Ius Publicum Innovatio Strategic Public Law

Europa La evolución del proyecto europeo, hoy a la deriva, es una de las causas del crecimiento exponencial del populismo en toda Europa. En efecto, la renuncia a las señas de identidad del viejo continente está provocando una crisis sin precedentes en el mismo corazón de la construcción europea. La ausencia de un planteamiento claramente humanista que apueste por la justicia y la solidaridad ha convertido a Europa en el espacio de los mercaderes donde el dinero es el principal ídolo ante el que inclinar la cabeza. El denominado déficit democrático de la Unión Europea, tan real como inquietante, ha permitido que los argumentos demagógicos y populistas accedan al mismo Parlamento europeo. Una institución, por cierto, necesitada de reformas y transformaciones para que efectivamente sea lo que deben ser: la voz de la soberanía popular europea. Todos conocemos el grado real de conocimiento que existe entre la ciudadanía del proyecto europeo y todos, más o menos, somos conscientes del dominio tecnoestructural y burocrático que caracteriza la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea. Las encuestas que periódicamente se realizan al interior de los países miembros acerca de la opinión ciudadana en relación con el funcionamiento y la efectividad de las políticas públicas de la Unión Europea, dejan en muy mal lugar a la misma Unión y a sus dirigentes sin que, hasta el momento, percibamos una reacción adecuada a la gravedad de las razones que se están cargando un proyecto que, siendo cultural y político en su finalidad, se está quedando prendido en las ramas del tecnosistema. Por una parte, se suele culpar a la Unión Europea, tanto desde la izquierda como desde la derecha, de hurtar a los electorados nacionales decisiones capitales en materia de economía e inmigración. Europea precisa activar sistemas de participación ciudadana que, más allá del Parlamento Europeo, permitan que la voz real de los ciudadanos acceda al corazón de las políticas públicas más relevantes para la calidad de vida de los ciudadanos. Obviamente, el populismo no desaprovecha esta oportunidad que le sirve en bandeja la tecnoestructura dominante y con habilidad y perspicacia se han hecho con una bandera democrática tan importante como la de la participación. Por otro lado, los populismos juegan ordinariamente a un nacionalismo que reclama, a veces virulentamente, la vuelta a la soberanía nacional, a decidir por separado. En una palabra, a no compartir el proyecto europeo con los demás socios, con el resto de los vecinos de este proyecto común. En este ambiente abreva, y de qué manera, una modalidad de populismo antieuropeista que reclama la destrucción de la UE para regresar a la situación anterior. En este contexto, el populismo solicita que terminen las políticas de austeridad promovidas por Bruxellas que según ellos tanto daño hace a la estabilidad de la clase media, hundiendo en la miseria a los que menos tienen y a los que menos ganan según pregonan con ocasión y sin ella. También encontramos reclamos populistas exigiendo que se deje de ayudar a los países que se encuentran en peores condiciones económicas o que han sido presa de la crisis económica. En otros términos, ¿Por qué han de pagar constantemente los alemanes y los austríacos las deudas de los países del Sur de Europa?. En fin, aunque solo sea por el desafío populista que prepara la vuelta al totalitarismo, de uno u otro color, es menester que Europa recupere sus raíces. Que en Europa vuelva a brillar la luz de la justicia, del derecho, del pensamiento y de la solidaridad. Si seguimos alimentando la demagogia y proporcionando argumentos a la demagogia, luego no nos quejemos cuando estemos bajo la sombra de estos esquemas. Qué pena que sabiendo lo que nos espera no seamos capaces de cambiar el rumbo y recuperar la sensatez y la razón Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana

El doctorado internacional en derecho administrativo iberoamericano que tengo el honor de dirigir abre la matrícula en febrero y septiembre. Información: [email protected] udc.gal/es/dereito/estudos/d…

Montesquieu y la separación de los poderes La separación de los poderes es, probablemente, uno de los rasgos más sobresalientes del Estado de Derecho. Se encuentra, como sabemos, inseparablemente unido al Estado de Derecho y a la búsqueda de la legitimación del Derecho. En este marco aparece perfilada la separación de los poderes aunque ciertamente los romanos ya hablaron de un sistema de gobierno mixto y ya en el Agreement of the People de 1649 y en el Isntrument of Government de 1653 aparece, en una constitución escrita, la separación entre Rey y Parlamento. Como es bien sabido, Locke, en el siglo XVII, en su Segundo tratado sobre el Gobierno civil distinguió el poder legislativo como creador de las leyes, del poder ejecutivo como encargado de ejecutarlas. Sin embargo, la formulación del principio se debe a Montesquieu quien, en el Espíritu de las Leyes, inspirado, eso sí, en las ideas de Locke, afirmó que en cada Estado hay tres clases de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativo al Derecho de Gentes y el poder ejecutivo de las cosas que depende del Derecho Civil. “En virtud del primero el Príncipe o el Jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones. Por el tercero castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial y al otro poder ejecutivo del Estado” tal y como señara Montesquieu. Esta teoría, como es bien sabido, propone la moderación como ideal para el ejercicio del poder, que en modo alguno debe concentrarse en las mismas manos. Hoy, por el contrario, asistimos al espectáculo ignominioso de un poder ejecutivo que tiende a la tiranía a base de dominar al poder legislativo y al poder judicial. Efectivamente, ya Montesquieu se percató de lo nocivo que sería la reunión en la misma persona o cuerpo del poder legislativo y el ejecutivo. Entonces no habrá libertad y faltará confianza, pues cabe esperar en estos casos que el Rey o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos. Igualmente, el Señor de la Brède y Barón de Montesquieu denunció la falta de libertad que se produciría si el poder judicial no está netamente deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del legislativo, podrá disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de lo ciudadanos llegando a convertirse en legislador. Y si no está diferenciado del poder ejecutivo, el juez podrá tener la fuerza de un opresor. Por eso, en opinión del fundador de esta teoría, todo estará perdido si lá misma persona o cuerpo de principales o nobles o del pueblo ejerciesen esos tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares. Montesquieu, como Tomas de Aquino, concibió la ley desde la razón, para él era la expresión de la razón y garantizaba la libertad y la seguridad jurídica. Por eso en su pensamiento la Ley era un instrumento de orden y también de limitación del poder. Pues bien, esa querencia por la razón que caracteriza esencialmente a Montesquieu le condujo a pensar que el poder estatal debe estar dividido para evitar la concentración en unas solas manos. La razón le llevó igualmente a comprender que esa división del poder es necesaria para evitar el abuso, lo que es posible desde la existencia de frenos y contrapesos que tanto ayudaron a garantizar ámbitos y esferas de libertad y de derechos para las personas y que quedó reflejada en la Constitución norteamericana de 1787. Hoy, esos contrapesos, esos límites, son garantías de nuestras libertades y, lamentablemente, con nuestra pasividad estamos alimentando tiranías y gobiernos autoritarios en sistemas formalmente democráticos. Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana