Ana María Soleibe

Consejos para vencer los algoritmos pronazis en X. Sigámoslos para ganar la batalla comunicaciónal

Las famosas 48 mujeres de la supuesta red de la que me favorezco, son en realidad el fruto de un enorme abuso de poder del señor Carlos Ríos Puerta. Carlos Ríos Puerta y su hermana prestaron más de 1.600 millones de pesos a la campaña de Abelardo. En contraprestación Carlos Ríos es el director del DAPRE Lo que ha hecho Carlos Rios es una labor de policía política con funciones judiciales que no tiene. Comienza su labor investigando todos los perfiles personales en redes de las mujeres que trabajan en el DAPRE para ver sus simpatías políticas, entre ellas madres cabeza de familia. A las que encuentran simpatizando con las campañas del Pacto Histórico las llevan a oficinas donde realizan interrogatorios en presencia del mismo Carlos Ríos y funcionarios que parecen pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional. Son constreñidas, acosadas por sus querencias políticas, les hacen preguntas propias del régimen judicial y lo hacen sin presencia de abogado, abrogándose, como funcionarios públicos, facultades judiciales ilegales. Colombia no puede transformarse en dictadura. El procurador debe inmediatamente proceder para procesar los funcionarios que estan en esta labor sistemática de acoso a las mujeres progresistas en el DAPRE. La Constitución prohíbe la discriminación por razones por políticas o ideológicas. Constreñimiento agravado es delito, el acoso agravado es delito, el hostigamiento agravado es delito, el abuso del poder es delito. El DNI no es una Gestapo. El director del DAPRE no es fiscal ni juez. Si en las oficinas del presidente de la república se hacen interrogatorios policiacos, por parte de sus funcionarios entonces estamos en dictadura y le han quitado los derechos a las mujeres de Colombia y la gente trabajdora del país. El señor Carlos Ríos Puerta ha sido denunciado y deberá asumir su responsabilidad penal. Las mujeres de la bancada del Pacto deben iniciar debate en el Congreso den la República y denunciar ante la OIT, la CIDH y la justicia colombiana esta acción contra la dignidad de la mujer y la constitución de Colombia.