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Nací Defensor ll Abogado litigante ll Lector ll CEO en Mentes Jurídicas ll Derecho Penal Económico UCIII de Madrid ll Diplomado en Delitos Económicos Complejos

Quito, Ecuador
Joined February 2022
🚨LA INOCENCIA SE PRESUME. LA CULPABILIDAD SE PRUEBA. En la sentencia 14-19-CN/20, la Corte Constitucional del Ecuador precisa una consecuencia fundamental de la presunción de inocencia: Fiscalía tiene la carga de probar tanto la existencia del hecho punible como la culpabilidad de la persona procesada. En el párrafo 15, la Corte explica que, si Fiscalía no sustenta su acusación con pruebas de cargo válidas y se genera duda razonable, no procede declarar la culpabilidad. Esto significa que la ausencia de prueba de descargo no reemplaza la prueba de cargo. Que la defensa no demuestre la inocencia no permite concluir que la acusación está probada. En el párrafo 18, la Corte reafirma que corresponde al órgano de persecución penal demostrar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. La consecuencia para el juzgamiento es concreta: una condena debe sustentarse en lo que la acusación logró probar. Exigir al procesado que demuestre su inocencia desplaza indebidamente la carga probatoria y desconoce la garantía que lo protege. La pregunta que debe resolver una sentencia condenatoria es: ¿Fiscalía probó la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable? 📌 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 14-19-CN/20, de 12 de agosto de 2020, párrafos 15 a 19.
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⚖️ Estimados colegas, les comparto mi análisis de la Sentencia 14-2023, publicado en Mentes Jurídicas. Los invito a verlo y a compartir sus criterios: el debate jurídico enriquece nuestra práctica profesional. ▶️ youtu.be/fuVSnWMQK6A ¡Gracias por verlo y compartirlo! 📚
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Estoy iniciando un artículo sobre la Presunción de la inocencia, la carga dinámica de la prueba y la hipótesis alternativa; es por eso que: ¿Me pueden ayudar con jurisprudencial, artículos o documentos referentes sobre la carga dinámica de la prueba en materia penal?
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🚨Resolución 14-2023 de la Corte Nacional de Justicia La regla central está en el artículo 6. En una acusación por tráfico basada en la tenencia o posesión de droga, Fiscalía debe acreditar el propósito de comercializarla o colocarla en el mercado. El peso y la posesión son datos relevantes, pero por sí solos son insuficientes para establecer ese elemento del tipo penal. El tribunal debe valorar en conjunto la prueba de cargo y de descargo, conforme a los artículos 2 y 6 de la resolución y al artículo 220.1 del COIP. Qué cambia en la valoración de la prueba •La derogación de la tabla de consumo mantuvo la protección del consumo personal. El artículo 1 ratifica la no punibilidad de la tenencia para consumo ocasional, habitual o problemático. Su fundamento constitucional es el artículo 364 y la sentencia 7-17-CN/19, que ya había establecido que superar un umbral no genera por sí mismo una presunción de responsabilidad penal. •El consumo personal puede incluir aprovisionamiento para futuras ingestas. Los considerandos 38 y 39 reconocen esa posibilidad y exigen examinar la razonabilidad de la cantidad en el caso concreto. Por eso, la pericia del artículo 3.b debe abordar dos cuestiones distintas: el patrón de consumo de la persona y la compatibilidad de la sustancia y cantidad incautadas con ese patrón. El examen químico aporta información sobre qué se incautó. La finalidad del porte se determina a partir del conjunto de la prueba. •La hipótesis de consumo no desplaza la carga de la prueba. El considerando 35 debe leerse junto con el 37, que atribuye expresamente a Fiscalía la carga de acreditar la finalidad típica. La defensa puede respaldar el aprovisionamiento con pericia y testimonios. Si al final del juicio subsiste duda razonable sobre el destino de la sustancia, esa duda impide condenar por tráfico.
