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Para recapitular nuestra primera temporada, vamos a dejar un hilo con todos los programas 🎙️
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Señor alcalde @CarlosFGalan, ¿la gerente del gobierno le está dando órdenes de reprimir manifestaciones pacíficas en Bogotá? ¿Para quién trabaja usted?
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Voy con un hilo sobre el absurdo recorte presupuestal a la @JEP_Colombia. Argumentos solo argumentos!
1./8 El recorte no le sirve a nadie:
Le quieren quitar $170.000 millones a la JEP y pasarle $100.000 a la Rama. Hagamos cuentas: eso cubre el 1,6 % del hueco de $6,1 billones de la Rama, mientras la JEP pierde el 80 % de su inversión. No se arregla la justicia ordinaria y se paraliza la de paz. (Este fin de semana el propio Presidente de la @CorteSupremaJ apoyó el presupuesto de la JEP)
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Las exhumaciones no se hacen por Zoom.
Los $56.435 millones que denuncia la senadora Posada no son «turismo judicial». Son 8 años y medio de traslados, viáticos y tiquetes, entre enero de 2018 y julio de 2026, para 21.425 diligencias en 337 municipios de 31 departamentos.
Las cuentas:
* Son unos $6.600 millones al año, menos del 1 % del presupuesto anual de la JEP.
* Por cada diligencia en territorio se gastaron $2,6 millones en transporte y viáticos.
* Ese dinero pagó 6.353 audiencias y diligencias judiciales, 3.506 acompañamientos de protección, 1.156 exhumaciones y 299 jornadas para acreditar víctimas en el Cauca, el Catatumbo o Urabá.
¿Y los viajes al exterior? Fueron cerca del 1 % de lo gastado en tiquetes: menos de $300 millones en 8 años. Sirvieron para atender víctimas en el exilio y para audiencias e informes ante la ONU y la CPI. En 2026 la JEP no ha hecho ni una comisión internacional.
El control del gasto público es bienvenido y la JEP debe responder cada derecho de petición. Pero 7 auditorías de la Contraloría y 14 informes a la Procuraduría no han encontrado hallazgos fiscales, disciplinarios ni penales en estos recursos.
Hoy se vota el presupuesto. El recorte de $170.000 millones le quita a la JEP el 80 % de su inversión, que es justamente la plata que paga esas diligencias en los territorios. Desfinanciarla con base en una cifra mal leída sería un error que pagarían las víctimas.
Polémica por viajes en la JEP: María Clara Posada rechaza rectificación y ratifica denuncias de “turismo judicial”
Vía @RevistaSemana
semana.com/politica/articulo…
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Mi columna de hoy recoge los testimonios de 12 personas que detallaron cómo ha sido la persecución que desató el gobierno contra los contratistas del Estado. La estrategia de presión incluye aislamiento, amenazas y demoras en los pagos de sus contratos.
cambiocolombia.com/puntos-de…
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99,5 % de impunidad en los tribunales militares.
Eso 👆🏽 registraba en 1998 el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
Amigos de @acorecolombia: ¿por qué presentan como algo nuevo o atrevido lo que dice una magistrada de la @JEP_Colombia, si varios informes han dicho prácticamente lo mismo? También en 2014 @hrw_espanol señalaba que cuando las violaciones de derechos humanos cometidas por militares quedan en manos de su jurisdicción, el resultado ha sido casi sin excepción la impunidad.
Y esto en 1998 y 2014, así que cómo sería en los consejos verbales de guerra.
No queda bien hacer como si no supieran de esto solo para arremeter contra la @JEP_Colombia.
Inquietantes las recientes declaraciones de una magistrada de la @JEP_Colombia que afirmó que "la @JPMP_Colombia fue un mecanismo de encubrimiento”, y más ante la andanada de sustentados cuestionamientos a su entidad, que no a simples generalizaciones impropias de cualquier razonador honesto, mucho más de una Magistrada que además debe practicar y respetar elementales principios jurídicos.
Si existieron actuaciones irregulares o conductas orientadas a encubrir delitos, estas deben individualizarse, denunciarse, probarse y atribuirse a quienes corresponda. Pero no extender valoraciones gaseosas a toda una jurisdicción, a sus jueces y funcionarios, y a décadas de actuación institucional. Precisamente la justicia que exige responsabilidad individual debe abstenerse de construir juicios colectivos.
Mayor prudencia resulta exigible cuando esas afirmaciones provienen de quien integra una jurisdicción encargada de valorar conductas de miembros de @FuerzasMilCol. La imparcialidad no solo debe garantizarse en las decisiones judiciales; también debe proyectarse en el lenguaje público de quienes administran justicia. Generalizaciones de esta naturaleza fortalecen las dudas sobre la objetividad con la que serán valorados los comparecientes y terminan afectando la confianza que la propia #JEP necesita construir en momentos en que está siendo sometida a fuerte escrutinio público.
