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#MiOpinión
LA COFRADÍA DEL #INFONAVIT YA REPARTIÓ $206 MIL 655 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR MÁS DE 366 MIL VIVIENDAS DEL #BIENESTAR
ANTONIO CARRERA
La ‘Cofradía del Infonavit’, encabezada por Octavio Romero Oropeza y Marco Manuel Herrería Alamina, había adjudicado hasta el pasado 8 de octubre de 2026 de manera directa -sin licitación de por medio y bajo sospecha a empresa a modo- un gigantesco fondo público que asciende a los $206 mil 655 millones 964 mil 744.57 pesos para edificar 366 mil 600 acciones de vivienda de interés social. Sin duda el programa es benévolo y atiende una deuda histórica de viviendas a lo largo y ancho del país. Lo cuestionable es el cómo se entregan los contratos y quién se beneficia con ellos.
El mapa geográfico del presupuesto expone un sesgo quirúrgico. Existe una alineación indiscutible entre los estados gobernados por Morena y las entidades federativas que lideran de forma absoluta la recepción del dinero federal. El primer lugar nacional le pertenece a #Veracruz, gobernado por el oficialismo a través de Rocío Nahle, que absorbió la suma de $23 mil 827 millones de pesos para levantar más de 42 mil casas. La segunda rebanada del pastel presupuestal se la queda #Yucatán, gobernado por el morenista Joaquín ‘Huacho’ Díaz, con $21 mil 179 millones de pesos; #Tamaulipas, del ¿cuatrotero’ de Américo Villareal, se han invertido $20 mil 878 millones de pesos; #Tabasco, gobernado por Javier May -socio en la empresa ‘La Mercocha’ tanto de Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- con $19 mil 621 millones de pesos; #QuintanaRoo, gobernado por María Hermelinda Lezama, con $16 mil 165 MDP.
Por su parte, los gobiernos de oposición reciben menos: #Aguascalientes, gobernado por la panista María Jiménez Esquivel, recibió una inversión de $1,228 MDP para construir solo 2 mil 136 viviendas; #Jalisco, del ‘emecista’ Jesús Pablo Lemus, solo una inversión de $1,655 millones de pesos para construir 2 mil 916 casas de interés social; y #Querétaro, de Mauricio Kuri (PAN), con $1,214 MDP para 2 mil 174 viviendas.
Pero el verdadero escándalo periodístico estalla al cruzar los montos con los nombres y apellidos de quienes controlan las constructoras más beneficiadas. La cima de la pirámide de cemento la ocupa Construcciones Ricbor, S.A. de C.V., un consorcio ligado directamente al empresario Jesús Antonio Borboa García. Esta firma acaparó contratos acumulados por $7 mil 129 millones de pesos para operar de forma interestatal en Sinaloa, Baja California y el propio estado de #Tabasco. Borboa García es un viejo conocido del sector de infraestructura que ha sabido mutar y expandirse al ritmo de los sexenios, consolidando a Ricbor como el contratista hegemónico del programa.
Inmediatamente abajo se ubica otra firma envuelta en polémicas por la concentración de contratos en el edén tropical: Interservicios de Tabasco, beneficiada con más de $6,889 millones de pesos en asignaciones. La firma ha sido señalada por la obtención de contratos millonarios en #Pemex e Infonavit, en ambos casos con Octavio Romero y Marco Manuel Herrería. Recientemente obtuvo un contrato petrolero que ronda en los 41 millones de dólares; además de la adquisición, a precio de ganga, del predio donde se ubicaba el Gimnasio del Parque La Choca en Tabasco.
Sin embargo, uno de los perfiles más controvertidos en la base de datos es el del Grupo de Ingenieros Mexicanos, consorcio vinculado a los hermanos Aldo Fabián Santos Ruiz y Abraham Santos Ruiz. Estos empresarios controlan el poderoso grupo ESEASA Offshore, un contratista de gran peso en la industria energética que ha obtenido multimillonarios contratos con Pemex. Que los mismos operadores de las mega estructuras petroleras en #Altamira, #Tamaulipas, hayan amarrado contratos habitacionales por más de $3,310 millones de pesos expone cómo las élites del contratismo federal se reciclan y diversifican dentro de las bolsas del bienestar.
La lista de empresas bajo la lupa incluye también a Construcciones Aryve, ligada al influyente desarrollador Eduardo José Vela Aragón (propietario de la cadena de lujo Velas Resorts). Aryve arrastra un largo historial de quejas ciudadanas y señalamientos en Tamaulipas por la entrega de fraccionamientos con deficiencias estructurales, vicios ocultos y desabasto de servicios básicos. A pesar de estos antecedentes de conflicto con los derechohabientes, los folios revelan que Aryve recibió una inyección presupuestal masiva que supera los $2,990 millones de pesos repartidos estratégicamente en los municipios fronterizos de Altamira, Matamoros y Reynosa.
A la par de estos gigantes, el anonimato de firmas como Salve Habitacional levanta alarmas sobre los esquemas de subcontratación. Esta razón social aparece de forma fragmentada en los registros nacionales operando bajo consorcios como Alora Desarrollos y Enlaces Comerciales Bienes Raíces, vinculados a Alejandro Miguel Chávez de la Garza. Esta red logró dispersar contratos masivos que suman más de $4,300 millones de pesos en Tamaulipas, #NuevoLeón y San Luis Potosí. El modus operandi de pulverizar las asignaciones en múltiples folios estatales suele ser una bandera roja para fragmentar contratos y evadir las alertas de competencia de la Cofece.
Asimismo, en el noroeste destaca Jase Desarrollos, Construcción y Supervisión, consorcio que acaparó $1,966 millones de pesos en #Culiacán, #Sinaloa. Esta firma, que habitualmente compite por obras viales y malecones con el gobierno sinaloense, fue habilitada de la noche a la mañana para el desarrollo masivo de vivienda habitacional, evidenciando que los criterios técnicos de especialización pasaron a segundo término frente a las redes de proveeduría local.
O el caso de Comercializadora Ala Blanca, S.A. de C.V., donde aparece como accionista o socios Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, quien fue asesor en el Pemex de Octavio Romero Oropeza, que se llevó el contrato CO-PVB-057-2025 para la edificación de 1,752 "Viviendas del Bienestar" en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un monto de $962.1 millones de pesos.
Ni decir del efecto Tabasco, donde la empresa tabasqueña MGM Servicios, S. de R.L. de C.V. (de la socia Doris Rabelo Hartmann) que tiene que recorrer 2,187 kilómetros para construir 2 mil 552 viviendas del bienestar en municipios de #Sinaloa, por un monto de $1,518 millones 709 mil 539 pesos en 2026.
HASTA PARIENTES DE MURILLO KARAM SE LLEVAN SU REBANADA
Cabe señalar que en el estado de #Hidalgo, INFONAVIT otorgó a la empresa HIVACO S.A. de C.V. un contrato para construir 2,408 viviendas de interés social por un monto de $1,324 millones de pesos.
Hasta ahí todo bien, pero cuando te metes a revisar los documentos de la empresa, salen a relucir apellidos ilustres de la política y las época neoliberal -dijera AMLO- más específicamente ligados al ex gobernador de Hidalgo y ex Procurador General de la República con EPN, nos referimos a Jesús Murillo Karam (fallecido en abril de 2026). Resulta que entre los socios o accionistas aparecen Jaime Sergio Murillo Karam (hermano del político priista) y sus hijos Jaime Sergio y Zayne María Murillo Arredondo.
@Infonavit @BuenGobierno_mx #Martes10 #4T #ViviendasDelBienestar
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#Opinión
El laberinto de IKALOIL: entre el banquillo de los acusados y #Pemex
ANTONIO CARRERA
Resulta un verdadero monumento al cinismo empresarial ver cómo corporativos atrapados en el ojo del huracán judicial pretenden seguir operando con total normalidad en las altas esferas de los contratos públicos. El caso de las firmas hermanas Ikaloil, S.A. de C.V. e Ikaloilmx Integrity Services, S.A. de C.V., ambas inscritas en el Registro Público de Comercio de Villahermosa, Tabasco, es un vivo ejemplo de cómo los litigios comerciales, los pleitos de pasillo y las acusaciones criminales conviven sin pudor con la voracidad por ganar licitaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex).
La historia documental de estas empresas dibuja un mapa plagado de movimientos abruptos y presuntos desfalcos. Por un lado, tenemos a la primera sociedad, Ikaloil, nacida en 2018 bajo el nombre original de IkalOil. Su historial revela una asamblea extraordinaria en 2021 donde la socia Alfonsina Sánchez Coello cedió gratuitamente la totalidad de sus acciones a Andreina Coromoto Graterol Velásquez. Sin embargo, para septiembre de 2024, las tensiones estallaron: la misma Andreina Graterol, presidiendo la asamblea, revocó de manera fulminante el cargo de Administradora Única a Elizangel del Valle Jiménez Rosas, acusándola abiertamente de "desinterés" e inacción al negarse su apoderada (Isabel Gamas Martínez) a rendir los informes financieros y de actividades de la empresa.
Por el otro extremo del entramado aparece Ikaloilmx Integrity Services, constituida en 2021 por Jesús Manuel Núñez Astudillo. En una polémica sesión de junio de 2024, Núñez Astudillo dejó la administración de la compañía en manos de Adela Beatriz Velásquez Bastidas, tras cederle un paquete masivo de 360 acciones valoradas en 360 mil pesos. Esta misma Adela Beatriz Velásquez Bastidas es quien hoy figura en los estrados judiciales enfrentando un espinoso juicio Ejecutivo Mercantil (bajo el expediente 003222024 en la Segunda Secretaría), promovido precisamente por el antiguo dueño, Jesús Manuel Núñez Astudillo.
Mientras los tribunales mercantiles y las notificaciones por estrados siguen su curso, y las asambleas corporativas ventilan el descontrol financiero interno, estas entidades pretenden mantener un rostro limpio e imperturbable frente a la Unidad de Responsabilidades de Pemex. Es inadmisible que empresas que se arrebatan las administraciones por desconfianza mutua, que arrastran litigios ejecutivos entre sus propios fundadores y cuyas cabezas se acusan indirectamente de opacidad institucional, continúen utilizando el currículum de profesionistas e ingenieros locales para competir por contratos multimillonarios en el sector energético.
La lección que deja el laberinto de las empresas Ikaloil es clara: la infraestructura y la riqueza petrolera del país no pueden seguir expuestas a consorcios debilitados por fracturas legales internas y disputas de poder. Si una compañía ni siquiera puede garantizar orden, transparencia y buena fe en sus propias actas de asamblea, ¿con qué solvencia moral y técnica pretende garantizar la integridad de los contratos de la principal empresa productiva del Estado? Pemex y sus órganos de control tienen la última palabra.
EL ALCANCE DEL BRAZO JUDICIAL
El conflicto ha dejado las oficinas corporativas para trasladarse al terreno de las acciones judiciales de alto impacto. Recientemente, un fuerte operativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco culminó con el cateo y aseguramiento de indicios en la casa número 7, ubicada en la calle “Candado” del Fraccionamiento “Puerta Grande”, en la Ranchería “Lázaro Cárdenas” Primera Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco (Código Postal 86287). El domicilio, vinculado directamente con los movimientos residenciales y de representación de Adela Velázquez Bastidas, Jesús Núñez Astudillo y Andreina Graterol Velásquez, se convierte en el epicentro físico de una trama que ya no solo se disputa con papel sellado, sino con el rigor de la investigación criminal.
Cabe señar que si las investigaciones vigentes de la Fiscalía por falsificación de documentos, curriculares falsas y desvío de recursos configuran delitos patrimoniales o fraude en contra de Pemex o de terceros para simular experiencia técnica resultan ciertas, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen la obligación de inhabilitar a las empresas y a sus accionistas de manera inmediata.
Además, el Juicio Ejecutivo Mercantil activo entre los propios fundadores (Jesús Núñez contra Adela Velázquez / Ikaloilmx) pone en evidencia el riesgo de insolvencia y la inestabilidad de la administración única de la compañía, lo que, en caso de participar en nuevas licitaciones, Pemex tendría la obligación de rechazar sus propuestas en las etapas de evaluación financiera y legal debido al alto riesgo de incumplimiento del contrato.
CON ORIGEN VENEZOLANO
En base a la información contenida estrictamente en los documentos registrales los protagonistas de este escándalo son:
Andreina Coromoto Graterol Velásquez: mexicana por naturalización, de profesión Licenciada en Administración y originaria de Nueva Esparta, Venezuela.
Jesús Manuel Núñez Astudillo: mexicano por naturalización, de profesión Ingeniero Petrolero y originario de Punceres, Distrito Bolívar, Estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela.
Elizangel del Valle Jiménez Rosas: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en la escritura constitutiva de la sociedad.
Lauren Fernanda Lemus Velázquez: Identificada formalmente con la nacionalidad Extranjera (Venezuela) en el Registro Público de Comercio.
#VILLAHERMOSA #Tabasco #Pemex @Pemex @BuenGobierno_mx #Ojo @FGETabasco
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#MiOpinión
¿El nuevo Hernández Casillas del trópico? El expediente de LUDATAB en #Tabasco y sus ‘contratos hormiga’ por $23.9 MDP
ANTONIO CARRERA
En política, las coincidencias suelen ser apenas el disfraz de las estructuras. Mientras a nivel nacional los reflectores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción apuntan hacia la red empresarial de José Alfredo Hernández Casillas -el contratista predilecto de Taddei y OPLES-, en Tabasco parece replicarse un modelo de negocios a escala estatal con el mismo manual de operación: una razón social versátil, vínculos familiares en el acta constitutiva y una lluvia incesante de adjudicaciones directas.
El nombre de la firma es LUDATAB, S.A. de C.V. (RFC: LUD141213KS9), constituida en diciembre de 2014 ante la Notaría Pública Número 4 de Villahermosa, con un capital social mínimo de apenas 50 mil pesos. De acuerdo con su inscripción en el Registro Público de Comercio, LUDATAB nació como una auténtica "empresa todóloga": en su objeto social cabe lo mismo la compraventa de vehículos y autopartes que la representación de artistas, la organización de espectáculos, la operación de bares y discotecas, el mantenimiento de edificios, el suministro de equipo de cómputo y hasta la venta de material quirúrgico.
Detrás de este abanico comercial aparece una estructura estrictamente familiar. En 2014, la sociedad fue fundada por Luis Armando Flores Nájera (con el 55% de las acciones y el cargo de Administrador Único) y Daniela Flores Quevedo (con el 45% restante), compartiendo ambos el mismo domicilio en el Fraccionamiento Framboyanes de la capital tabasqueña. Casi nueve años después, mediante una asamblea extraordinaria celebrada en octubre de 2023 y protocolizada en noviembre de ese año, se ejecutó un relevo interno: Flores Nájera cedió de manera gratuita la totalidad de sus acciones a Rosa Nelly Quevedo Gurría (quien aparece junto a él en la fotografía compartida), dejando la administración única en manos de Daniela Flores Quevedo, registrada en el propio documento mercantil con la calidad de servidor público.
Más allá de los movimientos societarios, lo que llama poderosamente la atención es la eficacia financiera de la compañía frente al erario. Según el desglose de contratación pública entre 2022 y 2026, LUDATAB ha acumulado un total de 445 ‘contratos hormigas’ variados, cuyos montos van desde los 87 pesos hasta los $2,403,828.43 pesos, sumando un monto global que asciende a los $23 millones 929 mil 388.54 pesos, operando bajo un esquema donde la adjudicación directa es la regla y la licitación pública la excepción.
Su cartera de clientes abarca prácticamente todo el aparato gubernamental de Tabasco y algunas delegaciones federales:
Emergencias y administración: El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), donde sobresale el contrato PE/1101/FOCOTAB/041/2020 para la compra de alimentos por un monto de $2 millones 403 mil 828.43 pesos; el contrato PE/1101/FOCOTAB/039/2020 para el mismo concepto de compraventa de alimentos por un monto de $1 millón 227 mil 163.37 pesos; los contratos, PE/1101/FOCOTAB/016/2020, por $600 mil pesos; y/o el PE/1101/FOCOTAB/014/2020, por $586 mil 600.30 pesos.
El sector salud y seguridad social: El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) concentra decenas de órdenes y contratos fraccionados -muchos de ellos repetidos bajo los mismos folios o por montos menores a los 50 mil pesos, un patrón clásico para evitar los umbrales de licitación-. Por ejemplo: para la venta de material eléctrico está el contrato ISSET/DG/DA/0078/2023 por un monto de $971 mil 893.65 pesos; contrato ISSET/DG/DA/0163/2021, por $513 mil 163.79 pesos; ISSET/DG/DA/0119/2020, $470 mil 937.31 pesos; y ISSET/DG/DA/0013/202, por $412 mil 441.50 pesos.
Organismos autónomos, poderes y entes paraestatales: La empresa también ha facturado al Congreso del Estado, al Ayuntamiento de Centro, a las secretarías de Educación, Salud, Cultura y Turismo, al parque Yumká, al Instituto Nacional de Migración (INM), al Registro Agrario Nacional (RAN) e incluso al propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Cabe señalar que la mayoría de los contratos fueron firmados por Luis Armando Flores Nájera, quien más tarde a conveniencia enajenó sus acciones a favor de su pareja.
La comparación con el caso de Hernández Casillas no es gratuita. Mientras el empresario nacional edificó un imperio suministrando materiales a los institutos electorales al amparo de relaciones políticas y concursos simulados, en Tabasco LUDATAB ha logrado sobrevivir y prosperar a través de distintos ciclos administrativos -desde 2018 hasta 2026- adaptando su giro a cualquier necesidad presupuestal de las dependencias locales.
Hoy, cuando el discurso oficial en el país y en el estado exige transparencia, fiscalización y el fin de los contratistas favoritos, el expediente de LUDATAB plantea preguntas urgentes para los órganos de control en Tabasco: ¿bajo qué criterios técnicos una misma empresa abastece por adjudicación directa a Protección Civil, al ISSET, al #Congreso y al órgano electoral? ¿Se ha auditado la posible existencia de conflictos de interés entre los socios, administradores y el servicio público? Porque en el trópico, como en el centro del país, los grandes negocios al amparo del presupuesto rara vez ocurren por obra de la casualidad.
@Isset_Tab #Tabasco #Villahermosa #IPCET #LUDATAB
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#MiOpinión
DEL PETRÓLEO AL LADRILLO: LA MUDANZA DE LOS HERMANOS ROLANDO Y JAVIER CANTÚ BARRAGÁN DE #PEMEX AL #INFONAVIT
ANTONIO CARRERA
En la administración pública de México, las mudanzas de altos funcionarios suelen venir acompañadas de sus equipos de confianza. Lo menos habitual -pero igual de revelador- es que se lleven toda la cartera de contratistas consentidos. El desembarco de Octavio Romero Oropeza en la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de su brazo derecho en Petróleos Mexicanos (Pemex), Marcos Manuel Herrería Alamina, al frente de la filial Infonavit Constructora, S.A. de C.V., parece haber traído consigo una vieja conocida de las licitaciones petroleras: la red empresarial de los hermanos Rolando y Javier Cantú Barragán -de los conglomerados Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA), Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa) y Transportaciones y Construcciones Internacionales (Tracinsa)-.
Para entender la dimensión de esta permuta del sector energético al inmobiliario, basta revisar los antecedentes. Originarios de #Reynosa, Tamaulipas, y primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú -el dueño de Grupo Higa y contratista emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto-, los hermanos Cantú Barragán han sabido navegar con destreza por todos los colores partidistas. Consolidaron sus negocios al amparo de los gobiernos priistas en #Tamaulipas, compartieron vecindario en Mission, Texas, con el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y en los últimos años tendieron puentes sólidos con la 4T, partido bajo cuyas siglas Berenice Cantú Moreno, hija de Rolando Cantú, llegó a ser primera regidora en Reynosa en 2021.
Durante el paso de Romero Oropeza y Herrería Alamina por Pemex, las empresas de esta familia acumularon contratos multimillonarios pese a haber estado bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia. Entre 2019 y 2020, recibieron adjudicaciones de Pemex Exploración y Producción como el contrato 641009834 por $594.57 millones de pesos, el 644010807 por $197.96 millones, y el bloque de contratos 644010809, 644010810 y 644010813 que, en conjunto, superaron los $1,217 millones de pesos para el manejo y transporte de hidrocarburos. Incluso en 2025, Pemex les asignó los acuerdos 5400036606 y 5400036607 por $2,700 millones y $300 millones de pesos, respectivamente.
Hoy, con el cambio de escritorio hacia Barranca del Muerto, la historia se repite bajo el cobijo del programa Viviendas del Bienestar, pero con otra razón social de la familia: Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V. (RFC IME0304236T5), constituida en Reynosa en 2003 y representada legalmente por la propia exregidora Berenice Cantú Moreno.
Los documentos oficiales del propio Infonavit dan cuenta de cómo se replicó el esquema de adjudicación directa "llave en mano" y a precio alzado:
El primer golpe en mayo de 2025: Apenas semanas después de constituirse la filial Infonavit Constructora en marzo de ese año, el 8 de mayo de 2025 se firmó el contrato CO-PVB-010-2025. El objeto: la construcción de 1,088 viviendas de carácter social en dos polígonos que suman más de 1.12 millones de metros cuadrados en Reynosa, Tamaulipas. El acuerdo fijó un pago de 550 mil pesos por vivienda por concepto de edificación -equivalente a $598 millones 400 mil pesos- más hasta 50 mil pesos por vivienda por la enajenación del suelo ($54.4 millones de pesos adicionales), alcanzando un techo global de $652 millones 800 mil pesos. Un detalle no menor: dicho contrato se suscribió exactamente ocho días antes de que TITSA detuviera sus pipas en Tamaulipas reclamando adeudos de Pemex.
La mega contratación de octubre de 2025: Cinco meses después, el 9 de octubre de 2025, las mismas partes -Iyadalid Martínez Domínguez por el Infonavit, Marcos Herrería Alamina por Infonavit Constructora y Berenice Cantú Moreno por Inmobiliarios Mexicanos- volvieron a estampar su firma en el contrato CO-PVB-136-2025. Esta vez la apuesta se triplicó: 3,392 viviendas sobre 1,593 lotes derivados de la fusión de aquellos mismos predios inscritos en Tamaulipas. El monto pactado por la construcción ascendió a 1,865 millones $600 mil pesos, sumados a hasta $169 millones 600 mil pesos por concepto de tierra, para un total de $2,035 millones 200 mil pesos.
Si se suman ambos instrumentos contractuales, en apenas cinco meses la firma de la familia Cantú Barragán aseguró compromisos con el fondo de vivienda de los trabajadores por 4,480 casas y un monto conjunto que asciende a $2,688 millones de pesos (2,464 millones por obra y hasta 224 millones por venta de terrenos), bajo esquemas que además contemplan anticipos de hasta el 30% para la ejecución de obra y del 10% para la compraventa de los predios.
La reforma constitucional y legal que permitió al Infonavit crear su propia constructora se vendió bajo la promesa de abatir costos, eliminar intermediarios y garantizar vivienda social digna. Sin embargo, al revisar quiénes firman de un lado -Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- y del otro de la mesa -los hermanos Rolando y Javier Cantú Barragán-, queda claro que en la nueva etapa del Infonavit no hubo borrón y cuenta nueva: simplemente se cambió el casco petrolero por el de albañil.
#PeñaNieto @Infonavit @Pemex @BuenGobierno_mx #ViviendasDelBienestar #4T @OctavioRomero_O
#MiOpinión
DEL PETRÓLEO AL LADRILLO: LA MUDANZA DE LOS HERMANOS ROLANDO Y JAVIER CANTÚ BARRAGÁN DE #PEMEX AL #INFONAVIT
ANTONIO CARRERA
En la administración pública de México, las mudanzas de altos funcionarios suelen venir acompañadas de sus equipos de confianza. Lo menos habitual -pero igual de revelador- es que se lleven toda la cartera de contratistas consentidos. El desembarco de Octavio Romero Oropeza en la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de su brazo derecho en Petróleos Mexicanos (Pemex), Marcos Manuel Herrería Alamina, al frente de la filial Infonavit Constructora, S.A. de C.V., parece haber traído consigo una vieja conocida de las licitaciones petroleras: la red empresarial de los hermanos Rolando y Javier Cantú Barragán -de los conglomerados Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA), Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa) y Transportaciones y Construcciones Internacionales (Tracinsa)-.
Para entender la dimensión de esta permuta del sector energético al inmobiliario, basta revisar los antecedentes. Originarios de #Reynosa, Tamaulipas, y primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú -el dueño de Grupo Higa y contratista emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto-, los hermanos Cantú Barragán han sabido navegar con destreza por todos los colores partidistas. Consolidaron sus negocios al amparo de los gobiernos priistas en #Tamaulipas, compartieron vecindario en Mission, Texas, con el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y en los últimos años tendieron puentes sólidos con la 4T, partido bajo cuyas siglas Berenice Cantú Moreno, hija de Rolando Cantú, llegó a ser primera regidora en Reynosa en 2021.
Durante el paso de Romero Oropeza y Herrería Alamina por Pemex, las empresas de esta familia acumularon contratos multimillonarios pese a haber estado bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia. Entre 2019 y 2020, recibieron adjudicaciones de Pemex Exploración y Producción como el contrato 641009834 por $594.57 millones de pesos, el 644010807 por $197.96 millones, y el bloque de contratos 644010809, 644010810 y 644010813 que, en conjunto, superaron los $1,217 millones de pesos para el manejo y transporte de hidrocarburos. Incluso en 2025, Pemex les asignó los acuerdos 5400036606 y 5400036607 por $2,700 millones y $300 millones de pesos, respectivamente.
Hoy, con el cambio de escritorio hacia Barranca del Muerto, la historia se repite bajo el cobijo del programa Viviendas del Bienestar, pero con otra razón social de la familia: Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V. (RFC IME0304236T5), constituida en Reynosa en 2003 y representada legalmente por la propia exregidora Berenice Cantú Moreno.
Los documentos oficiales del propio Infonavit dan cuenta de cómo se replicó el esquema de adjudicación directa "llave en mano" y a precio alzado:
El primer golpe en mayo de 2025: Apenas semanas después de constituirse la filial Infonavit Constructora en marzo de ese año, el 8 de mayo de 2025 se firmó el contrato CO-PVB-010-2025. El objeto: la construcción de 1,088 viviendas de carácter social en dos polígonos que suman más de 1.12 millones de metros cuadrados en Reynosa, Tamaulipas. El acuerdo fijó un pago de 550 mil pesos por vivienda por concepto de edificación -equivalente a $598 millones 400 mil pesos- más hasta 50 mil pesos por vivienda por la enajenación del suelo ($54.4 millones de pesos adicionales), alcanzando un techo global de $652 millones 800 mil pesos. Un detalle no menor: dicho contrato se suscribió exactamente ocho días antes de que TITSA detuviera sus pipas en Tamaulipas reclamando adeudos de Pemex.
La mega contratación de octubre de 2025: Cinco meses después, el 9 de octubre de 2025, las mismas partes -Iyadalid Martínez Domínguez por el Infonavit, Marcos Herrería Alamina por Infonavit Constructora y Berenice Cantú Moreno por Inmobiliarios Mexicanos- volvieron a estampar su firma en el contrato CO-PVB-136-2025. Esta vez la apuesta se triplicó: 3,392 viviendas sobre 1,593 lotes derivados de la fusión de aquellos mismos predios inscritos en Tamaulipas. El monto pactado por la construcción ascendió a 1,865 millones $600 mil pesos, sumados a hasta $169 millones 600 mil pesos por concepto de tierra, para un total de $2,035 millones 200 mil pesos.
Si se suman ambos instrumentos contractuales, en apenas cinco meses la firma de la familia Cantú Barragán aseguró compromisos con el fondo de vivienda de los trabajadores por 4,480 casas y un monto conjunto que asciende a $2,688 millones de pesos (2,464 millones por obra y hasta 224 millones por venta de terrenos), bajo esquemas que además contemplan anticipos de hasta el 30% para la ejecución de obra y del 10% para la compraventa de los predios.
La reforma constitucional y legal que permitió al Infonavit crear su propia constructora se vendió bajo la promesa de abatir costos, eliminar intermediarios y garantizar vivienda social digna. Sin embargo, al revisar quiénes firman de un lado -Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- y del otro de la mesa -los hermanos Rolando y Javier Cantú Barragán-, queda claro que en la nueva etapa del Infonavit no hubo borrón y cuenta nueva: simplemente se cambió el casco petrolero por el de albañil.
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LA COFRADÍA DEL #INFONAVIT YA REPARTIÓ $206 MIL 655 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR MÁS DE 366 MIL VIVIENDAS DEL #BIENESTAR
ANTONIO CARRERA
La ‘Cofradía del Infonavit’, encabezada por Octavio Romero Oropeza y Marco Manuel Herrería Alamina, había adjudicado hasta el pasado 8 de octubre de 2026 de manera directa -sin licitación de por medio y bajo sospecha a empresa a modo- un gigantesco fondo público que asciende a los $206 mil 655 millones 964 mil 744.57 pesos para edificar 366 mil 600 acciones de vivienda de interés social. Sin duda el programa es benévolo y atiende una deuda histórica de viviendas a lo largo y ancho del país. Lo cuestionable es el cómo se entregan los contratos y quién se beneficia con ellos.
El mapa geográfico del presupuesto expone un sesgo quirúrgico. Existe una alineación indiscutible entre los estados gobernados por Morena y las entidades federativas que lideran de forma absoluta la recepción del dinero federal. El primer lugar nacional le pertenece a #Veracruz, gobernado por el oficialismo a través de Rocío Nahle, que absorbió la suma de $23 mil 827 millones de pesos para levantar más de 42 mil casas. La segunda rebanada del pastel presupuestal se la queda #Yucatán, gobernado por el morenista Joaquín ‘Huacho’ Díaz, con $21 mil 179 millones de pesos; #Tamaulipas, del ¿cuatrotero’ de Américo Villareal, se han invertido $20 mil 878 millones de pesos; #Tabasco, gobernado por Javier May -socio en la empresa ‘La Mercocha’ tanto de Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina- con $19 mil 621 millones de pesos; #QuintanaRoo, gobernado por María Hermelinda Lezama, con $16 mil 165 MDP.
Por su parte, los gobiernos de oposición reciben menos: #Aguascalientes, gobernado por la panista María Jiménez Esquivel, recibió una inversión de $1,228 MDP para construir solo 2 mil 136 viviendas; #Jalisco, del ‘emecista’ Jesús Pablo Lemus, solo una inversión de $1,655 millones de pesos para construir 2 mil 916 casas de interés social; y #Querétaro, de Mauricio Kuri (PAN), con $1,214 MDP para 2 mil 174 viviendas.
Pero el verdadero escándalo periodístico estalla al cruzar los montos con los nombres y apellidos de quienes controlan las constructoras más beneficiadas. La cima de la pirámide de cemento la ocupa Construcciones Ricbor, S.A. de C.V., un consorcio ligado directamente al empresario Jesús Antonio Borboa García. Esta firma acaparó contratos acumulados por $7 mil 129 millones de pesos para operar de forma interestatal en Sinaloa, Baja California y el propio estado de #Tabasco. Borboa García es un viejo conocido del sector de infraestructura que ha sabido mutar y expandirse al ritmo de los sexenios, consolidando a Ricbor como el contratista hegemónico del programa.
Inmediatamente abajo se ubica otra firma envuelta en polémicas por la concentración de contratos en el edén tropical: Interservicios de Tabasco, beneficiada con más de $6,889 millones de pesos en asignaciones. La firma ha sido señalada por la obtención de contratos millonarios en #Pemex e Infonavit, en ambos casos con Octavio Romero y Marco Manuel Herrería. Recientemente obtuvo un contrato petrolero que ronda en los 41 millones de dólares; además de la adquisición, a precio de ganga, del predio donde se ubicaba el Gimnasio del Parque La Choca en Tabasco.
Sin embargo, uno de los perfiles más controvertidos en la base de datos es el del Grupo de Ingenieros Mexicanos, consorcio vinculado a los hermanos Aldo Fabián Santos Ruiz y Abraham Santos Ruiz. Estos empresarios controlan el poderoso grupo ESEASA Offshore, un contratista de gran peso en la industria energética que ha obtenido multimillonarios contratos con Pemex. Que los mismos operadores de las mega estructuras petroleras en #Altamira, #Tamaulipas, hayan amarrado contratos habitacionales por más de $3,310 millones de pesos expone cómo las élites del contratismo federal se reciclan y diversifican dentro de las bolsas del bienestar.
La lista de empresas bajo la lupa incluye también a Construcciones Aryve, ligada al influyente desarrollador Eduardo José Vela Aragón (propietario de la cadena de lujo Velas Resorts). Aryve arrastra un largo historial de quejas ciudadanas y señalamientos en Tamaulipas por la entrega de fraccionamientos con deficiencias estructurales, vicios ocultos y desabasto de servicios básicos. A pesar de estos antecedentes de conflicto con los derechohabientes, los folios revelan que Aryve recibió una inyección presupuestal masiva que supera los $2,990 millones de pesos repartidos estratégicamente en los municipios fronterizos de Altamira, Matamoros y Reynosa.
A la par de estos gigantes, el anonimato de firmas como Salve Habitacional levanta alarmas sobre los esquemas de subcontratación. Esta razón social aparece de forma fragmentada en los registros nacionales operando bajo consorcios como Alora Desarrollos y Enlaces Comerciales Bienes Raíces, vinculados a Alejandro Miguel Chávez de la Garza. Esta red logró dispersar contratos masivos que suman más de $4,300 millones de pesos en Tamaulipas, #NuevoLeón y San Luis Potosí. El modus operandi de pulverizar las asignaciones en múltiples folios estatales suele ser una bandera roja para fragmentar contratos y evadir las alertas de competencia de la Cofece.
Asimismo, en el noroeste destaca Jase Desarrollos, Construcción y Supervisión, consorcio que acaparó $1,966 millones de pesos en #Culiacán, #Sinaloa. Esta firma, que habitualmente compite por obras viales y malecones con el gobierno sinaloense, fue habilitada de la noche a la mañana para el desarrollo masivo de vivienda habitacional, evidenciando que los criterios técnicos de especialización pasaron a segundo término frente a las redes de proveeduría local.
O el caso de Comercializadora Ala Blanca, S.A. de C.V., donde aparece como accionista o socios Rodrigo Rodolfo García Rendón Von Bertrab, quien fue asesor en el Pemex de Octavio Romero Oropeza, que se llevó el contrato CO-PVB-057-2025 para la edificación de 1,752 "Viviendas del Bienestar" en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un monto de $962.1 millones de pesos.
Ni decir del efecto Tabasco, donde la empresa tabasqueña MGM Servicios, S. de R.L. de C.V. (de la socia Doris Rabelo Hartmann) que tiene que recorrer 2,187 kilómetros para construir 2 mil 552 viviendas del bienestar en municipios de #Sinaloa, por un monto de $1,518 millones 709 mil 539 pesos en 2026.
HASTA PARIENTES DE MURILLO KARAM SE LLEVAN SU REBANADA
Cabe señalar que en el estado de #Hidalgo, INFONAVIT otorgó a la empresa HIVACO S.A. de C.V. un contrato para construir 2,408 viviendas de interés social por un monto de $1,324 millones de pesos.
Hasta ahí todo bien, pero cuando te metes a revisar los documentos de la empresa, salen a relucir apellidos ilustres de la política y las época neoliberal -dijera AMLO- más específicamente ligados al ex gobernador de Hidalgo y ex Procurador General de la República con EPN, nos referimos a Jesús Murillo Karam (fallecido en abril de 2026). Resulta que entre los socios o accionistas aparecen Jaime Sergio Murillo Karam (hermano del político priista) y sus hijos Jaime Sergio y Zayne María Murillo Arredondo.
@Infonavit @BuenGobierno_mx #Martes10 #4T #ViviendasDelBienestar
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#MiOpinión
¿El nuevo Hernández Casillas del trópico? El expediente de LUDATAB en #Tabasco y sus ‘contratos hormiga’ por $23.9 MDP
ANTONIO CARRERA
En política, las coincidencias suelen ser apenas el disfraz de las estructuras. Mientras a nivel nacional los reflectores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción apuntan hacia la red empresarial de José Alfredo Hernández Casillas -el contratista predilecto de Taddei y OPLES-, en Tabasco parece replicarse un modelo de negocios a escala estatal con el mismo manual de operación: una razón social versátil, vínculos familiares en el acta constitutiva y una lluvia incesante de adjudicaciones directas.
El nombre de la firma es LUDATAB, S.A. de C.V. (RFC: LUD141213KS9), constituida en diciembre de 2014 ante la Notaría Pública Número 4 de Villahermosa, con un capital social mínimo de apenas 50 mil pesos. De acuerdo con su inscripción en el Registro Público de Comercio, LUDATAB nació como una auténtica "empresa todóloga": en su objeto social cabe lo mismo la compraventa de vehículos y autopartes que la representación de artistas, la organización de espectáculos, la operación de bares y discotecas, el mantenimiento de edificios, el suministro de equipo de cómputo y hasta la venta de material quirúrgico.
Detrás de este abanico comercial aparece una estructura estrictamente familiar. En 2014, la sociedad fue fundada por Luis Armando Flores Nájera (con el 55% de las acciones y el cargo de Administrador Único) y Daniela Flores Quevedo (con el 45% restante), compartiendo ambos el mismo domicilio en el Fraccionamiento Framboyanes de la capital tabasqueña. Casi nueve años después, mediante una asamblea extraordinaria celebrada en octubre de 2023 y protocolizada en noviembre de ese año, se ejecutó un relevo interno: Flores Nájera cedió de manera gratuita la totalidad de sus acciones a Rosa Nelly Quevedo Gurría (quien aparece junto a él en la fotografía compartida), dejando la administración única en manos de Daniela Flores Quevedo, registrada en el propio documento mercantil con la calidad de servidor público.
