¿De qué se habla aquí? Cultura de la Cancelación, Feminismo, Donald Trump, Socialismo, Pedro Sánchez, Geopolítica, Comunicación, Ideologías... 🧵👇

¿Qué pasa con Blocus? Una convocatoria anónima circula por TikTok, deriva a grupos de WhatsApp y Telegram y termina con escaparates reventados, comercios saqueados y mobiliario urbano ardiendo. Después aparecen nuevas citas para repetirlo. Y, mientras la policía busca a los organizadores, algunos dirigentes políticos ya hablan de extrema derecha, Netanyahu, Donald Trump y operaciones para derribar a los gobiernos socialistas. Sabemos bastante más sobre cómo se difunden las convocatorias que sobre quién las dirige. Esa diferencia debería marcar cualquier explicación de lo ocurrido. Lo que sabemos y lo que falta por esclarecer El balance de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona es de 130 detenidos, 76 de ellos menores, y una treintena de establecimientos con daños o saqueos. Los Mossos han constituido un equipo de investigación para identificar a más responsables. Blocus es el nombre que utilizan distintos perfiles y canales. Su presencia en varias ciudades y sus similitudes con cuentas francesas merecen investigarse. Sin embargo, compartir una denominación, una estética o unos vídeos no demuestra por sí solo que todos obedezcan a una misma dirección. Precisamente eso sigue pendiente de esclarecer. De TikTok a los grupos privados Los investigadores buscan a los intermediarios. Quienes crean los grupos, distribuyen los llamamientos y conectan a los posibles impulsores con los participantes. El análisis de expertos distingue tres funciones. Captar en TikTok e Instagram, coordinar mediante mensajería y amplificar el contenido con cuentas de mayor audiencia. Algunos perfiles superan los cientos de miles de seguidores, aunque difundir los vídeos tampoco acredita participar en la organización. Esto ayuda a entender por qué contar únicamente los miembros de un grupo de WhatsApp resulta insuficiente para calcular el alcance de una convocatoria. Los mensajes se reenvían, los vídeos circulan y una misma persona puede recibirlos por varias vías. Lo que todavía necesita demostrarse es quién controla esos canales y con qué propósito. Los contenidos conocidos sí permiten descartar una explicación demasiado cómoda, la que todo se reduce a una reivindicación educativa que accidentalmente terminó mal. Se han publicado mensajes de un administrador anónimo que propone aprovechar Halloween y dirigirse a tiendas de lujo. También se han recogido instrucciones para saquear y atacar a policías. En esos mensajes hay una intención delictiva explícita. Falta atribuir su autoría y establecer su relación con cada ataque. Las explicaciones políticas se adelantan Mientras tanto, la discusión política se ha desplazado hacia quién podría beneficiarse electoralmente del caos. En las declaraciones de Ada Colau y Oskar Matute aparece la idea de que la derecha busca confrontación y de que existe una ofensiva más amplia contra los gobiernos progresistas. Matute incorpora además una lectura internacional vinculada a Trump y Netanyahu. Son interpretaciones políticas. No identifican a los administradores de Blocus ni prueban quién organizó los saqueos. Pablo Bustinduy fue más concreto. Tras una publicación de ACOM sobre los altercados, calificó a la organización de brazo híbrido de Netanyahu para desestabilizar España y relacionó su mensaje con las amenazas israelíes contra nuestro país. El ministro también condenó los disturbios y señaló que se averiguaría quién estaba detrás. Ambas cosas deben contarse. La condena y la sospecha que lanzó sin aportar en esas declaraciones pruebas de una conexión organizativa. Beneficiarse no demuestra haberlo organizado Aquí está el salto que conviene señalar. Una publicación provocadora puede ser criticable, pero no equivale a una confesión. Celebrar, explotar o intentar rentabilizar un acontecimiento tampoco demuestra haberlo provocado. Que los disturbios beneficien a un partido no significa que ese partido los haya organizado. De lo contrario, cualquier delito, desahucio o crisis se convertiría automáticamente en una conspiración de quien pudiera utilizarlo en campaña. También cabe exigir coherencia a quienes restan importancia a la violencia cuando acompaña una causa que comparten. Banalizar los incendios o presentar los destrozos como una forma admirable de