La teoría era sencilla: aumentar el salario mínimo para que los trabajadores tuvieran más dinero en el bolsillo, consumieran más y, de esa manera, dinamizaran la economía. Pero había algo que no tuvieron en cuenta: ese dinero adicional no aparece por arte de magia. Alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien es el empresario, que enfrenta mayores costos laborales y tiene que tomar decisiones: subir los precios, reducir sus márgenes de ganancia, contratar menos trabajadores o, en algunos casos, despedir empleados. ¿Y qué sucede cuando los precios aumentan? Que parte del incremento salarial termina siendo absorbido por la inflación. El trabajador gana más nominalmente, pero no necesariamente puede comprar más. ¿Y qué sucede cuando las empresas reducen sus contrataciones? Que menos personas reciben ingresos laborales y, por tanto, se limita su capacidad de consumo. La gran paradoja es que una medida diseñada para estimular el consumo puede terminar debilitándolo si sus efectos sobre los precios y el empleo superan el beneficio del aumento salarial. La economía no funciona por decreto. No basta con ordenar que los empresarios paguen más para que automáticamente exista mayor riqueza. Porque los empresarios también tienen límites. Y cuando el costo de contratar supera lo que una empresa puede sostener, la contratación deja de ser viable. Los salarios pueden aumentar por decreto, pero la productividad, la riqueza y los empleos no se crean por decreto.