Más allá de los movimientos societarios, lo que llama poderosamente la atención es la eficacia financiera de la compañía frente al erario. Según el desglose de contratación pública entre 2022 y 2026, LUDATAB ha acumulado un total de 445 ‘contratos hormigas’ variados, cuyos montos van desde los 87 pesos hasta los $2,403,828.43 pesos, sumando un monto global que asciende a los $23 millones 929 mil 388.54 pesos, operando bajo un esquema donde la adjudicación directa es la regla y la licitación pública la excepción.
Su cartera de clientes abarca prácticamente todo el aparato gubernamental de Tabasco y algunas delegaciones federales:
Emergencias y administración: El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), donde sobresale el contrato PE/1101/FOCOTAB/041/2020 para la compra de alimentos por un monto de $2 millones 403 mil 828.43 pesos; el contrato PE/1101/FOCOTAB/039/2020 para el mismo concepto de compraventa de alimentos por un monto de $1 millón 227 mil 163.37 pesos; los contratos, PE/1101/FOCOTAB/016/2020, por $600 mil pesos; y/o el PE/1101/FOCOTAB/014/2020, por $586 mil 600.30 pesos.
El sector salud y seguridad social: El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) concentra decenas de órdenes y contratos fraccionados -muchos de ellos repetidos bajo los mismos folios o por montos menores a los 50 mil pesos, un patrón clásico para evitar los umbrales de licitación-. Por ejemplo: para la venta de material eléctrico está el contrato ISSET/DG/DA/0078/2023 por un monto de $971 mil 893.65 pesos; contrato ISSET/DG/DA/0163/2021, por $513 mil 163.79 pesos; ISSET/DG/DA/0119/2020, $470 mil 937.31 pesos; y ISSET/DG/DA/0013/202, por $412 mil 441.50 pesos.
Organismos autónomos, poderes y entes paraestatales: La empresa también ha facturado al Congreso del Estado, al Ayuntamiento de Centro, a las secretarías de Educación, Salud, Cultura y Turismo, al parque Yumká, al Instituto Nacional de Migración (INM), al Registro Agrario Nacional (RAN) e incluso al propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Cabe señalar que la mayoría de los contratos fueron firmados por Luis Armando Flores Nájera, quien más tarde a conveniencia enajenó sus acciones a favor de su pareja.
La comparación con el caso de Hernández Casillas no es gratuita. Mientras el empresario nacional edificó un imperio suministrando materiales a los institutos electorales al amparo de relaciones políticas y concursos simulados, en Tabasco LUDATAB ha logrado sobrevivir y prosperar a través de distintos ciclos administrativos -desde 2018 hasta 2026- adaptando su giro a cualquier necesidad presupuestal de las dependencias locales.
Hoy, cuando el discurso oficial en el país y en el estado exige transparencia, fiscalización y el fin de los contratistas favoritos, el expediente de LUDATAB plantea preguntas urgentes para los órganos de control en Tabasco: ¿bajo qué criterios técnicos una misma empresa abastece por adjudicación directa a Protección Civil, al ISSET, al #Congreso y al órgano electoral? ¿Se ha auditado la posible existencia de conflictos de interés entre los socios, administradores y el servicio público? Porque en el trópico, como en el centro del país, los grandes negocios al amparo del presupuesto rara vez ocurren por obra de la casualidad.
@Isset_Tab #Tabasco #Villahermosa #IPCET #LUDATAB
Antonio Carrera retweeted
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42 mil millones de pesos para Carreteras de Bienestar: GAMI entre los afortunados ganadores
ANTONIO CARRERA
Las recientes adjudicaciones de megaproyectos carreteros bajo el amparo de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB) marcan el banderazo de salida para obras, que, si bien representan mejor conectividad al país, la contratación de los de siempre, entre ellas GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. – que lo mismo ha ganado contratos para construir tramos del Tren Maya o del Tren Querétaro-Saltillo- deja una estela de dudas y sospechosismo.
La asignación simultánea de más de 42 mil millones de pesos a un puñado de firmas obliga a confirmar que se está fraguando un monopolio de infraestructura blindado por la opacidad del "bienestar".
Analizando los fallos emitidos en noviembre de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), salta a la vista el gigantismo de los montos y un patrón de asignación sumamente concentrado:
Libramiento Tamazunchale (San Luis Potosí): Adjudicado a la empresa Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. por un monto con IVA de $1,479,375,712.76 pesos. Consiste en construir un cuerpo nuevo de dos carriles en una longitud de 9.564 km, incluyendo los puentes "Palictla I", "Palictla II" y "Moctezuma", además de dos entronques.
La empresa y sus socios arrastran negros antecedentes históricos -como el desplome de infraestructura vial en el Distribuidor Benito Juárez en 2019- además coinciden con severas protestas de constructores locales que acusan un descarado favoritismo por parte del nuevo delegado federal de la SICT, Eli César Cervantes Rojas, a quien señalan de revivir las peores prácticas del clientelismo y del "moche" corporativo.
Carretera Villahermosa - Francisco Escárcega (Campeche): Otorgada a un megapropuesta conjunta encabezada por puras empresas chiapanecas: The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V., junto a Proyectos y Construcciones Virgo, ALZ Construcciones, Constructora Gervisur, Coyatoc Construcciones y Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil. El contrato asciende a la estratosférica cifra de $9,676,769,281.25 pesos (con IVA) para la modernización del ancho de corona de 12 a 23 metros en un tramo de 67 kilómetros, incluyendo pasos superiores e inferiores.
No es coincidencia que José Antonio Ramírez Culebro, quien es director ejecutivo de construcción y modernización de carreteras federal de la SICT, sea oriundo de mismísimo estado de Chiapas.
Carretera Guaymas - Esperanza - Yécora - Chihuahua (Tramos Sonora y Chihuahua): El gran ganador de este eje es el consorcio Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V., administrada por el michoacano Martín Alejandro Carmona Solórzano, que se llevó el Tramo Hornos-Tesopaco-San Nicolás (Sonora) por $3,637,205,588.95 pesos y el Tramo San Nicolás-Límite de Estados (Sonora) por $4,187,537,260.04 pesos. Por si fuera poco, el tramo complementario en Chihuahua fue asignado a MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. por $8,846,845,744.35 pesos. Las obras implican la modernización, conservación rutinaria y construcción de decenas de puentes a lo largo de cientos de kilómetros.
Detrás de MERP Edificaciones y Terracerías, figura como dueño Julio César Mercado Rodríguez, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, cuya empresa ha acumulado fuertes señalamientos locales por la presunta adjudicación irregular de contratos millonarios directamente validados por comités locales donde él mismo participa.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Morelos y Puebla, Tramo Jantetelco-Izúcar de Matamoros): Adjudicado al consorcio integrado por Supra Construcciones, S.A. de C.V., de Amadeo César Favela Pérez, GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V. El contrato asciende a $3,957,108,310.10 pesos (con IVA) para modernizar 35.2 km de longitud (terracerías, drenaje, concreto asfáltico y estructuras) y realizar conservación rutinaria y periódica a lo largo de un tramo total de 132.7 km.