resistencia merece una crítica política. Pero para señalar contradicciones concretas hay que comparar declaraciones completas, sus fechas y su contexto. Y demostrar una contradicción tampoco demuestra que su autor haya provocado estos ataques. Lo mismo vale para las imágenes de los participantes. Los vídeos permiten observar comportamientos y pueden ayudar a identificar a sus autores. No permiten determinar, por la cara o el acento, cuántos son extranjeros, cuál es su situación administrativa o si son menores no acompañados. La investigación debe precisar esos datos; las etiquetas no los sustituyen. Bilbao exige sus propias respuestas Bilbao añade otro episodio grave, con características propias. Después de las movilizaciones contra el acto de Vito Quiles, finalmente cancelado, hubo incendios, daños y ataques. El balance definitivo fue de 17 detenidos, diez de ellos menores. El alcalde, Juan Mari Aburto, rechazó que los violentos pudieran ampararse en el antifascismo. Su condena cuestiona esa justificación de la violencia; no demuestra una dirección común entre Bilbao y Barcelona. Halloween, la próxima preocupación Ahora la atención está puesta en Halloween. Hay nuevos llamamientos en Barcelona y Madrid, además de referencias a Algeciras y convocatorias posteriores en otras ciudades andaluzas o canarias. Algunas citas anteriores quedaron en nada. Por tanto, hay motivos para prevenir nuevos ataques, pero no para presentar cada anuncio como un disturbio inevitable. Los Mossos han recurrido al CITCO para solicitar el cierre de canales que incitan a más altercados. Es una medida concreta frente a contenidos ilícitos. Su intervención, por sí sola, tampoco acredita una operación extranjera. Los afectados necesitan algo más que un relato Quedan responsabilidades que investigar en todos los niveles. Quienes convocaron, quienes incitaron y quienes ejecutaron los ataques. También si hubo organizadores ocultos, identificarlos es imprescindible. Eso no borra la responsabilidad de quien decidió romper, robar o agredir. Los propietarios de los comercios saqueados necesitan esas respuestas y necesitan saber qué protección tendrán ante las próximas convocatorias. Una explicación que termina en Donald Trump o Netanyahu, sin acreditar el camino que lleva hasta ellos, deja esas preguntas intactas. Los dirigentes pueden discutir a quién perjudican los disturbios en las urnas. Los afectados necesitan saber quién les destrozó el negocio y cómo se evitará que vuelva a ocurrir.

La conspiración de los escaparates rotos Un comerciante encuentra su tienda saqueada, un vecino pierde el coche y, en televisión, Oskar Matute habla de Trump, Netanyahu y una agenda internacional contra el Gobierno. El diputado y candidato de EH Bildu condena los disturbios de Bilbao, pero enseguida los incorpora a una explicación que reúne Ceuta, vivienda y violencia callejera. De los hechos a la sospecha Matute presenta la sucesión de conflictos como parte de una campaña para derribar al Gobierno socialista. Pero una crisis migratoria, el encarecimiento de la vivienda y unos saqueos tienen causas y responsables que deben examinarse por separado. Puede haber intereses extranjeros en desestabilizar países europeos. Eso justifica investigar indicios concretos, no atribuir cualquier conflicto interno a una estrategia internacional. Harían falta vínculos entre administradores de cuentas, financiación, instrucciones o personas identificadas. Nombrar a dirigentes extranjeros no cubre ese vacío. Bilbao ofrece preguntas más concretas El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha planteado que los participantes pudieron seguir consignas de grupos organizados vascos. También ha señalado que había personas preparadas para ejercer violencia, estuviera o no estuviera Vito Quiles, cuyo acto acabó cancelado. Esa posibilidad exige investigar responsabilidades locales. