JESÚS MOLINA

Dice Valeria Racu que se construye mucho en España. Veamos lo que dicen los datos: Según el Banco de España, en nuestro país se forman cerca de 240.000 nuevos hogares al año, y si bien se inicia la construcción de unas 120.000 viviendas al año (la mitad de lo necesitado), sólo se terminan entre 80.000 y 92.000 anuales. Por ello, el Banco de España ha cifrado esta carestía de viviendas totales en un millón de viviendas, 250.000 más de lo estimado anteriormente. El problema de escasez se agudiza si cabe en las grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona y la costa mediterránea, donde se concentra la mayor parte del crecimiento demográfico y la llegada de nuevos residentes. Además, la presión aumenta precisamente en los barrios más humildes, debido entre otros factores a la intensa inmigración: según datos del INE, cerca del 50% de los migrantes no comunitarios que llegaron entre 2016 y 2024 se asentaron en los distritos más humildes de las grandes ciudades. Por el contrario, los inmigrantes procedentes de Europa se repartieron de forma equilibrada entre zonas de renta alta y baja. Por mucho que el podemismo lo niegue, la combinación de escasez e inmigración representa la principal causa del encarecimiento de la vivienda. En España residen ya más de 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero, con saldos migratorios netos que superan las 600.000 personas anuales desde 2022. Un estudio de los economistas Daniel Fernández y Santiago Calvo ha estimado que el aumento de la población inmigrante explica el 41% del encarecimiento real de los alquileres registrado en España entre 2018 y 2025, hasta el 60% en la subida del mercado de compraventa. Dado que en los barrios obreros casi no se construye obra nueva y la vivienda social apenas representa el 2,5% del parque total —lejos de la media de la Unión Europea situada en el 9,3%—, el aumento de la demanda absorbe rápidamente la oferta disponible, lo que favorece fenómenos como el alquiler por habitaciones y eleva el porcentaje de ingresos que las familias humildes destinan a pagar techo. Paradójicamente, las medidas de control de precios que se proponen y que ya se han puesto en practica en Cataluña no sólo no sirven para mejorar el problema de escasez sino que lo agravan. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que entre el inicio de 2024 y el cierre de 2025 los anuncios de alquiler cayeron un 20,5% en toda Cataluña y un 22,2% en la provincia de Barcelona. Si bien el control de precios sirve para que el gobierno de turno se dé golpes en el pecho, la realidad es que la competencia por la vivienda disponible se ha recrudecido en Cataluña, lo que a largo plazo beneficiará a los fondos que acaban adquiriendo esa vivienda retirada del mercado por los particulares. Estos datos no dejan precisamente en buen lugar al autoproclamado gobierno más progresista de la historia, más preocupado por "estresar a Rusia" (RAND dixit) que por generar bienestar a sus ciudadanos. Obviamente, en la partitocracia canovista que padecemos, la responsabilidad es compartida entre los partidos del régimen. Tampoco es achacable a la mera negligencia o a la inacción. La escasez es inducida precisamente para mejorar la rentabilidad inmobiliaria, lo que beneficia claramente a los fondos, más capaces de mantener amplias carteras en el tiempo. Así las cosas, resulta evidente que las recetas de Racu no están destinadas a paliar o mejorar la situación dramática que vivimos. Lejos de poner soluciones realistas y constructivas (nunca mejor dicho) sobre la mesa, la testimonial nueva estrella del activismo propone enquistar el problema y empeorarlo. No por casualidad, en su prelación de responsabilidades coloca en primer lugar a los "rentistas", ese cajón de sastre en el que fondos y particulares comparten la culpa (según Racu) de la situación. Lamentablemente, a nuestra pizpireta activista la vamos a tener que sufrir en lo sucesivo, como émula de Ada Colau.