ROBERTO SILVA PEREZ

Resulta llamativo ver al diputado Jaime Araya y a otros parlamentarios proponiendo ahora eliminar impuestos que gobiernos de todos los sectores han mantenido durante décadas. En 2023, Araya apoyaba decididamente la reforma tributaria de Boric para aumentar la recaudación. Hoy pide eliminar el impuesto específico a los combustibles y “congelar” la recaudación del IVA. Soy partidario de reducir impuestos, pero las cuentas deben cuadrar. Solo el impuesto a los combustibles recaudó el 0,9% del PIB en 2025. Y aquí está la contradicción: sectores de la izquierda que cuestionan los recortes presupuestarios del gobierno de Kast ahora quieren reducir la recaudación fiscal. ¿Cómo pretenden cuadrar las cuentas si tampoco aceptan reducir el gasto? Con una deuda pública que alcanzó el 44,7% del PIB en septiembre, me cuesta creer que esta iniciativa sea casualidad. A mi juicio, parece más una maniobra política para complicarle las finanzas al gobierno que una propuesta económicamente responsable. Y recurrir a la “dictadura” como argumento tampoco resuelve nada. El régimen actual del impuesto se estableció en 1986, pero Chile ya gravaba la gasolina en 1947. El origen político de un impuesto no determina su conveniencia económica. Menos consignas de la izquierda populista y más rigor con los números. Anunciar rebajas tributarias es fácil; explicar cómo se financia el Estado después es otra historia.