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, del PNV, fue directo: "Hay grupos de personas que no necesitan que nadie venga a provocarles; se valen por ellos mismos". Su observación devuelve la responsabilidad a quienes decidieron atacar. La cancelación del acto no impidió los incendios ni los destrozos. Hay además preguntas sobre la gestión policial. El sindicato ErNE denuncia que el dispositivo comenzó a desmontarse precipitadamente y recuerda que suspender un acto no elimina el riesgo mientras permanecen grupos concentrados. Esto debe contrastarse y explicarse, porque proteger a vecinos y comerciantes era una obligación antes de que ardieran sus bienes. El beneficiario no identifica al autor Matute sostiene que la violencia favorece a las derechas. Puede favorecer electoralmente a quienes prometen seguridad, pero eso no demuestra que la hayan provocado. También puede ocurrir que unos militantes perjudiquen sus propios objetivos o que delincuentes aprovechen una concentración para robar. Buscar a quién beneficia un suceso puede sugerir preguntas. Utilizarlo como respuesta permite señalar al adversario sin demostrar su participación. Conviene ser igualmente precisos con Bildu. Matute condenó los saqueos. Esa condena debe recogerse, y la investigación sobre otros grupos no demuestra responsabilidad de su partido. La alternancia también vale para el adversario Matute afirma aceptar la alternancia, pero describe la posible victoria de PP y Vox como una superación del modelo democrático. Para sostener algo tan grave tendría que identificar qué propuestas o actuaciones acreditarían esa ruptura. Los programas pueden discutirse y sus consecuencias pueden criticarse. La etiqueta de fascismo no sustituye ese trabajo ni convierte el voto contrario al Gobierno en una intención ilegítima. Votar para impedir un Ejecutivo de derechas es democrático. Votar para sustituir al de Pedro Sánchez también. Presentar la continuidad del propio bloque como garantía imprescindible de los derechos deja al adversario fuera de la alternancia democrática. Los comerciantes saqueados y los vecinos que han perdido sus coches necesitan que se identifique a los responsables, que estos respondan por los daños y que las autoridades expliquen qué falló en su protección. Matute lleva la conversación hasta Trump y Netanyahu sin demostrar qué relación tienen con esos ataques. Así devuelve el debate al terreno electoral que le interesa: el miedo a la derecha. Mientras él señala a sus adversarios internacionales, los afectados siguen esperando respuestas sobre lo ocurrido en su propia calle.

El ciudadano no necesita que le expliquen lo que vive Juan Ignacio García, de Adelante Andalucía, reprocha a Gabriel Rufián que esté comprando el marco de la derecha al relacionar inmigración e inseguridad. Plantea una pregunta: ¿qué culpa tiene el chaval de Senegal o tu vecina marroquí de que tú no encuentres vivienda o no consigas cita en el centro de salud? La pregunta parece contundente, pero cambia el asunto del que se estaba hablando. Nadie necesita culpar personalmente a un inmigrante para preguntarse si las administraciones están preparadas para atender a una población creciente. Las circunstancias de quien llega no demuestra que la política migratoria esté bien gestionada. El problema comienza cuando se trata al ciudadano como si fuera incapaz de interpretar su propia experiencia. Dos millones de habitantes más no son una cuestión ideológica España tenía 47,5 millones de habitantes a comienzos de 2022. En julio de 2026 rozaba los 49,8 millones. Un crecimiento de aproximadamente 2,3 millones de personas en cuatro años y medio. Según el INE, 10,3 millones de residentes han nacido en el extranjero, el 20,7% de la población. El propio instituto señala que el crecimiento reciente se explica por el aumento de residentes nacidos fuera de España, mientras disminuye el número de nacidos en territorio nacional. ¿Se han construido viviendas, ampliado centros sanitarios, contratado profesores y reforzado infraestructuras al ritmo necesario? Los habitantes no son únicamente trabajadores y cotizantes. También son ciudadanos que necesitan alojamiento, transporte, atención médica y servicios públicos. La inmigración contribuye al crecimiento económico. Se calcula que los extranjeros ocuparon alrededor del 40% de los nuevos empleos creados entre comienzos de 2022 y el tercer trimestre de 2025. Precisamente por eso resulta imprescindible planificar sus consecuencias. Reconocer sus aportaciones no obliga a ignorar sus necesidades. La vivienda En septiembre de 2026, la subgobernadora del Banco de España advirtió de que se había acumulado un déficit aproximado de 750.000 viviendas desde 2021, que podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028. Se estima que la construcción está respondiendo a menos de la mitad de las necesidades derivadas de la formación de