El derecho penal líquido y la crisis de las garantías acento.com.do/opinion/el-der… vía @acentodiario
Voy a publicar mis consideraciones sobre la ley 74-25; toda una reforma al sistema penal dominicano.
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"En la política no hay enemigos permanentes ni amigos permanentes... hay intereses permanentes"
Winston Churchill
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El razonamiento probatorio insiste en que la decisión debe ser el resultado de un proceso argumentativo verificable. La prueba no habla por sí sola; requiere ser interpretada mediante reglas de inferencia que deben ser explicitadas y sometidas a escrutinio
Ginna Ximena Valencia
El año de prisión preventiva no existe, es un invento populista. La ley dice que el máximo es de doce meses, pero debe revisarse obligatoriamente cada tres meses.
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En El imperio del derecho Dworkin sostiene que el derecho no es solo un sistema de reglas identificadas por su origen (como afirma el positivismo), sino una práctica interpretativa. Los jueces no “descubren” el derecho ni lo “crean” libremente: lo interpretan de forma
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Comparto 10 libros recomendados para estudiantes de Derecho en Latinoamérica, porque abordan áreas fundamentales presentes en la mayoría de los planes de estudio. 📚
⚖️ ¿Cuántos han leído? ¿Cuál agregarían a la lista?
Gracias a nuestra directora Antonia Mecedes Payano, un programa maravilloso de la @escuela_derecho que debe ser implementado la unidad de posgrado.
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El populismo penal acento.com.do/opinion/el-pop… vía @acentodiario
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Una crítica clara y bien fundamentada. Señala con precisión cómo la presión mediática y el deseo de popularidad terminan vaciando de contenido los principios garantistas. El problema no es nuevo, pero el artículo lo formula de forma directa y actual.
Excelente, Rafael.
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Daniel González Lagier sostiene que el razonamiento probatorio es demasiado complejo para que una IA actual (o próxima) lo realice de forma genuina y autónoma. Exige consciencia, sentido común, comprensión semántica real, emociones con valor epistémico y responsabilidad ante la
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Es una obra fundacional de la teoría moderna de la argumentación jurídica. Su gran mérito es ofrecer un marco claro y sistemático que combina rigor lógico con la apertura del discurso práctico, superando tanto el formalismo extremo como el decisionismo. La tesis del “caso
La Dra. Antonia Mercedes Payano, directora de la escuela de derecho UASD, aperturó la semana de cine forum, nos correspondió analizar la película “A time to kill”, en compañía de la maestra Deaniris Perdereux, un proyecto extraordinario para fortalecimiento de la @escuela_derecho
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En Consideraciones sobre la dogmática jurídica (con especial referencia a la dogmática penal), Carlos Santiago Nino analiza de forma crítica la actividad principal de los juristas de tradición continental: sistematizar, interpretar y aplicar el derecho positivo.
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Para que el testimonio de la víctima pueda fundamentar una condena, debe observarse ausencia de incredulidad subjetiva, implica pura y simplemente que la declaración no sea fruto de animosidad provocada por interés fabulador y producto de incriminación falsa. (SCJ-SS-26-1360)
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El Derecho Penal no legitima la pena; la contiene. Para Eugenio Raúl Zaffaroni, la pena estatal es un ejercicio irracional de poder. La verdadera función de la dogmática penal es actuar como un dique de contención para frenar la violencia punitiva y defender el Estado de Derecho.
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El Tribunal Constitucional llamó la atención al Ministerio Público y a la fiscal Smaylin Rodríguez por inaplicar decisiones judiciales y vulnerar el debido proceso. Una advertencia sobre los límites que debe respetar todo funcionario.
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Una sentencia puede llegar a una conclusión jurídicamente plausible y, sin embargo, contener un argumento defectuoso.
La aportación de Stephen Toulmin permite examinar precisamente la arquitectura interna de una justificación. Frente a la idea de que todo razonamiento válido debe adoptar la forma de una demostración deductiva, Toulmin propone estudiar cómo se construyen los argumentos en contextos reales de deliberación.
Su modelo distingue seis componentes:
Datos (Data) → ¿En qué hechos o evidencia se apoya la conclusión?
Pretensión (Claim) → ¿Qué se sostiene o pretende demostrar?
Garantía (Warrant) → ¿Qué regla, principio o razón permite pasar de los datos a la conclusión?
Respaldo (Backing) → ¿Qué sustenta esa garantía?
Modalizador (Qualifier) → ¿Con qué grado o condiciones se formula la conclusión?
Refutación (Rebuttal) → ¿Qué excepciones u objeciones podrían impedir que opere?
Para el análisis judicial, la utilidad metodológica es considerable.
Un tribunal puede describir correctamente los hechos y citar numerosas disposiciones, pero todavía debemos preguntar:
¿Cuál es la garantía que conecta esas premisas con la conclusión?
Y después:
¿Esa garantía está suficientemente respaldada? ¿El tribunal respondió las objeciones relevantes? ¿Reconoció las condiciones bajo las cuales su conclusión podría no sostenerse?
Ahí se encuentra una herramienta particularmente valiosa para examinar sentencias, precedentes y argumentos de las partes: hacer visible aquello que muchas veces permanece implícito entre las premisas y la decisión.
Toulmin no desarrolló una teoría específica de la ponderación constitucional. Su contribución es distinta y, metodológicamente, previa: proporciona una estructura para reconstruir y someter a escrutinio la calidad de un argumento.
En la jurisdicción constitucional, esa distinción importa.
No basta con conocer la conclusión de un tribunal. Hay que reconstruir el puente argumentativo que permitió llegar hasta ella y comprobar si realmente puede sostener su peso.
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