Ramón Labrador

El próximo miércoles día 22 de julio a las 19:30h en la biblioteca municipal de Sils, donde resido felizmente, presentaré, con la inestimable ayuda de la gran @punsix, a "Marquitos, un monstruo entre nosotros". Una novela negra para quien disfruta desconfiando de los personajes. Una novela negra donde la normalidad puede ser una máscara y cada gesto merece una segunda mirada. Impreso amzn.eu/d/02qyKezS Kindle amzn.eu/d/02kDHPYJ

Algunos libros se regalan para decir: “Mira el tráiler, lee el libro y cuando lo acabes me avisas, que estoy deseando comentarlo contigo." Marquitos, un monstruo entre nosotros puede ser uno de ellos. Impreso amzn.eu/d/02qyKezS Kindle amzn.eu/d/02kDHPYJ

Cuando una comunidad autónoma dice que no puede Conviene empezar por una obviedad que algunas administraciones parecen olvidar cada vez que una persona dependiente llama a la puerta: La ley no es una muralla inexpugnable. La ley se interpreta. Siempre se ha interpretado. Sobre todo cuando existe voluntad política para hacerlo. Y ahí está la cuestión, Sr presidente @salvadorilla y Sra consellera @monicambravo, no en el “no se puede”, sino en el “no queremos o no nos compensa”. Ustedes saben bien, y perdonen mi insistencia o incluso si me repito, pero es que seguimos igual, que a pesar de la normativa estatal, las comunidades autónomas tienen un margen de actuación considerable. Pueden modular el copago, pueden reducirlo o pueden dejarlo en la práctica a casi a cero, como bien han hecho. También pueden decidir no deducir el complemento de gran invalidez o permitir determinadas fórmulas de contratación cuando con ello se protege mejor a la persona dependiente. No hablamos de magia. Hablamos de política. El artículo 31 de la Ley de Dependencia, desde el momento en que habla de prestaciones de “análoga naturaleza y finalidad”, abre inevitablemente un espacio de interpretación. No es un interruptor automático. No dice: apriete aquí, descuente allá y, sobre todo, procure no pensar demasiado. La propia doctrina del Tribunal Supremo ha recordado que estos preceptos no pueden aplicarse con el piloto automático activado, sino valorando cada caso concreto. Y el Tribunal Constitucional ha incorporado el principio pro homine: "entre varias interpretaciones posibles, debe escogerse la más favorable al ejercicio del derecho o a la protección de la persona beneficiaria." Pero claro, interpretar a favor del débil tiene un problema evidente: cuesta dinero. Y ahí empiezan los sudores fríos, las reuniones técnicas, los informes jurídicos, las excusas competenciales y esa maravillosa coreografía institucional en la que todos lamentan mucho la situación mientras nadie mueve un dedo con verdadera determinación. Porque precedentes hay. Y muy claros. En 2012, el Gobierno del Partido Popular modificó la legislación sanitaria y dejó sin atención primaria y especializada a muchas personas, especialmente a extranjeros en situación irregular. La competencia estatal estaba clara. La norma era formalmente legítima. Incluso acabó recibiendo respaldo constitucional en aspectos esenciales. Y, sin embargo, ocurrió algo fascinante. Las comunidades autónomas no gobernadas por el PP dictaron instrucciones, órdenes, decretos ley y todo tipo de artefactos jurídico-administrativos para esquivar aquella norma. Y lo consiguieron. Vaya si lo consiguieron. Algunas normas autonómicas acabaron anuladas por el Tribunal Constitucional. Pero el drama duraba poco. Al día siguiente aparecía una nueva instrucción, una nueva vía, una nueva circular o algún subterfugio cuidadosamente envuelto en papel oficial para seguir prestando asistencia sanitaria. El País Vasco de Patxi López fue uno de los ejemplos más claros de insumisión en sus orígenes. Pero no fue el único. Aquello fue una auténtica exhibición de creatividad jurídica, resistencia política y elasticidad normativa. Una especie de festival autonómico del “cuando quiero, puedo”. Y así estuvieron seis años. Seis añazos. Más de dos mil días riéndose de la ley estatal, del Gobierno central y de la supuesta imposibilidad jurídica. Seis años manteniendo una atención sanitaria que costaba millones de euros. Y conviene decirlo claramente: no digo que estuviese mal. Al contrario. Fue una decisión política y humanamente defendible. Tanto o más lo sería la nuestra. Por eso, lo llamativo no es que entonces se hiciera. Lo que clama al cielo es que ahora, ante la dependencia extrema, la gran discapacidad, los cuidados en el entorno familiar y un colectivo bastante más vulnerable que aquél, de pronto se ponga en valor la sumisión y todo sean muros, candados, límites competenciales y señores con manguitos diciendo que “jurídicamente no es posible”. Qué casualidad más bien traída. Cuando se quiso garantizar asistencia sanitaria a miles de personas, se encontraron caminos. Cuando se quiso resistir al Gobierno central, se encontraron fórmulas. Cuando se quiso hacer política con mayúsculas, la ley dejó de ser una pared alta y empinada y se convirtió en una cómoda escalera con pasamanos y amplios descansos entre tramo y tramo. Pero cuando se trata de personas con #ELA, dependientes extremos que necesitan ayuda hasta para respirar o familias exhaustas, entonces la ley recupera milagrosamente su dureza mineral y se muestra insalvable. Entonces todo es imposible. Entonces el artículo 31 es palabra revelada. Entonces el complemento de gran invalidez se descuenta porque, por lo visto, la lógica administrativa también necesita alimentarse. Entonces la contratación de una persona para cuidados en el entorno familiar ya no es posible. Quieren lo mejor para nosotros, dicen, pero nadie se ha preocupado por saber qué es lo que queremos. Nadie acabó en presidio por aquellas insumisiones sanitarias. Nadie fue inhabilitado. Nadie acabó esposado por dictar una instrucción autonómica más favorable a las personas vulnerables. Absolutamente nadie. Así que quizá conviene abandonar de una vez la sonrisa impostada seguida de la ficción del “no podemos", mientras se apunta con el dedo acusador a la capital del Reino al mismo tiempo que se lavan las manos. No, olvidemos esa fachada amable y caigamos en la cuenta de que cuando una comunidad autónoma dice que no puede, lo más probable sea que lo que realmente nos esté diciendo sea algo bastante menos noble: “No nos compensa.” “Sois pocos.” “Tenéis poco futuro.” “No sois un granero electoral interesante.” “Servís para discursos, para fotos, para notas de prensa y para desgastar al rival político. Sin embargo, no me pidáis que vaya a la guerra por vosotros. Hay batallas que no vale la pena luchar. La vuestra es una de ellas.” Y ésa, señor presidente y señora consellera, es la verdad incómoda. La que no se quiere que trascienda: La ley se estira cuando interesa; se interpreta e incluso se retuerce cuando conviene; se esquiva cuando hay voluntad; y se desafía cuando sobre el tapete hay en juego votos, relato o rentabilidad política. Sin embargo, cuando quienes llaman a la puerta son personas enfermas, dependientes y cansadas, entonces la Administración descubre de repente una conmovedora pasión por la literalidad jurídica. Qué hermosa vocación legalista. Qué oportuna. Qué selectiva.