nuevos hogares. Naturalmente, la inmigración no explica por sí sola la crisis inmobiliaria. Intervienen la escasez de suelo disponible, los costes de construcción, la regulación urbanística, la inversión, los alquileres turísticos y décadas de políticas insuficientes. Pero resulta igualmente absurdo fingir que el crecimiento de población no influye sobre la demanda de viviendas. Una vivienda que no se construye no aparece por mucho que se denuncie a los especuladores. Y quienes más padecen esa escasez son precisamente los hogares con menos recursos, incluidos numerosos inmigrantes. Las islas Canarias En junio de 2026, el Gobierno de España estableció una capacidad ordinaria de acogida de 783 menores extranjeros no acompañados para Canarias. Sin embargo, según los datos publicados por Canarias7 el 26 de octubre, las islas atendían a 2.630 menores, más del triple de esa capacidad. Solo durante septiembre y octubre habían llegado otros 424 menores de edad. El Gobierno autonómico mantiene abiertos 61 centros y no ha podido prescindir de las grandes instalaciones de acogida como pretendía. ¿También están comprando el marco de la derecha quienes advierten de esa situación? No estamos hablando de negar asistencia a menores vulnerables. Estamos hablando de edificios, educadores, personal sanitario, financiación, distribución territorial y responsabilidades entre administraciones que necesitan financiación de nuestros impuestos. De hecho, el propio Gobierno central reconoce legalmente que existe una situación extraordinaria cuando determinados territorios triplican su capacidad ordinaria. Si hasta la legislación reconoce límites de capacidad, ¿por qué debería considerarse sospechoso que un ciudadano pregunte por ellos? La inseguridad tampoco se resuelve prohibiendo preguntas La inmigración no equivale a delincuencia. La inmensa mayoría de los inmigrantes no deben responder por los delitos que cometan otros. Pero tampoco es razonable convertir cualquier pregunta sobre criminalidad, reincidencia o convivencia en una sospecha de xenofobia. Las estadísticas deben analizarse distinguiendo delitos, población, edad, condiciones socioeconómicas y situación administrativa. Las cifras absolutas o los casos aislados no bastan para establecer relaciones causales. Si existen problemas concretos, corresponde investigarlos y aplicar la ley. Si una percepción resulta equivocada, corresponde explicarlo con datos. Lo que no puede hacerse es sustituir ambas tareas por la acusación de que alguien está reproduciendo un discurso político inconveniente. ¿Quiénes son exactamente los de arriba? Juan Ignacio García propone dejar de señalar a los de abajo y empezar a señalar a los de arriba. ¿Y quiénes están arriba? ¿No están también los gobiernos que regulan la inmigración, administran los servicios públicos, aprueban presupuestos, gestionan el urbanismo y deciden cómo distribuir los recursos? Un propietario no decide cuántos médicos contrata la sanidad pública. Un empresario no establece las plazas escolares de una comunidad autónoma. Y un inmigrante recién llegado no determina la política fronteriza del Estado. Cada responsabilidad corresponde a quien tiene capacidad para ejercerla. Sin embargo, resulta mucho más sencillo construir un enfrentamiento entre ricos y pobres que explicar por qué las administraciones no han conseguido adaptar sus recursos a las necesidades existentes. Hay otra contradicción reveladora. Cuando se habla de turistas, compradores extranjeros o nómadas digitales, determinados sectores políticos reconocen que la llegada de población puede ejercer presión sobre la vivienda y los servicios. Pero cuando se plantea la capacidad de acogida de otros flujos migratorios, la discusión se transforma en un examen de conciencia ideológica. Son fenómenos diferentes, con efectos y obligaciones legales distintos. Precisamente por eso necesitan análisis concretos, no respuestas automáticas. Las cárceles también tienen estadísticas Los datos penitenciarios tampoco permiten despachar cualquier preocupación por la delincuencia como un prejuicio de la derecha. En 2024 los extranjeros representaban aproximadamente el 33% de la población reclusa española, pese a constituir una proporción bastante menor de la población residente. En Cataluña, la diferencia era todavía más llamativa, con 4.454 presos extranjeros frente a 4.140 españoles, es decir, cerca