informes, pero no publicó la comparación completa. La resolución de la AAIP no determina una subvaluación ni responsabilidades penales. Sí documenta que el BICE negó información sin cumplir los requisitos de fundamentación y forma exigidos.