Del favoritismo en la 4T a favor de GAMI, dirigida por Manuel Guillermo Muñoz Cano Castro, ya hemos hablado mucho.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Puebla, Tramo Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio): Otorgado al convenio conjunto entre Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V. de Héctor Manuel Velázquez Garza, Pablo Encarnación Garza Chapa y Eduardo Sepúlveda Duarte, y Java Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. de Alejandra Yadira Ruiz Solís y Javier Trujillo Ávila, por un monto con IVA de $6,375,916,992.21 pesos. La obra abarca la modernización de 18.0 km de terracerías y pavimentos, el entronque Palomas-Límite de Estados (50.96 km) y trabajos generalizados de conservación rutinaria en 80.0 km de la ruta MEX-190.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Guerrero, Tramo Límite de Estados-Tlapa de Comonfort): Asignado al convenio de participación solidaria de las firmas Grupo Cyrma Mart, S.A. de C.V. de Fidel Hugo Martínez Méndez, y Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V., de Justino Maganda Arcos, por un costo total de $4,755,683,240.05 pesos con IVA incluido. Contempla trabajos integrales de modernización y conservación rutinaria en una longitud de 59.50 km en territorio guerrerense.
Todas estas obras comparten una rigurosa e idéntica ventana de ejecución de 1,460 días naturales. Los trabajos están programados para arrancar a más tardar el 16 de noviembre de 2026, con una fecha de conclusión prevista para noviembre de 2030.
El esquema financiero planteado es, cuando menos, audaz: las empresas absorben el costo inicial de la inversión sin recibir anticipos gubernamentales, y el Estado comenzará a liquidar los compromisos en una ventana diferida que va de junio de 2029 a diciembre de 2030. No obstante, este modelo transfiere una enorme presión al erario futuro debido a las tasas de interés pactadas (del 11.524% nominal anual), lo que encarecerá de manera exponencial el costo final de las obras a través del rubro "Pago por Diferimiento".
Hay que señalar que, de las 18 licitaciones que la SICT lanzó bajo la modalidad de proyectos estratégicos, un total de 10 fueron declaradas desiertas y solo ocho fueron adjudicadas.
@SICTmx #Villahermosa #Escárcega #Tabasco #SanLuisPotosí #Campeche #Puebla #Guerrero #TaddeiEsDeMorena #Lopez @BuenGobierno_mx
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Triste enterarse de la partida de amigos entrañables como @columnacayuco Hasta siempre!!!
#MiOpinión
42 mil millones de pesos para Carreteras de Bienestar: GAMI entre los afortunados ganadores
ANTONIO CARRERA
Las recientes adjudicaciones de megaproyectos carreteros bajo el amparo de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB) marcan el banderazo de salida para obras, que, si bien representan mejor conectividad al país, la contratación de los de siempre, entre ellas GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. – que lo mismo ha ganado contratos para construir tramos del Tren Maya o del Tren Querétaro-Saltillo- deja una estela de dudas y sospechosismo.
La asignación simultánea de más de 42 mil millones de pesos a un puñado de firmas obliga a confirmar que se está fraguando un monopolio de infraestructura blindado por la opacidad del "bienestar".
Analizando los fallos emitidos en noviembre de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), salta a la vista el gigantismo de los montos y un patrón de asignación sumamente concentrado:
Libramiento Tamazunchale (San Luis Potosí): Adjudicado a la empresa Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. por un monto con IVA de $1,479,375,712.76 pesos. Consiste en construir un cuerpo nuevo de dos carriles en una longitud de 9.564 km, incluyendo los puentes "Palictla I", "Palictla II" y "Moctezuma", además de dos entronques.
La empresa y sus socios arrastran negros antecedentes históricos -como el desplome de infraestructura vial en el Distribuidor Benito Juárez en 2019- además coinciden con severas protestas de constructores locales que acusan un descarado favoritismo por parte del nuevo delegado federal de la SICT, Eli César Cervantes Rojas, a quien señalan de revivir las peores prácticas del clientelismo y del "moche" corporativo.
Carretera Villahermosa - Francisco Escárcega (Campeche): Otorgada a un megapropuesta conjunta encabezada por puras empresas chiapanecas: The Fuentes Corporation Mexican Filial, S.A. de C.V., junto a Proyectos y Construcciones Virgo, ALZ Construcciones, Constructora Gervisur, Coyatoc Construcciones y Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil. El contrato asciende a la estratosférica cifra de $9,676,769,281.25 pesos (con IVA) para la modernización del ancho de corona de 12 a 23 metros en un tramo de 67 kilómetros, incluyendo pasos superiores e inferiores.
No es coincidencia que José Antonio Ramírez Culebro, quien es director ejecutivo de construcción y modernización de carreteras federal de la SICT, sea oriundo de mismísimo estado de Chiapas.
Carretera Guaymas - Esperanza - Yécora - Chihuahua (Tramos Sonora y Chihuahua): El gran ganador de este eje es el consorcio Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, S.A. de C.V., administrada por el michoacano Martín Alejandro Carmona Solórzano, que se llevó el Tramo Hornos-Tesopaco-San Nicolás (Sonora) por $3,637,205,588.95 pesos y el Tramo San Nicolás-Límite de Estados (Sonora) por $4,187,537,260.04 pesos. Por si fuera poco, el tramo complementario en Chihuahua fue asignado a MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. por $8,846,845,744.35 pesos. Las obras implican la modernización, conservación rutinaria y construcción de decenas de puentes a lo largo de cientos de kilómetros.
Detrás de MERP Edificaciones y Terracerías, figura como dueño Julio César Mercado Rodríguez, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, cuya empresa ha acumulado fuertes señalamientos locales por la presunta adjudicación irregular de contratos millonarios directamente validados por comités locales donde él mismo participa.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Morelos y Puebla, Tramo Jantetelco-Izúcar de Matamoros): Adjudicado al consorcio integrado por Supra Construcciones, S.A. de C.V., de Amadeo César Favela Pérez, GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V. El contrato asciende a $3,957,108,310.10 pesos (con IVA) para modernizar 35.2 km de longitud (terracerías, drenaje, concreto asfáltico y estructuras) y realizar conservación rutinaria y periódica a lo largo de un tramo total de 132.7 km.
Del favoritismo en la 4T a favor de GAMI, dirigida por Manuel Guillermo Muñoz Cano Castro, ya hemos hablado mucho.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Puebla, Tramo Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio): Otorgado al convenio conjunto entre Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V. de Héctor Manuel Velázquez Garza, Pablo Encarnación Garza Chapa y Eduardo Sepúlveda Duarte, y Java Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. de Alejandra Yadira Ruiz Solís y Javier Trujillo Ávila, por un monto con IVA de $6,375,916,992.21 pesos. La obra abarca la modernización de 18.0 km de terracerías y pavimentos, el entronque Palomas-Límite de Estados (50.96 km) y trabajos generalizados de conservación rutinaria en 80.0 km de la ruta MEX-190.
Eje Cuautla - Tlapa - Marquelia (Guerrero, Tramo Límite de Estados-Tlapa de Comonfort): Asignado al convenio de participación solidaria de las firmas Grupo Cyrma Mart, S.A. de C.V. de Fidel Hugo Martínez Méndez, y Edificaciones y Obras Civiles Romacal, S.A. de C.V., de Justino Maganda Arcos, por un costo total de $4,755,683,240.05 pesos con IVA incluido. Contempla trabajos integrales de modernización y conservación rutinaria en una longitud de 59.50 km en territorio guerrerense.
Todas estas obras comparten una rigurosa e idéntica ventana de ejecución de 1,460 días naturales. Los trabajos están programados para arrancar a más tardar el 16 de noviembre de 2026, con una fecha de conclusión prevista para noviembre de 2030.