del 52% de los internos. Y el INE registró ese mismo año una tasa de 15,7 adultos condenados por cada mil habitantes de nacionalidad extranjera, frente a 6,2 entre los españoles, es decir, aproximadamente dos veces y media más. Estas cifras no demuestran que la inmigración provoque delincuencia ni permiten atribuir responsabilidades colectivas. También nfluyen factores como la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas y la situación de residencia. Además, tener nacionalidad extranjera no equivale necesariamente a inmigrante residente. Pero los datos sí plantean una realidad estadística que merece estudiarse y explicarse. Negar que exista una sobrerrepresentación en estas estadísticas no combate la xenofobia. Impide discutir con rigor sus causas y las políticas necesarias para abordarlas. El ciudadano no es un menor de edad Quizás lo más significativo de las palabras de Juan Ignacio García sea la facilidad con la que una preocupación real puede convertirse en un problema de interpretación ideológica. Si alguien denuncia que su barrio ha cambiado, que escasean las viviendas o que determinados servicios están saturados, su percepción puede ser acertada o equivocada respecto a las causas. Para averiguarlo están las estadísticas, las instituciones y quienes cobran por gobernarlas. Pero una cosa es corregir una conclusión falsa y otra tratar al ciudadano como alguien que no sabe lo que está viendo. La expresión "comprar el marco de la derecha" corre el riesgo de convertirse en una forma de cerrar discusiones incómodas. Y aquí aparece la paradoja, quienes aseguran hablar en nombre de las clases populares parecen desconfiar de su criterio cuando sus preocupaciones no encajan en el discurso previsto. La solidaridad con quienes llegan no es incompatible con las obligaciones hacia quienes ya viven aquí. Los derechos de unos no hacen desaparecer las necesidades de los otros. Gobernar consiste precisamente en organizar recursos limitados, establecer prioridades, cumplir las leyes y garantizar unas condiciones dignas para todos. Que la derecha aproveche electoralmente una preocupación no significa que la haya inventado. Y que la izquierda la considere incómoda no significa que haya dejado de existir. Al ciudadano no hay que explicarle qué debe pensar para ser una buena persona. Hay que ofrecerle información contrastable, escuchar sus preocupaciones y responder por las decisiones políticas. Porque representar al pueblo también significa aceptar que puede tener razones para discrepar de quienes aseguran hablar en su nombre.

Cuando quiero interrumpir a alguien mientras habla.

La realidad que no cabe en el discurso de la izquierda #RufiánMonteroEnLaRevuelta Irene Montero y Gabriel Rufián acudieron a La Revuelta para explicar su alianza electoral, la ruptura de la izquierda y sus propuestas políticas. Ambos reclaman unidad después de fracasar en sus negociaciones. Se presentan como alternativa al PSOE mientras aspiran a mantenerlo gobernando. Prometen transformaciones profundas sin explicar suficientemente sus costes. Y hablan del futuro de España sin aclarar qué proyecto de Estado comparten. David Broncano preguntó, por ejemplo, cómo abordar los problemas de la inmigración sin caer en la xenofobia. Aquí, Gabriel Rufián reconocía que la llegada de miles de personas a determinados barrios supone un reto. Irene Montero discrepó incluso de utilizar esa palabra. Gabriel Rufián también habló de derechos y obligaciones de los inmigrantes, pero nadie concretó cuáles serían esas obligaciones ni cómo garantizar su cumplimiento. La eurodiputada Irene Montero, en cambio, utilizó la acogida de ucranianos o de venezolanos para cuestionar las preocupaciones sobre la inmigración. Ella cree que es lo mismo recibir refugiados ucranianos bajo un régimen de protección temporal, acoger venezolanos por diferentes vías legales o gestionar las llegadas irregulares a Ceuta o las islas Canarias, y que no se hace por xenofobia o racismo. Pero en todas estas situaciones cambian las condiciones de entrada, los recursos disponibles, la distribución territorial y las obligaciones administrativas. Incluso dentro de cada fenómeno existen situaciones muy diferentes. Ni plantean los mismos problemas ni las dificultades de gestión son imaginarias. Ponerlo todo en el mismo saco solo agrava el problema. Una política migratoria necesita distinguir realidades, no