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La crisis constitucional de Polonia se está presentando como un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero hay un elemento fundamental que muchos están omitiendo deliberadamente: dos jueces, nombrados por el anterior mandatario, llevan más de diez años con su mandato caducado y se niegan a abandonar sus cargos. Conviene recordar algo básico: la independencia judicial es imprescindible en cualquier democracia, pero no significa que los jueces puedan perpetuarse en sus puestos al margen de la ley. La independencia no equivale a impunidad ni convierte un mandato temporal en un cargo vitalicio. Si el mandato de estos dos jueces ha expirado y existe una obligación legal de abandonar sus puestos, ¿en qué momento exigir el cumplimiento de la ley se convierte en un ataque a la democracia? Porque, en términos prácticos, estamos ante dos jueces okupas: personas que se aferran a una institución pública cuando su título legítimo para ejercer el cargo ha caducado. Y aquí es donde surge la verdadera contradicción de quienes denuncian constantemente cualquier vulneración del Estado de derecho, pero parecen dispuestos a justificar que determinados cargos públicos ignoren los límites legales de su mandato. El Estado de derecho no consiste únicamente en proteger a las instituciones frente al poder político. También consiste en exigir que quienes forman parte de ellas respeten las normas que regulan su funcionamiento. Ningún poder está por encima de la ley. Tampoco el judicial. La democracia no puede convertirse en un sistema en el que basta con ocupar una institución para apropiarse de ella indefinidamente. Porque una cosa es defender la independencia judicial y otra muy distinta defender la okupación institucional.