Carolina Acosta-A.

Hay una situación alarmante con las liberaciones de niños y niñas presos políticos y es que a algunos les dijeron hace meses que si grababan videos autoincriminándose, tendrían beneficios procesales. Pero no pasó. En su momento, pocos accedieron. Otros fueron sometidos a torturas y malos tratos para obtener esos videos a la fuerza. Las madres lo denunciaron hace semanas. Los obligaron a decir frente a una cámara que habían recibido dinero para protestar, cuando en realidad muchos habían sido detenidos en sus casas o mientras caminaban por la calle durante la "pesca de arrastre" que hicieron los oficiales para cumplir las cuotas de detenciones impuestas desde el poder. Ahora, durante esta semana de "revisión de medidas" para liberar a un grupo de los más de 2000 presos políticos, hay familiares que han recibido el mensaje de autoridades en los que indican lo contrario a lo prometido. Les dicen que como sus hijos confesaron los supuestos crímenes en esos videos autoincriminatarios, entonces no saldrían de prisión porque serían las "pruebas" que necesitan para mantener la narrativa oficial de que sí había jóvenes recibiendo pagos para manifestar. Algo que se sabe que es falso. Acá es importante la acción de la sociedad venezolana, la comunidad internacional y los mecanismos de protección tanto diplomáticos como de derechos humanos para no ser parte de la puesta en escena. Es necesario que la ONU, Unicef, la CPI y otros entes sepan (porque lo saben) que los videos obtenidos bajo coerción y tortura no tienen ninguna validez y los detenidos han sido sometido a violaciones inaceptables para cualquier estándar del debido proceso: · Detenciones arbitrarias · Desapariciones forzadas · Incomunicación · Negación de defensa privada · Imposición de defensores públicos que no los defienden · Juicios telemáticos · Imposición de cargos generales en casos de los que no son parte · Vinculación de casos con otros detenidos a los que ni conocían ni se encontraban en el mismo lugar · Falta de alimentos · Falta de medicinas · Falta de atención médica · Falta de atención psicológica · Falta de condiciones sanitarias · Exposición a enfermedades como la tuberculosis (hay brotes en muchas cárceles) · Riesgos de violencia sexual · Censura en medios · Extorsión económica contra sus familiares y otros horrores. Les han violado todos sus derechos. Así que tiene que haber un frente común que sostenga que las autoincriminaciones en este contexto no tienen validez procesal ni pueden ser usadas en contra de los detenidos. Las madres y lo presos se sienten estafados y engañados, porque lo que hicieron pensando que aliviaría su sufrimiento, podría condenarlos para insistir en la mentira de la propaganda oficial. Esperemos que esta jugada se deseche y que igual estas personas sean liberadas. Todos deben ser libres.

Libertad para Perkins Rocha y todos los presos políticos de Venezuela.