tratarlas como equivalentes para confirmar su argumento. Irene Montero también respondió que la preocupación solo existe porque la derecha la alimenta. Después desvió la conversación hacia los beneficios empresariales, los pisos turísticos y los fondos inmobiliarios. La pregunta era cómo gestionar la inmigración, garantizar servicios y afrontar problemas de convivencia. La respuesta volvió a encontrar a sus culpables habituales. El problema no es interpretar la realidad desde una ideología, sino pretender que toda la realidad encaje en ella. Cuando alguien plantea una dificultad que no cabe en ese esquema, deja de ser un interlocutor al que escuchar y pasa a ser alguien al que hay que corregir. La vivienda Irene Montero prometió reducir los alquileres un 40%, prohibir la compra de viviendas para hacer negocio, expropiar el uso de inmuebles de grandes fondos, elevar el salario mínimo a 1.800 euros y reducir la jornada a 30 horas. No explicó cómo garantizaría esos resultados, quién construiría las nuevas viviendas, ni qué ocurriría con el mercado del alquiler. Podemos participó en el Gobierno que aprobó la Ley de Vivienda de 2023. Montero fue ministra durante cinco años. Puede considerar insuficientes aquellas políticas, pero falta explicar qué falló y por qué sus nuevas prohibiciones funcionarían mejor. Un PSOE imprescindible Gabriel Rufián afirmó que quería repetir el Gobierno del PSOE, aunque "controlado y sometido" por sus socios. Irene Montero aseguró que quería que al PSOE le fuera bien, pero que no trabajaba para él. La paradoja es evidente. Ofrecen una alternativa al PSOE para querer terminar sosteniendo otro Gobierno del PSOE. Falta saber qué decisiones socialistas les llevarían a retirar su apoyo. Los 210 diputados y la llegada del dóberman Rufián advirtió que PP y Vox podrían conseguir 210 diputados, destruir los servicios públicos e ilegalizar partidos de izquierda. Pero 210 diputados no bastan por sí solos para reformar la Constitución, y una mayoría parlamentaria tampoco permite ilegalizar automáticamente partidos. Treinta años después del dóberman electoral de la campaña del PSOE en 1996, reaparece la amenaza de que una victoria de la derecha supondría el desmantelamiento de las instituciones. Gabriel Rufián ridiculiza a quienes atribuyen todos los problemas a inmigrantes o feministas, y termina reduciendo la política a otra dicotomía, sobre que ganen "los hijos de puta" frente a "los buenos". El feminismo Irene Montero presentó el feminismo como lo mejor de España. Gabriel Rufián recordó el intolerable acoso que sufrió frente a su domicilio y elogió su resistencia. Pero la entrevista dejó fuera la controversia por las reducciones de condena tras la ley del "solo sí es sí", su posterior reforma, la también controvertida ley trans para poder ser mujer sin pedir ningún trámite, y las discrepancias de otras corrientes feministas con Irene Montero. Repartir la riqueza sin explicar cómo producirla También defendieron que una persona puede enriquecerse y seguir siendo de izquierdas, pero no aclararon qué distingue la acumulación legítima de riqueza de aquella que consideran necesario prohibir o combatir. Irene Montero propuso nacionalizar empresas estratégicas para repartir sus beneficio, pero no explicó cuánto costaría adquirirlas, quién financiaría sus inversiones ni qué ventajas ofrecería su gestión pública. Nacionalizar no convierte automáticamente los beneficios empresariales en dinero disponible. Hablaron mucho de repartir riqueza y poco de productividad, de inversión y de creación de empresas. También quedó pendiente cómo concilia Podemos su proyecto redistributivo estatal con el independentismo de ERC. ¿Qué Estado quieren sostener conjuntamente y qué mecanismos de solidaridad conservarían un partido estatal con otro independentista? La pregunta que dejan abierta Irene Montero y Gabriel Rufián denuncian problemas reales, pero recurren reiteradamente a los mismos culpables, a las mismas prohibiciones y a las mismas amenazas electorales. Ambos conocen las instituciones y han participado en mayorías parlamentarias. La pregunta ya no es solamente qué harían con más poder, sino qué hicieron con el que tuvieron, qué resultados consiguieron y qué errores reconocen. Porque gobernar exige algo más que tener razón dentro del propio discurso. También exige comprender la realidad que no siempre encaja en él.