Una de las cosas más reveladoras del escándalo de las rebajas de condenas es la justificación del Gobierno que apeló a una supuesta eficacia administrativa para evitar litigios y procedimientos innecesarios. Pero ¿eficacia para qué? No existía jurisprudencia uniforme ni faltaban motivos para que el Estado siguiera defendiendo ante los tribunales una interpretación restrictiva de esos beneficios. Esta justificación revela una concepción empobrecida y casi caricaturesca del Estado por parte de quienes hoy gobiernan. Durante años lo han desacreditado presentándolo como grasa, burocracia y un obstáculo para la sociedad. Cristián Valenzuela, figura del Segundo Piso de La Moneda, escribió una columna titulada «Parásitos» para criticar a funcionarios públicos y hoy percibe remuneraciones de hasta $8,9 millones mensuales. Quienes antes despreciaban el aparato estatal hoy ejercen sus potestades y deben responder por sus consecuencias. Desde esa mirada se entienden mejor las decisiones de Rabat. Reducir gastos, eliminar obstáculos y acelerar procedimientos parecen objetivos suficientes. El problema es que confunden la eficiencia administrativa con los fines que el Estado tiene la obligación de cumplir. El Estado no es una empresa. No administra solamente recursos. Administra confianza. Sus actuaciones tienen dimensiones jurídicas, políticas y simbólicas que no pueden reducirse a indicadores de productividad. Defender judicialmente una interpretación restrictiva de beneficios penitenciarios no es simplemente financiar abogados sino ejercer una responsabilidad institucional. Aquello que el Gobierno considera un gasto innecesario puede ser precisamente una función que el Estado tiene el deber de cumplir. La contradicción es que esa misma preocupación por la eficacia desapareció cuando se trataba de anticipar las consecuencias de sus decisiones. El Gobierno terminó suspendiendo procedimientos y enviando apresuradamente un proyecto de ley para enfrentar un problema jurídico que ya existía. ¿Por qué la urgencia legislativa apareció solo después del escándalo? El supuesto ahorro terminó generando nuevos costos y un considerable daño a la confianza institucional. ¿De qué sirve un Estado eficaz tramitando decretos si el Gobierno no demuestra la misma eficacia para anticipar sus consecuencias? Gobernar exige comprender el poder que se ejerce y no solamente cuadrar presupuestos.

Alvarado se deslinda de la responsabilidad que le cabe al sector gobernante por haber creado irresponsablemente esas expectativas. Al atribuir el problema a las altas expectativas de la ciudadanía, traslada la responsabilidad a quienes creyeron en sus promesas, en lugar de asumir la de quienes las hicieron. Durante la campaña, en reiteradas ocasiones, prometieron una rápida reactivación del empleo, las inversiones y la actividad económica como resultado de sus reformas. Y no solo en el plano económico, sino prácticamente en todos los ámbitos. Algunas de esas promesas fueron derechamente mentiras, como la construcción de una zanja que terminó en el ridículo, o la expulsión de 300 mil inmigrantes, acompañada de una cuenta regresiva que insultaba la inteligencia de cualquier persona sensata, salvo, claro, por el rédito político y electoral que les reportaba. Asuman la responsabilidad por el daño que le han causado a la credibilidad de la política. Solo queda esperar que ese daño sea reversible. Esta forma de hacer política es la que usted representa, señor Alvarado. Constituye un pésimo precedente para Chile y ojalá sea un error en el que no volvamos a incurrir, por la tremenda irresponsabilidad que significa.

Esta cuenta también muestra lo importante que es elegir bien el escenario de comparación. Si se compara desde enero de 2025 y en pesos nominales, el Fondo E se ve al alza. Pero si se compara desde enero de 2020 y en términos reales (considerando inflación), el afiliado está 4% más abajo. A lo que él plantea, que faltan las comisiones, me permito agregarlas en la línea verde (supuesto: comisión equivalente de 0,6% anual sobre el saldo). Y el resultado es peor: desde enero de 2020, el afiliado del Fondo E está cerca de 8% más abajo en términos reales. Casi siete años en el fondo “más conservador”, pagando comisiones todos los meses, para terminar con menos poder de compra que al principio.

Las AFP están difundiendo ejemplos para transmitir que las pensiones siguen prácticamente iguales pese a las pérdidas de los fondos, como ocurre en esta nota de El Mercurio. El problema con esa explicación es que es falsa. Ignacio Briones es más generoso y habla de que se les olvidó un “pequeño detalle”. Ese detalle es la inflación: los ejemplos de las AFP recogidos en la nota no la descuentan al comparar las pensiones. Cuprum muestra que la pensión estimada de un hombre en el fondo E baja de $553.090 en enero a $544.515 en octubre: un 1,6%. Al corregir esa comparación por inflación, usando los valores de la UF que publica la propia administradora, la pérdida alcanza cerca de 5%. Esa pérdida real no aparece en el ejemplo que, al parecer, las mismísimas AFP les pasaron a quienes elaboraron esta nota. Los periodistas o responsables de publicarla fueron muy prolijos en la omisión de la inflación, pero muy desprolijos en verificar estos mismos números de la forma en que yo mismo lo estoy explicando ahora. Segundo, que las tasas amortigüen la caída de la pensión no significa que se haya recuperado el ahorro perdido. Una tasa de cálculo mayor permite estimar una mensualidad más alta con el mismo saldo. Eso compensa parte del golpe; no devuelve el dinero perdido a la cuenta del afiliado. Esa misma tasa habría permitido una pensión mayor si se hubieran conservado más ahorros. Esa compensación en el cálculo no borra el daño ni demuestra que los recursos se hayan administrado bien. Lo preocupante de esta estrategia de las AFP, que están en su derecho de tener, es que en estas comunicaciones no se ven señales de disposición a asumir responsabilidades. Y uno se pregunta si este es el camino correcto: usar la información de esta manera. Más bien parece la preparación de una respuesta confrontacional frente a lo que viene, que ojalá incluya acciones para la restitución de los fondos o algún tipo de compensación a los afectados.