Defendemos un principio elemental: las responsabilidades son individuales y deben probarse. Ese estándar debe valer para todos, y tanto para las valoraciones que se hagan de los funcionarios de la JEP como para las valoraciones que la JEP haga de funcionarios de otras entidades
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Por fin lo dicen sin rodeos. El pliego justificó el recorte a la JEP por «restricciones fiscales». El señor @ABDELAESPRIELLA dijo que no era venganza. Y aquí lo confiesan: «merece este y otros recortes». Entonces no es un ajuste fiscal. Es un castigo. Y a un tribunal no se le castiga por fallar. Hablemos con datos y no con propaganda.
¿Derrochadora? La @JEP_Colombia recibe uno de cada mil pesos del presupuesto nacional. En 2025 comprometió el 99 % de lo que le asignaron. En ocho años ha recibido 4,26 billones en total: lo que la Rama Judicial recibe en cuatro meses y medio.
Pero además, quienes la acusan de derroche sacaron sus propias cifras de tiquetes y viáticos: 1.781 millones en el primer semestre de 2026. El recorte es de 170.000 millones. Es decir, 95 veces esa cifra. No están recortando viajes. Están recortando la justicia.
¿Y qué se recorta? No lo digo yo, lo dice el propio Gobierno. La inversión de la JEP paga la representación judicial de las víctimas, la defensa de los comparecientes, el trabajo en los territorios y la protección de testigos. Esa inversión cae 82 %. Al programa misional le quitan el 85,7 %.
¿Que trabaja para los victimarios? Más de 300.000 víctimas acreditadas. Solo entre enero y junio de este año: 4.918 servicios de representación judicial, 13.763 acompañamientos psicosociales y 111 medidas de protección. Eso es lo que le quitan. A las víctimas, no a los victimarios.
¿Que no juzga a los capos del narcotráfico? No es su competencia. La Constitución le dio a la JEP los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. El narcotráfico ajeno al conflicto lo juzga la justicia ordinaria. Es como reprocharle a un cardiólogo que no opere rodillas.
¿Que no juzga el secuestro? Condenó a los siete integrantes del último Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros.
¿Que no juzga las violaciones de derechos humanos? Documentó 7.837 personas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. Ocho generales reconocieron su responsabilidad. Doce exmilitares condenados. Y el coronel que no reconoció, 20 años de cárcel en primera instancia.
Si la JEP es «incapaz» de juzgar violaciones de derechos humanos, ¿por qué en el Congreso se tramita una reforma impulsada por el @CeDemocratico y el senador @RafaNietoLoaiza para que un tribunal militar revise sus condenas contra militares y pueda revocarlas? No les preocupa que la JEP no juzgue. Les preocupa que sí juzga y este a punto de informarle al país los maximos responsables de crimines de lesa humanidad.
Miren, además, adónde fue la plata. En el mismo pliego que le quitó 170.000 millones a la JEP, el Ministerio del Deporte recibió 99.106 millones, entre otras cosas para «las viejas glorias del deporte», y la Rama Judicial, 100.000 millones. El 85 % de los recursos nuevos de ese pliego salió de la JEP. Por supuesto que nuestros deportistas merecen apoyo, y la justicia ordinaria también. Pero esos 100.000 millones tapan el 1,6 % del faltante de la Rama. No resuelven nada allá y lo destruyen todo acá.
Y anuncian «otros recortes». ¿Cuáles? ¿Los de la protección de los testigos? ¿Los de los abogados de las víctimas? ¿Los de las audiencias en las que una madre escucha a un militar reconocer que su hijo no era guerrillero?
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La ofensiva que el presidente De la Espriella presenta como una de sus principales victorias deja, por ahora, cifras menos contundentes: 45% menos droga incautada que el promedio reciente, 11,6% menos decomiso de armas y un reporte de capturas que no coincide con los registros oficiales dozz.es/kvs_s
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Se desprotegen 15.000 hectáreas para la producción de alimentos en la sábana de Bogotá poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario.
Los suelos con capacidad para producir alimentos son escasos, entre 1973 y 2023 Colombia perdió los mejores suelos clasificados como suelos I, perdió 500.000 hectáreas de suelos clasificados como II y más de 2.5 millones hectáreas de suelos clase III. Hoy en todo el país nos quedan 3.2 millones de hectáreas entre suelos II y III. Es lo que resta para asegurar que la actividad agropecuaria y la producción de alimentos sea sostenible.
En 1993, en la ley 99, la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos fueron declarados de interés ecológico nacional y se estableció que su destinación prioritaria sería la agropecuaria y forestal, hoy se levanta su protección agropecuaria y su efecto es facilitar el cambio de uso.
La sabana de Bogotá contiene una de las mayores concentraciones de suelos agrícolas de alta capacidad del país, es el patrimonio nacional de la soberanía alimentaria; sin embargo, la expansión urbana reciente se ha dirigido predominantemente hacia territorios de alta aptitud productiva, comprometiendo la base territorial necesaria para la producción de alimentos y la conservación de los servicios ecosistémicos asociados al sistema hídrico de la cuenca alta del río Bogotá. Entre 1991 y 2014 el 84 % del crecimiento de la huella urbana ocurrió sobre suelos de mayor capacidad productiva, particularmente alrededor de Bogotá.
Las clases II y III concentraron alrededor del 83,4 % de toda la superficie agrológica transformada por la huella de ocupación 2005-2018. La pérdida no es únicamente agrícola: el sellamiento disminuye infiltración, recarga de acuíferos, regulación hídrica y capacidad adaptativa del territorio.
