¿Un México sin Transparencia? El dictamen de reforma cuyo objeto es la desaparición de 39 organismos constitucionales autónomos, entre ellos a los 33 institutos de transparencia del país, tendrá un impacto brutal para la transparencia, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos personales, la privacidad y la rendición de cuentas en el país. Específicamente la desaparición de los institutos de transparencia traería consecuencias inmediatas y tangibles que implicarían un grave retroceso de muchas décadas en materia de derechos a la información y a la protección de datos personales, entre las cuales trataré de sintetizar las más importantes a continuación. En primer lugar, implicaría la desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia o, cuando menos, la desaparición de alrededor del 95% de la información pública a la cual se puede tener acceso a través de dicha plataforma, en la cual están obligadas las más de 7,500 autoridades de todo país (incluyendo estatales y municipales) a difundir información pública de manera permanente y también a atender solicitudes específicas de acceso a información y protección de datos personales que les realice cualquier persona, lo cual la vuelve única en el Mundo. Ello es así dado que la propuesta de transferir las atribuciones del @INAImexico al Poder Ejecutivo Federal implicaría que dicha PNT únicamente servirá para difundir información pública del gobierno federal, y quedarían excluidos de dicha plataforma todas las autoridades estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) y todas las autoridades municipales, con lo cual se excluirán a casi 7,000 autoridades del país. En segundo lugar, la forma en que está planteada la propuesta, imposibilitaría que la referida plataforma siga siendo obligatoria para todo ese enorme universo de autoridades, dado que la razón por la cual su uso es obligatorio actualmente, es justo por la existencia de un Sistema Nacional de Transparencia, en el cual se reúnen los 33 institutos de transparencia del país, cada uno con las atribuciones necesarias para sancionar a todas las autoridades del país que incumplan con sus obligaciones de transparencia o sean omisas en garantizar el ejercicio de dichos derechos humanos la PNT. En tercer lugar, el ejercicio de estos derechos será mucho más lento y costoso, dado que la reforma implica que se judicializaría el acceso a la información pública y la protección de datos personales, pues ante la negativa de las autoridades del país para entregarnos la información que nos pertenece a todos, de acuerdo a la reforma, serían las propias autoridades las que revisarían alguna queja o inconformidad. Ello generará invariablemente un enorme conflicto de interés, siendo previsible que las autoridades confirmarán sus propias negativas de acceso a información, por lo que la única vía posible para acceder a información pública será la judicial. En cuarto lugar, se limitaría la profesionalización y capacitación de personas servidoras públicas en estas materias, dado que actualmente, son los 33 institutos de transparencia precisamente los encargados de capacitarlas, así como supervisar y auditar permanentemente el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de protección de datos personales. En quinto lugar, el derecho a la protección de datos personales, una materia sumamente compleja y especializada, quedará en manos también de las propias autoridades, a pesar de que actualmente en la gran mayoría de ellas no existen especialistas en dicha materia. Tampoco se establece una instancia nacional especializada en proteger los datos personales de las y los mexicanos que están en posesión de millones de particulares, como hospitales, bancos, inmobiliarias, plataformas digitales como las redes sociales o Google, por lo que prácticamente desaparecería dicho derecho humano. Finalmente, la propuesta es un durísimo golpe al Federalismo Mexicano, invadiendo competencias de las entidades.