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🚨 Hipótesis alternativa y carga de la prueba Sentencia 391-25-EP/26, primer problema jurídico, párrs. 29 a 35 En un proceso por abuso de confianza, la defensa sostuvo que las transferencias correspondían a servicios facturados al costo. La Sala Provincial descartó esa hipótesis por falta de respaldo. La Corte Constitucional concluyó que no hubo inversión de la carga probatoria porque, según la motivación de la Sala, la inferencia de desvío se sustentaba en la prueba de cargo. La Corte verificó a quién se atribuyó la carga de probar, sin revalorar los indicios. La distinción es entre carga de persuasión y respaldo de una afirmación fáctica. Fiscalía debe acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. Si la defensa afirma que los fondos se destinaron a servicios determinados, esa explicación requiere algún apoyo en la prueba practicada, incluso en la aportada por Fiscalía. Para generar duda razonable, basta con que ese apoyo debilite una inferencia indispensable para condenar. Si la defensa se limita a impugnar esa inferencia, puede hacerlo sin ofrecer un relato alternativo. El límite está en la función que cumple la falta de respaldo. La ausencia de facturas puede debilitar la tesis del pago por servicios. La inferencia de que el acusado dispuso de los fondos para sí o para un tercero debe sostenerse en hechos acreditados. Si esa inferencia solo se completa porque el acusado no justificó el destino del dinero, la carga se ha desplazado a la defensa. La hipótesis alternativa debe ser corroborada por quien la plantea.
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📌 | 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 ⚖️ 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐅𝐀 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎𝐒 𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋: 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒. 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐏𝟔𝟏𝟒𝟕-𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐑𝐚𝐝. 𝟔𝟔.𝟕𝟎𝟑. 𝐌. 𝐏. 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐨́𝐫𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐨 ⬇️ El incumplimiento posterior, por sí solo, no demuestra la estafa. Para establecer que el contrato sirvió como instrumento de engaño, debe probarse que el artificio precedió o acompañó la disposición patrimonial y que la víctima entregó el dinero a causa del error. En el caso examinado, el acusado se presentó ante los compradores como representante del propietario. Para establecer el engaño, el tribunal valoró esa afirmación junto con las condiciones pactadas para la entrega de los apartamentos, los pagos recibidos y la posterior transferencia del inmueble a terceros ⬇️
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PRUEBA Y VALORACIÓN PROBATRIA EN DELITS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD ADMISIBILIDAD DE LA ENTREVISTA COMO PRUEBA DE REFERENCIA, IMPUGNACIÓN DE LA CREDIBILDAD TESTIMONIAL Y VALORACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ETARIA ✍️ ACTUALIZACION JURIDICA DIARIA 👉wa.link/hocw71
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⚖️ ¿Por qué se presentó la acción de inconstitucionalidad 9-23-IN/26 y por qué la Corte la desestimó? Los accionantes cuestionaron el artículo 630.1 del COIP porque condiciona la suspensión condicional de la pena a que la pena prevista en abstracto para el tipo penal no exceda de cinco años. La pena en abstracto es la que la ley establece para un delito. La pena en concreto es la que el juez impone en la sentencia, luego de considerar las circunstancias del caso, como atenuantes, agravantes o el grado de participación. Según los accionantes, una persona podía recibir una pena concreta menor a cinco años y, aun así, quedar excluida del beneficio porque el tipo penal por el que fue condenada tenía una pena abstracta superior a cinco años. Alegaron que esto vulneraba la igualdad y la proporcionalidad. La Corte reconoció que la norma establece un trato distinto, pero concluyó que no era discriminatorio. Aplicó un estándar de mera razonabilidad y consideró válido que el legislador use la pena abstracta como parámetro objetivo para valorar la gravedad del delito y limitar el acceso al beneficio. Por ello, desestimó la acción.