El Ministerio de Agricultura ha decidió revertir la protección sobre más de 15.000 hectáreas, de los mejores suelos, que hoy producen los alimentos de Bogotá y los municipio de la sabana, cuyo efecto es facilitar el cambio de uso del suelo de la agricultura a la urbanización.
· Tenjo, 5.700 hectáreas, en su mayoría suelos II y III, que produce más de 25.OOO toneladas de alimentos de los cuales más del 90% se comercializan en la centrales de abastecimiento de Bogotá: como papa, zanahoria, arveja, espinaca, maíz, leche, huevos..
· Nemocón, más de 3000 hectáreas que producen comida que el más del 99% se conerziliza en Bogotá. Un municipio que tiene un remanente de 700 hectáreas de suelos con capacidad agrologica II y 1200 hectáreas clase III.
· Cogua, 2900 hectáreas protegidas de una frontera agropecuaria de 9.364 ha con predominio de pastos para leche y producción de papa. Un municipio con un poco más de 2100 hectáreas en suelos II y III.
· Tabio, el 94,9 % de los alimentos despachados a mercados mayoristas tiene como destino Bogotá. Área protegida 1700 hectáreas, remanente de suelos II y III 1785.
· Para Sopó se verificó el área declarada, pero no fue posible extraer de los fragmentos accesibles las superficies por clase agrológica ni las cifras productivas.
Cambiar el uso agrícola de los suelos con mayor capacidad y vocación de la sabana de Bogotá aleja la producción de los centros de consumo, incrementa costos de producción, agrologísticos y el precio de los alimentos de la ciudad. Los cambios de uso en la cuenca alta del Río Bogotá impactan en la funcionalidad hidrológica de la sabana, el l sellamiento del suelo reducen funciones esenciales como
conectividad ecológica.
¿Podría afirmarse que la decisión es regresiva en términos ambientales, respecto del derecho humano a la alimentación y del ordenamiento territorial?
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El evento en Coveñas, en el que el presidente @ABDELAESPRIELLA insultó al alcalde de Sincelejo (@YahirAcuna_), fue el acontecimiento político del fin de semana en Sucre. Fuentes del departamento que asistieron comentan, con pánico de ser citadas, que salieron de ahí aterradas. Aseguran que Acuña ciertamente fue rodeado por hombres vestidos de civil fuertemente armados, que presidencia estuvo todo el tiempo grabando y que, por detalles como esos, creen que se trató de una escena preparada con anticipación para hacerla viral. Justamente, por las mismas horas del hecho, la revista Semana (que funciona como caja de resonancia de presidencia) sacó una nota sobre diversos cuestionamientos a Acuña basada en “un informe” cuyo origen nunca se precisa. En su respuesta, Acuña pide publicar el video completo de lo ocurrido y le recuerda al presidente que hay un ministro y otros funcionarios del gobierno investigados.
Desde hace más de 10 años he contado las andanzas de Yahir Acuña. Su repartija de whiskey y plata a seguidores. Su cercanía con La Gata. Sus investigaciones por presuntas relaciones con grupos armados. Su actual administración como reyezuelo. Nada de eso impide señalar lo obvio, que no es una opinión: el presidente de Colombia no es juez de la República ni tampoco el jefe de los alcaldes. Esa división de poderes se llama institucionalidad y constituye la base de la democracia. Aplica para Juan, Pepe, Duque, Uribe, Petro.
Y también para Abelardo.
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Ojo a esto:
Un grupo de académicos de diversas universidades responden, uno por uno y con evidencia robusta, los argumentos expuestos por los sectores que se oponen a los impuestos saludables en Colombia. Resumen: sí funcionan. Este el documento. ¿Me ayudan a compartir? 👇
Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary
Hace un año comenzábamos a planear la primera temporada de Reincidentes. Nos hacen falta las conversaciones💜
Replying to @ReincidentesPod @UniandesDerecho
En el séptimo episodio, conversamos con @AlejandroLanz11 sobre el trabajo de @TembloresOng y la violencia en las manifestaciones
teapawt.net/ReincidentesPod/status…
¡Tenemos un nuevo programa 🎙️😊! Hablamos con @AlejandroLanz11 de @TembloresOng sobre manifestaciones en Colombia y el trabajo de esta ONG para visibilizar la violencia contra los manifestandos. Al final discutimos cómo piensan la reforma a la Policía: open.spotify.com/episode/5cb…
Y acá está nuestros últimos dos episodios con @CiprianHernan Pudimos conversar sobre la perspectiva de la guardia penitenciaria sobre las dinámicas en la prisión y los distintos efectos del ECI
teapawt.net/ReincidentesPod/status…
open.spotify.com/episode/6H5…
Por fin un nuevo programa 🎙️ Estaba demorado. Hablamos @ciprian_hernan, miembro de la guardia penitenciaria y actual coordinador de Derechos Humanos del @INPEC_Colombia. Su visión ayuda a reconstruir décadas de transformaciones en las prisiones del país






























