Una persona con una solicitud de asilo político pendiente en Estados Unidos no debe ser presentada públicamente como “ilegal”. Esa persona acudió ante las autoridades, se identificó, entregó sus datos personales, explicó las razones por las que teme regresar a su país y quedó sometida a verificaciones de seguridad, citas, audiencias y decisiones del sistema migratorio estadounidense. Es importante hacer una precisión jurídica: solicitar asilo no concede automáticamente residencia ni un estatus migratorio permanente. Sin embargo, una solicitud legítima pendiente constituye un procedimiento legal reconocido por las leyes de Estados Unidos. Además, por regla general, ese tiempo no se contabiliza como “presencia ilegal” mientras la petición de asilo permanezca pendiente, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El solicitante no está escondido ni evadiendo al Gobierno. Está registrado y esperando una decisión que, debido a los retrasos del sistema, puede tardar años. En determinados casos también puede solicitar autorización de empleo mientras espera. Confundir una solicitud de asilo pendiente con un acto criminal es falso e injusto. La irregularidad migratoria, cuando existe, es un asunto civil; no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Estados Unidos tiene derecho a examinar cada caso, aprobarlo o rechazarlo conforme a la ley. Lo que no debe hacer ningún funcionario es criminalizar colectivamente a quienes recurrieron al propio sistema estadounidense para pedir protección. Solicitar asilo es ejercer un derecho. Esperar una decisión no es un delito.