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⚖️ EL LAVADO DE ACTIVOS: UN DELITO COMPLEJO QUE EXIGE UN ANÁLISIS PROFUNDO Para comprender el delito de lavado de activos, primero debemos plantearnos algunas preguntas fundamentales: ¿Por qué surgió la necesidad de tipificar esta conducta? ¿Cuáles son los elementos que configuran el delito? ¿Qué etapas comprende el proceso de lavado de activos? ¿Cómo se estructura y cuáles son los principales desafíos para su interpretación y aplicación? Estamos frente a una figura delictiva relativamente joven dentro del Derecho penal contemporáneo, cuya complejidad exige ir más allá de la simple lectura del tipo penal. 🎓 Y qué mejor oportunidad para profundizar en estas cuestiones que escuchar al Prof. Dr. h. c. mult. Jesús-María Silva Sánchez, uno de los grandes referentes de la dogmática penal contemporánea. Una oportunidad para comprender los fundamentos, la estructura y los problemas jurídicos que plantea el lavado de activos y la criminalidad económica organizada. Porque comprender un delito es el primer paso para interpretarlo y aplicarlo correctamente
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SP1164-2026: CUANDO EL VALOR DE LA PRUEBA NO ALCANZA PARA JUSTIFICAR UNA CONDENA La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante la sentencia SP1164-2026, con ponencia de la magistrada Myriam Ávila Roldán, nos sitúa frente a uno de los problemas epistemológicos más trascendentales del razonamiento probatorio: ¿es suficiente que una prueba tenga un elevado valor demostrativo para justificar racionalmente una condena, cuando el conjunto de elementos de juicio carece del peso probatorio necesario para reconstruir los acontecimientos? Esta providencia ofrece una oportunidad extraordinaria para examinar una distinción epistemológica que la práctica judicial colombiana todavía no desarrolla suficientemente: una cosa es el valor probatorio de los elementos de juicio, otra su peso probatorio y otra, sustancialmente diferente, su suficiencia para tener por acreditada una hipótesis fáctica. Mi tesis es que la absolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia encuentra una justificación racional en la insuficiencia de la hipótesis acusatoria, pero su motivación presenta una debilidad epistemológica: parece trasladar la falta de corroboración de la acusación a una supuesta confirmación equivalente de la hipótesis defensiva. Esta transición inferencial no es automática ni resulta suficientemente justificada. La importancia de la providencia no radica simplemente en reconocer la duda razonable. Su verdadero alcance está en evidenciar que la responsabilidad penal no puede inferirse de la acreditación aislada de un acontecimiento, por contundente que sea la prueba científica que lo respalda. Se requiere justificar la cadena inferencial que permite pasar de las proposiciones probadas a la hipótesis fáctica que fundamenta la condena. El problema aparece con especial claridad en el párrafo 107. La balística permitió establecer que el proyectil P6 procedía del arma del acusado, mientras que las diecinueve vainillas examinadas habían sido percutidas por otras dos armas. La Corte utiliza correctamente esta información para cuestionar la reconstrucción acusatoria (§§125 y 138). Sin embargo, existe una precisión fundamental: el dictamen demuestra la procedencia de determinados elementos balísticos, pero no reconstruye por sí mismo la secuencia de los disparos, la identidad de todos los intervinientes ni quién inició la agresión. Tampoco permite atribuir individualmente los dieciocho impactos restantes a personas determinadas. Aquí adquiere particular importancia la distinción formulada por John Maynard Keynes en A Treatise on Probability (1921, pp. 78 y 85), magistralmente reconstruida por Alan Limardo en su trabajo ¿Por qué (y cuándo) debería preocuparnos el peso de la prueba? (pp. 2-4). La probabilidad de una hipótesis y el peso del argumento que la sustenta son dimensiones diferentes. Mientras la primera concierne al grado de apoyo que recibe una hipótesis, el segundo se relaciona con la amplitud de la información relevante disponible para evaluarla. La incorporación de nuevos elementos de juicio aumenta el peso informativo, pero no necesariamente incrementa la probabilidad de la hipótesis, pues también puede debilitarla. Esta distinción adquiere una precisión extraordinaria en Jordi Ferrer Beltrán, citado por Limardo (p. 3), cuando plantea que la pregunta por el peso probatorio consiste en determinar si las pruebas necesarias para acreditar los componentes de una hipótesis se encuentran efectivamente incorporadas al expediente, con independencia de su valor probatorio. @PereiraYPereira @laparticuladios @aizaquita @Zuletaaslegal @raitello @cramireznet @MoisesMolina @kikedelr @RicardoGiraldo_
