Inyerber Gutiérrez 🇻🇪🇻🇪🇻🇪

EL COSTO HUMANO DE LA VIOLENCIA AL SUR DE CEDEÑO: CUANDO EL BOSQUE PIERDE A SU GENTE. La violencia armada que afecta el sur del municipio Cedeño, estado Bolívar, está provocando una tragedia que va mucho más allá de los enfrentamientos y el control territorial: el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, la destrucción de sus medios tradicionales de subsistencia y el desarraigo de generaciones enteras. La denuncia del investigador y defensor Fritz Sánchez pone el foco sobre una realidad poco visibilizada: la destrucción de la economía ancestral del bosque. En las serranías de Chivapure y Suapure, comunidades como Punta Brava, Las Bateas, Túriba, Villacoa, Morichalito, El Palomo y Aguamena dependen de actividades tradicionales como la recolección de manaca y sarrapia, cuyos ciclos de cosecha representan sustento, identidad y patrimonio cultural. Según las estimaciones recogidas en la denuncia, más de 120 familias dependen directamente de esta economía. La violencia y el desplazamiento habrían ocasionado pérdidas potenciales de unas **70 toneladas de productos forestales**, distribuidas en 45 toneladas de manaca y 25 de sarrapia, con un impacto económico estimado en **345.000 dólares**. Pero el daño no termina en las pérdidas materiales. Cuando las familias abandonan sus territorios, pierden sus redes comunitarias, sus fuentes de alimentación, sus tradiciones y su autonomía económica. Además, quedan expuestas al riesgo de ser captadas por economías extractivas ilegales, alimentando un círculo de violencia y destrucción ambiental. No podemos medir esta tragedia únicamente en enfrentamientos armados o territorios bajo control de grupos irregulares. También debemos contar las familias desplazadas, las cosechas perdidas y las culturas ancestrales amenazadas. Defender el territorio es defender a su gente, su cultura y sus formas tradicionales de vida. La soberanía no se proclama solamente desde los discursos: se ejerce protegiendo a quienes habitan, trabajan y preservan nuestros territorios. ¡Visibilizar esta realidad es una obligación moral, social y política! Basado en la denuncia de Fritz Sánchez. MADM

LA JUSTICIA NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO Los gobiernos, jefes y presidentes pasan; los hechos permanecen. Cuando hablamos de crímenes internacionales, la historia demuestra que el poder político no es eterno ni ofrece protección para siempre. La lección de Núremberg es clara: la responsabilidad penal es individual, el cargo o el uniforme no otorgan patente de impunidad y la excusa de «obedecer órdenes» no borra los delitos. Por eso, Venezuela no necesita venganza ni listas negras, sino una memoria documentada y rigurosa basada en hechos, pruebas, cadenas de mando y debido proceso. Documentar no es perseguir; es preservar la posibilidad de hacer justicia. La transición democrática no puede construirse sobre la lógica de «ahora nos toca a nosotros», sino sobre la regla de que ahora le toca a la justicia: verdad, reparación y garantías de no repetición. A quienes hoy abusan de su posición, una advertencia democrática: ningún poder dura para siempre, las alianzas cambian y la evidencia permanece. Ante un tribunal, la pregunta nunca será quién gobernaba, sino qué hiciste tú. El ciclo de la impunidad debe terminar para abrir paso, finalmente, al ciclo de la justicia. La justicia no tiene fecha de vencimiento. 🇻🇪⚖️ MADM

