Durante años nos han repetido que el mercado inmobiliario funciona así, que los precios son los que son y que las administraciones poco pueden hacer. Pues bien, el Gobierno Vasco ha conseguido comprar a Blackstone 510 viviendas protegidas por 100 millones de euros, unos 196.000 euros por vivienda, muy por debajo de los precios habituales de mercado en Donostia. Viviendas que, de no intervenir, acabarían en el mercado libre en 2028. Esta operación tiene dos dimensiones fundamentales. La primera, por lo que supone para cientos de familias; la segunda, por el cambio de lógica que representa. En lugar de aceptar que viviendas construidas sobre suelo público terminen sometidas a los precios del mercado, se interviene para garantizar que sigan siendo protegidas permanentemente. En lugar de resignarse a que cientos de familias vivan pendientes de la renovación de sus contratos, se les ofrece estabilidad. Y, en vez de seguir perdiendo vivienda asequible, se amplía el parque público. ¿Es suficiente para resolver el problema de la vivienda? Evidentemente, no. Pero señala un camino claro que pasa por construir más vivienda pública, impedir que pierda su protección y recuperar vivienda para el interés general. Porque, por mucho que la derecha nos machaque con ello, el mercado de la vivienda no es una fuerza de la naturaleza. Sus reglas se pueden cambiar. Y cuando hay voluntad política, movilización social y recursos públicos, se deben cambiar para garantizar los derechos de la mayoría. La vivienda no puede ser un negocio para rentistas y fondos buitre. Debe ser un derecho para todos.