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ACCESO CARNAL EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR – VALORACIÓN PROBATORIA DEL ESTADO DE INCONSCIENCIA DE LA VÍCTIMA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. ✍️ ¿DESEAS ESTAR ACTUALIZADO A DIARIO DE TODA LA JURISPRUDENCIA DEL PAIS? SUSCRIBETE 👉wa.link/hocw71
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En la sentencia 483-23-EP/25, la Corte Constitucional del Ecuador reafirma un límite al juez de primera instancia: no puede rechazar una apelación por calificar su fundamentación como insuficiente. 📌 ¿Qué debe verificar? Que quien recurre sea sujeto procesal, que la decisión sea apelable y que el recurso y su fundamentación se hayan presentado dentro del término legal. Cumplidas esas condiciones, no corresponde cerrar el acceso al superior por una valoración de la calidad de los argumentos. 📌 ¿Y si también se niega el recurso de hecho? La Corte establece que considerar insuficiente la fundamentación no equivale a que la ley prohíba expresamente el recurso. Invocar ese motivo para negar el recurso de hecho también vulnera la garantía de recurrir. En este caso, dejó sin efecto ambas negativas y ordenó que otro juez tramite la apelación. 🔎 La precisión es fundamental: debemos fundamentar nuestros recursos. Lo que esta sentencia impide es convertir la valoración de esos argumentos en una barrera indebida para acceder a la revisión judicial. Defender derechos también exige cuestionar las decisiones que impiden ejercerlos. Jean Paul Araujo | Nací Defensor
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📍Cada mañana leo las noticias sobre la justicia en Ecuador y me pregunto: ¿vale la pena seguir luchando por nuestros ideales frente a tanta injusticia? Hay días en que cuesta responder. Pero me resisto a aceptar que la resignación sea nuestro destino.
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La realidad judicial del país expuesta al mundo. La abogada @LoloMino En la CIDH.
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📌 | HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO: La detención, aunque legal, admite protección correctiva como criterio de garantía de derechos fundamentales. Providencia AHP1172-2023, Rad. 63712, pp. 7–10) Aunque la regla general de procedencia del H.C. contempla la privación ilegal de la libertad y su prolongación ilícita, la jurisprudencia reconoce una dimensión correctiva: prevenir o corregir condiciones de reclusión que amenacen gravemente los derechos fundamentales de la persona detenida. La Sala Penal ha admitido que, aun existiendo una medida restrictiva legítima, pueden impartirse órdenes para proteger la dignidad humana, la salud y la integridad personal cuando las circunstancias acreditadas lo justifiquen. La discusión comprende, entonces, las condiciones concretas en que se cumple la detención. La protección correctiva puede operar sin disponer la libertad ni dejar sin efecto la medida judicial. (CSJ, Sala Penal, AHP1172-2023, rad. 63712, M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán, 5 de mayo de 2023, pp. 7–10) ⬇️
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📌 Sentencia 1565-18-EP/23, párrafos 24–38. La Corte Constitucional, en la sentencia 1565-18-EP/23, estableció una distinción clave: una fundamentación insuficiente no equivale a la ausencia de fundamentación. En el caso analizado, la recurrente presentó su fundamentación dentro del término legal. Sin embargo, el juez rechazó la apelación al cuestionar sus argumentos y luego negó el recurso de hecho, impidiendo la revisión del superior. La Corte declaró vulnerada la garantía de recurrir: bajo el COGEP, el juez no puede calificar la calidad de la fundamentación para cerrar el acceso a la apelación cuando se cumplen los requisitos legales. Fundamentar sigue siendo obligatorio. Lo que no corresponde es convertir la valoración de los argumentos en una barrera para recurrir. ARAUJO LEGAL STUDIO
El arte de la estrategia. #DebidoProceso #DerechoARecurrir #CorteConstitucional #Litigación
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📍Para los 👨🏻‍⚖️ que quedan: ¿Apelación de prisión se limita a proporcionalidad y necesidad de la medida? ¿Cargos de nulidad no se responden, se patean a la preparatoria? ¿Voto salvado no implica discrepancia de interpretación? ¿Criterio de expertos no es prueba? #DudasCOIP
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