Jacobo Ojeda

Las cifras del turismo colombiano no responden a la conveniencia de un ministro ni de un gobierno de turno. Se sustentan en registros de Migración Colombia, estadísticas del DANE y cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, entidad autónoma e independiente del Gobierno. Son fuentes oficiales, con metodologías institucionales y trazabilidad pública, cuya credibilidad no puede desestimarse mediante declaraciones políticas. Entre agosto de 2022 y mayo de 2026, durante el Gobierno del presidente @petrogustavo, Colombia superó los 24 millones de visitantes no residentes, un 90 % y un 100 % más que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, respectivamente, bajo las series históricas comparables del sector. Las divisas acumuladas por turismo alcanzaron USD 37.809 millones hasta marzo de 2026, según el balance sectorial, superando en esa comparación los ingresos del carbón y el café. Durante el primer semestre de 2026, las divisas por viajes y transporte de pasajeros ascendieron a USD 5.619 millones, un crecimiento anual del 4,9 %, según cifras del Banco de la República recogidas por ANATO y destacadas por Forbes. Nuestra política turística también amplió la inversión territorial. Llegamos a 699 municipios, incluidos 207 que nunca habían recibido estos recursos, y alcanzamos la totalidad de los 170 municipios PDET. Fortalecimos 2.800 unidades productivas de la economía popular y 244 organizaciones comunitarias, y entregamos 23 obras de infraestructura turística, con una inversión de $306.265 millones. A febrero de 2026, el país contaba con 127.389 registros nacionales de turismo activos, un 54,5 % más que en 2022. Lo que hoy debería concentrar la atención del Gobierno y del Ministerio son los problemas recientes de seguridad en distintas regiones del país, particularmente en Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Putumayo; la baja ocupación hotelera reportada en destinos del Pacífico, el Caribe y el Eje Cafetero; el deterioro de los ingresos reales y las dificultades en materia de promoción y competitividad turística. A ello, se suma la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que recomienda reconsiderar los desplazamientos a Colombia y evitar determinadas regiones. Recuperar la seguridad y gestionar diplomáticamente la revisión de estas advertencias debe ser una prioridad para proteger la confianza de los visitantes y la actividad turística. También llama la atención el anuncio de una sola obra de infraestructura turística por $300.000 millones, sin claridad sobre su financiación ni su correspondencia con los recursos disponibles y la programación sectorial. FONTUR es un patrimonio autónomo que administra recursos fiscales y parafiscales con destinaciones específicas. Sus inversiones deben responder al Plan Sectorial de Turismo, a prioridades y metas verificables, con viabilidad técnica, disponibilidad presupuestal y aprobación de las instancias competentes, incluido su Comité Directivo, con participación gremial. No son recursos de libre disposición ni su ejecución depende de la voluntad del ministro de turno. A ello, por si fuera poco, se suma la reforma tributaria presentada por el Gobierno actual, que propone eliminar la exención del IVA para servicios turísticos prestados a residentes en el exterior, incluidos los servicios hoteleros y paquetes turísticos que cumplen las condiciones legales. Su aprobación podría someter estas operaciones a la tarifa general del 19 %, encareciendo la oferta colombiana frente a otros destinos y afectando la demanda, la competitividad, la formalización y el empleo turístico. La política turística trasciende los gobiernos y exige continuidad institucional. Sus resultados se examinan con evidencia, no con descalificaciones; y la gestión actual debe medirse por su capacidad de preservar los avances, enfrentar las dificultades y producir nuevos resultados.