El esquema financiero planteado es, cuando menos, audaz: las empresas absorben el costo inicial de la inversión sin recibir anticipos gubernamentales, y el Estado comenzará a liquidar los compromisos en una ventana diferida que va de junio de 2029 a diciembre de 2030. No obstante, este modelo transfiere una enorme presión al erario futuro debido a las tasas de interés pactadas (del 11.524% nominal anual), lo que encarecerá de manera exponencial el costo final de las obras a través del rubro "Pago por Diferimiento".
Hay que señalar que, de las 18 licitaciones que la SICT lanzó bajo la modalidad de proyectos estratégicos, un total de 10 fueron declaradas desiertas y solo ocho fueron adjudicadas.
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Perdóname Guadalupe Taddei por manchar tu impoluta trayectoria en los organismo electorales e INE (sarcasmo)
🕵🏻🔎 Peritaje forense revela que los videos difundidos por @latinus_us sobre Guadalupe Taddei habrían sido editados 📹
📍 El analista Hernán Gómez presentó el dictamen que detectó alteraciones, cambios de volumen y diferencias entre entregas.
🗣️ "Nadie puede confirmar la autenticidad de las conversaciones; las audiencias merecen información totalmente transparente", señaló.
#INE #GuadalupeTaddei #HernanGomez #Latinus #Medios #Noticias
Antonio Carrera retweeted
#MiOpinión
Y sigue el "Clan Biomédica" ganando contratos en BIRMEX; Prevención y Soluciones K-B SA se lleva $1,089 millones de pesos
ANTONIO CARRERA
La multimillonaria adjudicación a la empresa Prevención y Soluciones K-B, S.A. de C.V. por más de 1,089 millones de pesos dentro de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos por parte de BIRMEX sigue confirmando que los malos antecedentes de socios, accionistas y empresas importan una madre.
Es #MiOpinión
columnaperforando.blogspot.c…
@Birmex #BuenosDías #FindeSemana #Sábado #Salud #4T
Antonio Carrera retweeted
Empresas de Jack Landsmanas, señaladas por presuntos sobornos en contratos de comedores del INE
ANTONIO CARRERA
Productos Serel y La Cosmopolitana, compañías vinculadas al empresario Jack Landsmanas, fueron señaladas por presuntos pagos irregulares relacionados con la prestación de servicios de alimentación en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una investigación que presentó nuevas grabaciones sobre el caso.
El material difundido por Latinus muestra conversaciones entre Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. En uno de los intercambios, este último habla de entregas mensuales por un millón y medio de pesos atribuidas a La Cosmopolitana, a cambio de mantener la operación de los comedores.
Los señalamientos están relacionados con un contrato que el INE firmó el 25 de abril de 2025 con Productos Serel, por un monto máximo de 112 millones 404 mil pesos, para proporcionar alimentos en nueve comedores del organismo ubicados en la Ciudad de México y Pachuca. El acuerdo tuvo una vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
Según el reportaje de los periodistas Mauricio Rubí y Mario Gutiérrez Vega, en las grabaciones Hernández Casillas hace referencia a un pago equivalente al 15 por ciento del monto máximo del contrato de Productos Serel, lo que representaría cerca de 17 millones de pesos. En la misma conversación señala que ese dinero formaría parte de las cantidades que se entregaban mensualmente y menciona que podría existir otro 15 por ciento destinado a una tercera persona.
La relación entre las dos compañías señaladas se encuentra en su estructura corporativa: Productos Serel y La Cosmopolitana forman parte del Corporativo Kosmos, encabezado por Landsmanas. Este grupo empresarial ha recibido más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la investigación.
En otro momento de la conversación, fechada el 16 de febrero, Hernández Casillas plantea que él mismo se encargaría de las negociaciones para renovar el servicio de comedores y propone conservar a la misma empresa. Durante ese intercambio también se hace referencia a los señalamientos contra Landsmanas por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de drogas a centros penitenciarios, donde su corporativo también proporciona servicios de alimentación.
La investigación expone, además, que Productos Serel recibió en mayo de 2025 otra adjudicación del INE, por 1.2 millones de pesos, para entregar paquetes de alimentos al personal que participó en la elección del Poder Judicial.
A los contratos con el organismo electoral se suma el antecedente de las operaciones comerciales de Productos Serel en Venezuela. El reportaje señala que la empresa vendió alimentos a sobreprecio y en malas condiciones al gobierno de Nicolás Maduro y, según la publicación, es investigada en Estados Unidos por posibles operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares.
Por su parte, Corporativo Kosmos describe en su página institucional que cuenta con más de 60 años de experiencia en servicios de alimentación y destaca su capacidad financiera, logística y operativa. En contraste, la investigación de Latinus expone presuntos pagos relacionados con los contratos de sus empresas en el INE y cuestiona las condiciones en que se habrían mantenido esas relaciones comerciales.
@INEMexico @BuenGobierno_mx #INE #TadeiiEsMorena
seguimos en vivo la comparecencia del director general de @Pemex: Juan Carlos Carpio Fragoso facebook.com/camaradediputad…
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Empresas de Jack Landsmanas, señaladas por presuntos sobornos en contratos de comedores del INE
ANTONIO CARRERA
Productos Serel y La Cosmopolitana, compañías vinculadas al empresario Jack Landsmanas, fueron señaladas por presuntos pagos irregulares relacionados con la prestación de servicios de alimentación en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una investigación que presentó nuevas grabaciones sobre el caso.
El material difundido por Latinus muestra conversaciones entre Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. En uno de los intercambios, este último habla de entregas mensuales por un millón y medio de pesos atribuidas a La Cosmopolitana, a cambio de mantener la operación de los comedores.
Los señalamientos están relacionados con un contrato que el INE firmó el 25 de abril de 2025 con Productos Serel, por un monto máximo de 112 millones 404 mil pesos, para proporcionar alimentos en nueve comedores del organismo ubicados en la Ciudad de México y Pachuca. El acuerdo tuvo una vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
Según el reportaje de los periodistas Mauricio Rubí y Mario Gutiérrez Vega, en las grabaciones Hernández Casillas hace referencia a un pago equivalente al 15 por ciento del monto máximo del contrato de Productos Serel, lo que representaría cerca de 17 millones de pesos. En la misma conversación señala que ese dinero formaría parte de las cantidades que se entregaban mensualmente y menciona que podría existir otro 15 por ciento destinado a una tercera persona.
La relación entre las dos compañías señaladas se encuentra en su estructura corporativa: Productos Serel y La Cosmopolitana forman parte del Corporativo Kosmos, encabezado por Landsmanas. Este grupo empresarial ha recibido más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la investigación.
En otro momento de la conversación, fechada el 16 de febrero, Hernández Casillas plantea que él mismo se encargaría de las negociaciones para renovar el servicio de comedores y propone conservar a la misma empresa. Durante ese intercambio también se hace referencia a los señalamientos contra Landsmanas por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de drogas a centros penitenciarios, donde su corporativo también proporciona servicios de alimentación.
La investigación expone, además, que Productos Serel recibió en mayo de 2025 otra adjudicación del INE, por 1.2 millones de pesos, para entregar paquetes de alimentos al personal que participó en la elección del Poder Judicial.
A los contratos con el organismo electoral se suma el antecedente de las operaciones comerciales de Productos Serel en Venezuela. El reportaje señala que la empresa vendió alimentos a sobreprecio y en malas condiciones al gobierno de Nicolás Maduro y, según la publicación, es investigada en Estados Unidos por posibles operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares.
Por su parte, Corporativo Kosmos describe en su página institucional que cuenta con más de 60 años de experiencia en servicios de alimentación y destaca su capacidad financiera, logística y operativa. En contraste, la investigación de Latinus expone presuntos pagos relacionados con los contratos de sus empresas en el INE y cuestiona las condiciones en que se habrían mantenido esas relaciones comerciales.
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ANTONIO CARRERA
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