Sobre la violencia callejera por Iñaki Errazkin El caso de Bilbao ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo de la rentabilidad política de la provocación. Vito Quiles anunció un acto en la Universidad de Deusto. Los antifascistas convocaron movilizaciones para impedir que su presencia se convirtiera en una plataforma de propaganda ultraderechista. Finalmente, Quiles no apareció. Canceló el acto poco antes de la hora prevista. Sin embargo, la convocatoria ya había provocado una movilización multitudinaria, el cierre preventivo del campus y una intensa atención mediática. Después llegaron los enfrentamientos, los incendios y las detenciones. No sé si Quiles y quienes le pagan buscaban deliberadamente ese desenlace, pero el resultado ofrece una lección política: un provocador puede obtener rentabilidad de la reacción que suscita, incluso cuando no comparece. Basta con que la escena termine encajando en el relato que quiere difundir: él como víctima de la intolerancia y los antifascistas como una amenaza para la convivencia. Si, además, algunos manifestantes, infiltrados o no, recurren a la violencia, las imágenes le proporcionan material para reforzar esa versión y desplazar cualquier discusión sobre el contenido de su discurso. Aquí aparece una paradoja que la izquierda debería analizar a calzón quitado y sin autocomplacencia. Plantar cara al fascismo es legítimo. Convertir cada provocación en el escenario elegido por el provocador no es inteligente. La movilización antifascista es necesaria, pero requiere estrategia. Decidir cuándo, dónde y cómo responder, qué objetivos se persiguen y qué consecuencias previsibles tendrá cada acción. No basta con demostrar disposición al enfrentamiento. También hay que evitar que el enemigo consiga determinar la agenda, imponer el marco del debate y convertir la reacción de sus oponentes en su principal argumento propagandístico. La violencia callejera, en este punto y hora, no beneficia a la izquierda.

David Broncano tiene a huevo una pregunta a @gabrielrufian para La Revuelta de esta noche. "Gabriel: ¿a quién votarías en Gipuzkoa, a EH Bildu o a Podemos?". Como es un showman, la puede hacer entre risas. #LaRevuelta #LaRevueltaTVE #ERC #Podemos #Izquierda #29N

Mi método en esta red social es señalar lo que considero mejorable, aportar lo que mi experiencia me dicta, no discutir con usuarios sin identificar y bloquear a cualquiera que me falte al respeto.

Se llama “simbiosis” a la relación de apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades. La definición vale, pues, tanto para ERC-Podemos como para Gabriel-Irene. Los acuerdos libres son respetables, pero hay que vigilar que la simbiosis no degenere en parasitismo.

Las productoras de televisión tocan las palmas y los dirigentes políticos bailan por bulerías.

La soldadesca me responde con un plural que me es ajeno. “Habláis”, “tenéis”, "sois"... Descartado el sentido mayestático, será que me incluyen en algún partido o movimiento al que no pertenezco. Lo digo en mi bio: soy un periodista francotirador y, por consiguiente, actúo solo.

Digo #PartidoIrene y hay quien se ofende.

El partido Irene está más preocupado por combatir al Frente Amplio que por construir una estrategia común frente a la ultraderecha. La disputa por el liderazgo ocupa demasiado espacio. Y eso tiene consecuencias políticas que solo perjudican a la gente.

