Meduso

Hoy han desahuciado a Maricarmen. Tiene 87 años y llevaba 70 en el mismo piso de Retiro. Era el cuarto intento, y anoche acamparon cientos de personas en su puerta para impedirlo. Es un drama, creo que todos estaremos de acuerdo. Porque Maricarmen es una persona muy mayor. Pero que sea un drama no significa que no sea lo justo. Durante meses hemos oído la matraca de que la culpa es de Franco y del machismo de la época. Pero con saber un poco del tema o interesarte sin sectarismos, sabrás que la ley que la ha sacado de su casa es de 1994, y la hizo el Gobierno de Felipe González. Sí, una ley del PSOE. Lo que sí venía del franquismo era la ley de la renta antigua. Su padre firmó el contrato en 1956 con la ley de entonces, que contenía la prórroga forzosa: aunque el contrato venciera, el casero no podía echarte, y te quedabas mientras quisieras salvo en casos muy concretos. Cuando el inquilino moría, el contrato podía pasar a su familia mediante subrogación. Y eso fue lo que ocurrió con su casa. En 1961 murió el padre y el contrato pasó a la madre. Con aquella ley, cuando muriera la madre, Maricarmen se habría quedado el contrato y podría haber seguido de inquilina toda la vida. En 1985, el decreto Boyer, del primer Gobierno de Felipe González, acabó con la prórroga forzosa, pero solo en los contratos nuevos. Los antiguos siguieron igual. El cambio que afecta a Maricarmen llega en 1994, con la Ley de Arrendamientos Urbanos. La sacaron adelante el propio Felipe González y Borrell, que era ministro de Obras Públicas, con la idea de ir cerrando poco a poco los contratos de renta antigua. Quien ya vivía en el piso podía seguir hasta el fallecimiento, y si el contrato pasaba a su viudo o su viuda, también. Pero si pasaba a un hijo, solo le quedaban dos años. La ley amparaba dos excepciones. Una, tener una discapacidad del 65% o más. Otra, que el hijo fuera mayor de 65 o estuviera jubilado y se quedara el contrato en los diez primeros años de la ley, o sea, antes de que acabara 2004. En esos dos casos, el hijo seguía de por vida. La madre de Maricarmen murió en 2005, cuando ella ya pasaba de los 65, pero ese plazo se había cerrado al acabar 2004. Además, su discapacidad reconocida es del 50%, y no llega al 65% que pide la ley. Por lo tanto, no entraba en ninguna de las dos excepciones, y su subrogación era de dos años: el contrato se extinguió en 2007. El argumento del machismo tampoco se sostiene como tal, más allá de que todos estemos de acuerdo en que era indignante que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres. Es cierto que en 1956 una mujer casada no podía firmar un contrato sin permiso del marido, y el contrato estaba a nombre del padre. El Sindicato de Inquilinas dice que, si hubiera estado a nombre de los dos, lo de Maricarmen contaría como primera subrogación y el contrato seguiría vivo. Pero con la ley de 1994 eso da igual: al hijo que se queda un contrato antiguo le tocan dos años, sea la primera vez que el contrato cambia de manos o la segunda. Durante 15 años nadie le dijo nada. Los dueños le siguieron cobrando el alquiler como si el contrato siguiera en vigor. En 2018 se vendió el edificio, y los nuevos dueños le ofrecieron dos salidas: comprar el piso por unos 250.000 euros o quedarse pagando 1.650 al mes. Ella cobra 1.450 de pensión. Dijo que no, y la empresa la demandó. Maricarmen ganó en primera instancia, porque el juez entendió que los dueños habían aceptado el contrato durante años. Pero la Audiencia de Madrid no lo vio así en el recurso, y el Supremo tampoco. Es importante decir que esa regla de los dos años lleva más de 30 años sin tocarse. En ese tiempo han gobernado el PP y el PSOE (en solitario y en coalición) y ninguno la ha cambiado. Pero ahora el PSOE y toda la izquierda hablan mucho de Maricarmen. Esta semana su Gobierno pedía a Almeida y a Ayuso que frenaran el desahucio, y la ministra de Vivienda se ha preguntado cuántas Maricármenes se habrían salvado con lo que costó el ático de Ayuso. Tócate las narices con la demagogia. Pero a Maricarmen la echa una ley del PSOE, y el PSOE no ha cambiado la ley en todos sus años de gobierno. Son unos hipócritas sin fronteras. Y luego está el Sindicato, que culpa al franquismo y pide ahora contratos de alquiler indefinidos justo como los que había con Franco. Contratos que el dueño no podía terminar y que, por lo tanto, le dejaban en completa indefensión. Si eso ocurriera, no se pondría ni una sola vivienda en alquiler más. Pero bueno, ya sabéis que los extremos siempre se tocan. Dicho esto, lo de Maricarmen es un drama evidente, humano y filosófico. Una mujer de 87 años, que ya necesita silla de ruedas para moverse, sale de la casa en la que ha vivido desde los 17. ¿Estamos abandonando a una persona mayor desvalida? Maricarmen es adulta. Su familia lleva 70 años disfrutando de una renta antigua que hoy ronda los 500 euros en pleno Retiro, cuando los pisos de su edificio se alquilan por unos 2.650, según el propio Sindicato. Y el Ayuntamiento dice que le ofreció alojamiento y que ella lo rechazó. La propiedad privada es sagrada y así hay que defenderla, también cuando el caso es duro. Y el cariño que le tengas a tu vivienda no te hace su propietario, por mucho que quieras. La salida para alguien como Maricarmen puede venir del Estado o de la solidaridad de la gente. Pero si rechaza la alternativa que le ofrecen, ¿qué solución hay? Lo que no puede ser nunca es que el dueño de algo no pueda hacer lo que quiera con lo que es suyo. Y aquí hay que decir que se intentaron las dos cosas. El Ministerio intentó comprar el piso y una escritora se ofreció a pagarle 2.150 euros al mes para el resto de su vida. La empresa no aceptó ninguna. Estaba en su derecho: el piso es suyo. Una puntualización. La empresa que la ha demandado no es un fondo buitre, como están diciendo, sino una sociedad limitada madrileña fundada en 2005. Se dedica a invertir y asesorar en edificios alquilados y a la compraventa de farmacias. Le compró el piso a Renta Corporación, una inmobiliaria cotizada que había adquirido el edificio en 2018. Y en realidad da igual que sea Blackstone, Urbagesa o mi primo Paco: es el dueño legítimo de una propiedad. Lo que está claro es que Maricarmen ha tenido a lo largo de su vida la posibilidad de tomar decisiones alternativas que no hubieran llevado a esta situación y que prefirió no hacerlo. Desde 1994 era ley que esto podía pasar. Tenía 56 años. Y una cosa es evidente: muchas empresas y familias han estado en la misma situación que Maricarmen y han tenido que cerrar sus negocios, trasladarlos o mudarse a otra vivienda. No se puede tener una ley a medida de cada situación personal: eso sí que es injusto. Si Maricarmen no ha tomado decisiones necesarias a lo largo de su vida, la culpa es enteramente de Maricarmen. Dejemos de infantilizarlo todo. Por mucha pena que nos dé.