Julia García Glez

No están protestando simplemente porque “no quieran presentar un examen”. La reforma judicial cambió también las reglas de permanencia de miles de secretarios, actuarios y oficiales que hacen funcionar todos los días los juzgados federales. El nuevo sistema los evaluará por conocimientos, capacitación, productividad y, además, por la opinión de sus superiores y compañeros. El examen de diciembre de 2026 será diagnóstico y no puede despedir a nadie. Pero después vendrán evaluaciones que sí podrán determinar la permanencia y eventualmente la separación del cargo. Ahí está el miedo: que una carrera construida durante años termine dependiendo periódicamente de una calificación que incluye criterios humanos y jerárquicos. Por eso están cerrando sedes, suspendiendo labores y saliendo a las calles. Y esto no es un problema de “burócratas defendiendo privilegios”. Nos afecta a todos. Son esas personas quienes tramitan amparos, preparan proyectos, notifican resoluciones y sostienen materialmente la justicia. Cambiaron a muchos jueces, desaparecieron el Consejo de la Judicatura, crearon nuevas autoridades y ahora también ponen bajo incertidumbre al personal que conserva la memoria técnica de los tribunales. Si la reforma termina debilitando también esa estructura profesional, el ciudadano pagará la factura: más retrasos, más errores y una justicia todavía más frágil.