El sentimiento de abandono de la clase trabajadora por Iñaki Errazkin VOX y la ultraderecha en general no ofrecen un programa económico que beneficie a la mayoría de la clase trabajadora. Su atractivo principal no es redistributivo. Sin embargo, han conseguido que una parte de esa mayoría los perciba como un refugio identitario y emocional frente a la incertidumbre, la inseguridad y la sensación de abandono. La explicación no está únicamente en la eficacia de su propaganda. También reside en los errores de quienes deberían ofrecer una alternativa creíble y presente. Una parte de la izquierda se ha alejado de los sindicatos y de los centros de trabajo, concentrando su actividad en las instituciones, los medios y los debates culturales. Sus cuadros, con frecuencia procedentes de entornos universitarios, no siempre conocen de primera mano las preocupaciones de quienes viven en la precariedad. El problema no es en ningún caso la formación académica, que es imprescindible, sino confundir la falta de comprensión de la realidad social cotidiana: salarios bajos, empleo basura, falta de viviendas asequibles, coste de la vida y seguridad en los barrios. Tampoco basta con elaborar buenos diagnósticos económicos si no se consigue que las personas se sientan escuchadas, reconocidas y partícipes de un proyecto colectivo. Los sindicatos han cumplido históricamente una función que va más allá de negociar convenios. Pese a haber mermado su esencia histórica, también transforman problemas individuales en conciencia y capacidad de acción colectiva. Cuando esa presencia se debilita, la frustración tiende a convertirse en resentimiento y la necesidad de pertenencia queda a disposición de quienes ofrecen respuestas sencillas, identifican culpables y prometen recuperar una seguridad perdida. Esto no significa que el abandono de la izquierda sea la única causa. Hay transformaciones estructurales (desindustrialización, nuevas formas de empleo más difíciles de organizar, presión en mercados de baja cualificación, crisis de vivienda y percepción de inseguridad) que generan malestar independientemente del discurso cultural. La clase trabajadora tampoco es homogénea. Hay diferencias relevantes por edad, género y sector. Una parte importante sigue anclada a opciones de izquierda, mientras otros segmentos, especialmente hombres jóvenes en ciertas ocupaciones (logística, hostelería, construcción, repartidores, etc),muestran mayor inclinación hacia opciones de ultraderecha populista. VOX y otras pequeñas formaciones similares saben aprovechar el vacío. No necesitan convencer a sus votantes de que sus políticas económicas mejorarán sus vidas materiales. Les basta con hacerles sentir que alguien los representa cuando otros parecen hablar de otra cosa. La respuesta no consiste en imitar sus discursos ni en menospreciar a quienes los respaldan. Consiste en recuperar la influencia en los centros de trabajo presenciales (siendo conscientes de que cada vez son menos por subcontratas y empresas como Amazon, Glovo, Uber, etc.), defender derechos concretos (salarios, estabilidad, vivienda o condiciones laborales) y reconstruir vínculos de solidaridad. La clase trabajadora no necesita que nadie piense por ella. Necesita organizaciones que le ayuden a comprender sus problemas, a defender sus intereses y a ejercer poder colectivo. Cuando la izquierda deja de estar donde vive y trabaja la gente corriente, no desaparece la necesidad de representación. Simplemente, deja un vacío que otros ocupan. Reconocer los factores múltiples del fenómeno no exime de corregir esa desconexión. #VOX #Izquierda #Ultraderecha #TrabajoDigno #Desconexion #SentimientoDeAbandono #ClaseObrera Nota del autor: La imagen ha sido generada con IA.

Hace cinco años escribí: "Cuando formar parte del Gobierno pasa a ser objetivo estratégico en lugar de táctico... Cuando el medio se convierte en fin, mal vamos". Hoy me ratifico en esa idea. No hay que cogobernar, sino condicionar al Gobierno, cada formación desde sus escaños.

Si los dirigentes de izquierda leyeran a los clásicos sabrían que ellos son los primeros que deberían proceder al análisis concreto de cada situación concreta y actuar en consecuencia.

Acabo de ver en Movistar + una película catalana muy reciente que no puedo dejar de recomendarles encarecidamente: "Viaje al país de los blancos", dirigida por Dani Sancho en 2026. Es un muy buen plan para este fin de semana.

Veo a Broncano con ojos profesionales y no me gusta como entrevistador. Competir en protagonismo con la persona invitada es un error de advenedizo o un modus operandi de narcisista. Dicho esto, el presidente del Gobierno estuvo muy bien, con simpatía y cercanía desbordantes.