ALERTA CONSTITUCIONAL: NINGUNA «LEY DEL SALARIO» PUEDE CONVERTIRSE EN UNA LICENCIA PARA DESMANTELAR LOS DERECHOS LABORALES ¡Mosca con los discursos que ofrecen una supuesta Ley del Salario como fórmula redentora para resolver la crisis de los trabajadores venezolanos! Antes de comprar esa narrativa, conviene recordar que en Venezuela el trabajo está jurídicamente protegido y no depende de la voluntad de un gobierno, de un patrono o de un contrato individual. Tiene garantías expresas en la CRBV. El artículo 89 establece 3 límites fundamentales: intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Su numeral segundo es categórico: es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos. Por tanto, ningún contrato individual, paquete salarial o mecanismo de remuneración puede utilizarse legítimamente para disfrazar la eliminación de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, beneficios contractuales o derechos derivados de la relación de trabajo. El artículo 92 reconoce expresamente las prestaciones sociales como un derecho constitucional y como créditos laborales de exigibilidad inmediata. No son dádivas patronales, bonificaciones voluntarias ni concesiones que puedan sustituirse unilateralmente por una cantidad de dinero presentada como salario integral. La LOTTT desarrolla esta garantía en sus artículos 141 y 142, estableciendo el régimen de prestaciones sociales, su cálculo y protección. Hay, además, otras garantías que no pueden ignorarse: Artículo 95: protege la libertad sindical y la organización de los trabajadores. Artículo 96: garantiza la negociación colectiva y la posibilidad de celebrar convenciones colectivas. Artículo 89: impone la interpretación más favorable al trabajador cuando exista concurrencia o duda normativa. A esto se suma el artículo 24 constitucional, que consagra el principio general de irretroactividad de las leyes, salvo las excepciones constitucionalmente previstas. Una reforma no puede borrar prestaciones causadas, desconocer créditos laborales exigibles ni extinguir situaciones jurídicas consolidadas. Y hay algo todavía más importante: la irrenunciabilidad no se elude haciendo que el trabajador firme un contrato. La autonomía de la voluntad individual tiene límites constitucionales cuando está en juego la protección del trabajo como hecho social. La realidad de la relación laboral prevalece sobre las formas y apariencias. ¿Significa esto que Venezuela no puede discutir una nueva política salarial o legislar para mejorar las remuneraciones? Por supuesto que no. Puede y debe hacerlo. Pero una política salarial constitucionalmente legítima tiene que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no convertirlos en individuos aislados frente al poder económico del patrono. El problema estructural del salario venezolano no se resuelve desmontando la LOTTT. Hay que revisar la composición de los precios, la inflación, la devaluación monetaria, la productividad, la distribución de la riqueza, la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales y la corrupción que también ha contaminado determinadas estructuras sindicales y patronales. Una reforma que sustituya derechos colectivos por contratos individuales, elimine prestaciones o reduzca garantías históricas no sería modernización laboral: plantearía un grave problema de constitucionalidad. La pregunta que deben responder quienes promueven esa propuesta es muy sencilla: ¿Pretenden crear una ley para elevar el salario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, o pretenden utilizar el salario como instrumento para desmantelar el sistema de garantías laborales? Porque los derechos laborales no son una variable de ajuste para satisfacer las exigencias del capital. La Constitución no es una sugerencia. ¡Cuidado con las reformas que prometen mejorar el salario comenzando por eliminar los derechos de quien trabaja! MADM

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE DEFENDER LA PATRIA? ¿Defender una bandera, cantar un himno o invocar a nuestros libertadores? ¿O garantizar que podamos decidir sobre nuestras riquezas y nuestro futuro? La soberanía no es una consigna: es una condición material, política y jurídica. Desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y el concepto de *conatus* de Baruch Spinoza, podemos comprender cinco dimensiones fundamentales: 1. La patria: no es solamente un sentimiento ni un conjunto de símbolos. Es una realidad histórica y material, un territorio donde una sociedad produce, trabaja y reproduce las condiciones de su existencia. 2. Los recursos: el petróleo, el gas, los minerales, el agua, la tierra y el conocimiento son posibilidades de poder. Pero poseer riquezas no significa tener capacidad efectiva para decidir sobre ellas. 3. La subsistencia: una nación necesita producir alimentos, energía, tecnología y conocimientos. Sin capacidades propias, aumenta su dependencia y disminuye su autonomía. 4. El dominio: no basta con la titularidad jurídica de los recursos. También importa quién controla su explotación, establece sus condiciones y decide sobre sus beneficios. En Venezuela, los artículos 12, 302 y 303 constitucionales son pilares de esa discusión. 5. El conatus: Spinoza lo define como el esfuerzo de cada ser por perseverar en su existencia. Aplicado al análisis social, representa la necesidad de preservar y desarrollar nuestra potencia colectiva. No basta con querer existir: debemos construir las capacidades para decidir y transformar nuestra realidad. Los cinco conceptos se conectan: la patria es nuestra realidad histórica; los recursos, nuestras posibilidades; la subsistencia, la continuidad; el dominio, las relaciones de poder; y el conatus, el esfuerzo por perseverar y desarrollar nuestra potencia de existir. Por eso, defender la patria no significa aislarnos del mundo ni rechazar la inversión extranjera. Significa relacionarnos con él sin entregar nuestra capacidad de decisión. La soberanía se demuestra examinando los contratos, protegiendo el patrimonio público, fortaleciendo las instituciones, desarrollando la producción y garantizando que la riqueza se traduzca en bienestar colectivo. ¡La patria no se defiende solamente con símbolos y discursos! Se defiende preservando las condiciones materiales de nuestra existencia y construyendo la capacidad colectiva de decidir nuestro propio destino. MADM

ATENCIÓN Noticia publicada en The Daily Journal (...) La administración del presidente Donald Trump negocia con el Gobierno venezolano un acuerdo que podría permitir una presencia militar estadounidense a largo plazo en Venezuela, según reveló The New York Times este 3 de noviembre, citando a funcionarios de Estados Unidos familiarizados con las conversaciones (...) Lea articulo completo en tdj.news/f/eeuu-eval%C3%BAa-… Y a ésa pretensión inconstitucional respondemos y advertimos nosotros desde acá: Aceptar la presencia militar de cualquier potencia en territorio venezolano bajo la excusa de "custodiar" el petróleo no constituye un pacto técnico de seguridad; es una subordinación colonial que anula la soberanía popular y quebranta la Constitución de 1999. La Fuerza Armada y los venezolanos todos tenemos la obligación moral, histórica y legal de ser el primer escudo de la patria; prestarnos a la tutela extranjera significaría traicionar el juramento de defender la bandera y la integridad del suelo nacional. MADM