BG (RP) José Gerardo Acevedo Ossa

Pretender convertir un gesto de honor hacia nuestros soldados en una supuesta infracción a la Carta Democrática Interamericana o en una "inconducta" disciplinaria es una sobreextensión argumentativa con débil piso jurídico y un evidente sesgo político @DeLaCalleHum. Ni la Constitución Política ni el Código Penal le prohíben al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas portar los símbolos de la institución que legítimamente dirige. Más allá de forzar interpretaciones normativas o acudir a comparaciones desafortunadas que no vienen al caso, aquí lo esencial es el fondo: cuando el Presidente porta una insignia o corresponde al saludo militar, ejerce una profunda simbología que solo significa respaldo, aprecio y compromiso irrestricto con cada soldado y policía de Colombia. Como Comandante en Jefe, el Presidente está en todo su derecho de portar los símbolos de una Fuerza Pública a la que no deja de expresarle su admiración y respeto. La identidad y la integridad de cuerpo de nuestras tropas jamás se ofenden cuando su propio mandatario las honra. Por el contrario, nuestros uniformados sí fueron constantemente agraviados, insultados y humillados durante el gobierno anterior por el exmandatario y sus ministros, quienes desde el poder los estigmatizaron, debilitaron su moral y los dejaron desprotegidos frente al crimen. Hoy las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no reciben agravios desde la Casa de Nariño ni desde el Ministerio de Defensa; reciben el honor, el liderazgo y el respaldo firme de su Comandante Supremo.

@petrogustavo su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones este año o que se haya cancelado un contrato. Al asumir la administración no existía un proceso contractual o precontractual por $6,2 billones ni una compra adjudicada. Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera. Las visitas técnicas del exministro y la exviceministra de estrategia y planeación a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres y EE. UU. fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato. Además, el Comité Estructurador concluyó que las ofertas extranjeras no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad. Tampoco es verídico que la tropa esté desprotegida por decisiones actuales. Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones. Hoy la Fuerza Pública ejecuta compras precontractuales con presupuesto ordinario, impulsa producción propia, alista un CONPES de sostenibilidad financiera y tramita un proyecto de ley regulatorio. Los documentos prueban que no se canceló una adquisición real, sino que se heredó una propuesta sin presupuesto apropiado ni aval técnico. Señor Petro, la seguridad militar exige rigor y transparencia, no anuncios vacíos.