Sin palabras

Cuidar sin privar de derechos por Iñaki Errazkin La atención a la salud mental afronta un desafío que va mucho más allá de los diagnósticos, los tratamientos y los recursos disponibles: cómo cuidar a las personas sin convertir ese cuidado en una justificación para limitar sus derechos fundamentales. La recientísima Ley 4/2026, de 1 de octubre, supone un avance en el reconocimiento de la autonomía personal, el consentimiento libre e informado y el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Así lo considera la Asociación Española de Neuropsiquiatría (a la que pertenezco), que destaca su contribución a la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin ocultar las dificultades que puede plantear su aplicación en el ámbito de la salud mental. El cambio es especialmente relevante en un ámbito donde determinadas prácticas asistenciales han situado históricamente la protección (y, en ocasiones, la comodidad organizativa) por encima de la autonomía de las personas atendidas. Las situaciones clínicas graves existen. Hay crisis que exigen respuestas urgentes, sufrimientos extremos y circunstancias en las que resulta difícil conciliar la protección de una persona con el respeto a su voluntad. Quienes trabajan en estos servicios conocen la complejidad de determinadas decisiones y las responsabilidades que conllevan. Pero reconocer esas dificultades no obliga a aceptar un falso dilema: o garantizamos la atención o respetamos los derechos. Nuestra asociación rechaza expresamente esa disyuntiva. Las situaciones más complejas no anulan los derechos de quienes las atraviesan. Exigen respuestas asistenciales más flexibles, eficaces y respetuosas. Defender la autonomía no significa desentenderse del sufrimiento, del mismo modo que atender una crisis no concede carta blanca para imponer cualquier intervención. Esta distinción resulta fundamental cuando hablamos de internamientos involuntarios. Privar a alguien de libertad no es una intervención clínica ordinaria, ni una medida se convierte automáticamente en beneficiosa porque se presente como terapéutica. La intención de ayudar no elimina la obligación de justificar las decisiones, evaluar sus consecuencias y someterlas a garantías efectivas. Las medidas involuntarias deben estar sujetas a una justificación individualizada, a criterios de necesidad y proporcionalidad, a revisiones periódicas y a supervisión independiente. La autorización de un ingreso tampoco puede interpretarse como un permiso general para imponer tratamientos o restricciones adicionales. Especial atención merecen los internamientos prolongados. Que una persona siga necesitando asistencia no significa que deba continuar privada de libertad de manera indefinida. Aquí aparece una cuestión que el debate sobre la salud mental no debería eludir: una atención pública insuficiente no debe convertir la privación de libertad en sustituto de los recursos que faltan. Cuando no existen dispositivos comunitarios suficientes, atención domiciliaria accesible, equipos capaces de intervenir en las crisis o alternativas residenciales adecuadas, las posibilidades de respuesta se reducen. La hospitalización puede terminar asumiendo funciones que corresponderían a una red asistencial más amplia. Y una estancia inicialmente justificada por una crisis puede prolongarse porque no hay otro lugar al que acudir o porque no se dispone de los apoyos necesarios para continuar la atención fuera del hospital. El problema deja entonces de ser exclusivamente clínico. También es organizativo, social y político. La insuficiencia de recursos condiciona las decisiones asistenciales y puede contribuir a que una persona permanezca privada de libertad más tiempo del estrictamente necesario. Esto no significa que todos los internamientos prolongados sean injustificados ni que los profesionales podamos resolver las carencias del sistema. Significa que las administraciones no pueden trasladar a las personas atendidas las consecuencias de sus propias insuficiencias, ni convertir la falta de alternativas en una razón automática para mantener medidas coercitivas. Nuestra asociación advierte precisamente de esta doble amenaza: las vulneraciones de derechos derivadas de las prácticas coercitivas y el riesgo de desatención cuando no existen respuestas asistenciales adecuadas. Ambas realidades deben abordarse simultáneamente. La solución pasa por fortalecer los equipos comunitarios, la atención domiciliaria, los dispositivos de crisis, los apoyos entre iguales y los recursos sociales y residenciales. No se trata de sustituir indiscriminadamente el hospital por otras modalidades de atención, sino de disponer de alternativas suficientes para que cada persona reciba la asistencia que necesita en el entorno menos restrictivo que resulte adecuado. Reconocer derechos sin financiar las condiciones materiales que permiten ejercerlos es insuficiente. Pero disponer de pocos recursos tampoco puede convertirse en una excusa para reducir esos derechos. La reforma plantea, además, cuestiones que necesitan una clarificación jurídica y asistencial. Nuestra asociación señala las dudas que suscita la coexistencia del nuevo artículo 13 bis con la regulación vigente del internamiento involuntario, particularmente en torno al concepto de urgencia vital y a la atención de situaciones graves que no implican necesariamente un riesgo vital inmediato. La respuesta no debería consistir ni en restringir injustificadamente los derechos ni en dejar sin atención a quienes atraviesan una crisis grave. Es necesario establecer criterios claros sobre las circunstancias, las condiciones y las garantías de las intervenciones no consentidas, especialmente en los servicios de urgencias, donde las decisiones deben adoptarse con frecuencia en condiciones de incertidumbre y sin disponer de alternativas suficientes. La prevista reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece otra oportunidad para avanzar. No debería limitarse a revisar los procedimientos judiciales que autorizan la privación de libertad, sino contribuir a un modelo basado en el consentimiento, los apoyos para la toma de decisiones, las garantías efectivas y las alternativas comunitarias. Ese proceso debe contar con la participación de las personas que han experimentado estas situaciones, de sus organizaciones y de los profesionales implicados. No se puede construir una atención centrada en las personas sin escuchar a quienes reciben sus cuidados. La salud mental no puede abordarse desde una lógica que confunda sufrimiento con incapacidad, diagnóstico con pérdida de autonomía o protección con obediencia. Tampoco sería responsable ignorar la complejidad de determinadas crisis ni las necesidades de quienes requieren una atención intensiva. El reto consiste precisamente en sostener ambas realidades sin sacrificar ninguna: atender el sufrimiento y proteger los derechos; ofrecer cuidados y preservar la dignidad; responder a las crisis sin convertir las medidas excepcionales en prácticas ordinarias. Para ello hacen falta leyes claras, garantías efectivas, profesionales respaldados y servicios públicos dotados de recursos suficientes. También hace falta que las administraciones asuman su responsabilidad en la organización y financiación de una red asistencial capaz de ofrecer alternativas reales. Porque una sociedad no protege adecuadamente a las personas con problemas de salud mental si solo les reconoce derechos cuando ejercerlos no exige recursos. Y tampoco puede considerar un éxito asistencial que alguien permanezca ingresado porque el sistema no ha sido capaz de proporcionarle una alternativa. La calidad de la atención debe medirse no solo por nuestra capacidad para intervenir ante el sufrimiento, sino también por la posibilidad de que las personas recuperen su autonomía, mantengan sus vínculos y desarrollen una vida digna en la comunidad. Defender los derechos de las personas atendidas no significa renunciar a cuidarlas. Significa asumir la responsabilidad de encontrar formas de cuidado que no exijan sacrificar esos derechos. Y esa responsabilidad no recae únicamente en los profesionales que atendemos a quienes sufren. También recae en las instituciones que legislan, planifican y asignan los recursos de los que depende que esos cuidados sean posibles. La falta de recursos asistenciales no puede convertirse en una condena añadida para quien ya está sufriendo. Cuidar exige atender; respetar exige no privar de derechos; y garantizar ambas cosas es una obligación pública, no una opción. #SaludMental #ErrazkinSM #DerechosHumanos #Discapacidad #Psiquiatría #Neuropsiquiatría #AutonomíaPersonal #ConsentimientoInformado #InternamientoInvoluntario #NiCulpaNiSilencio #MatchSaludMental #StopEstigma #EnMiMente #LeySaludMental Nota del autor: La imagen ha sido generada con IA.