Lisandro Catalán

🟩 LIBRA El 23 de octubre el juez Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Taiano, sobreseyó a los once investigados en la causa $LIBRA. Lo dijo con todas las letras: los hechos denunciados no son delito y agregó que el proceso no afecta el buen nombre y honor de los sobreseídos. Sin embargo, durante más de un año se instaló otra cosa. Se tergiversaron hechos, visitas, llamadas, borradores y capturas de pantalla, armando una opereta de manual y vendieron esa cronología como prueba irrefutable. Pero el delito nunca apareció. El fallo revisa las piezas de esa historieta, una por una. Desde el famoso "memo" que era una nota en el teléfono de uno de los imputados y que los peritos determinaron que no pudo afirmarse que se haya mandado a persona alguna y que alguien la haya aceptado, hasta el "acuerdo confidencial" que no tenía la firma de nadie ni una contraparte aceptándolo. También, con total mala intención, a un registro de llamadas se le trató de asignar diálogos o supuestos delictivos que nunca existieron. Se intentó colgarse de la relación de dos personas que se conocían y se juntaron para la presentación de un lanzamiento y que el Presidente explicó desde el primer día, para con eso “probar” la existencia de la “organización criminal”. Existe un dato más, el fallo registra que una empleada de la Procuración accedió indebidamente a documentación reservada de la causa y que parte de ese material llegó a la prensa pocos días después. Como sabemos, para que haya estafa tiene que haber un engaño concreto que lleve a alguien a perder plata. El juez fue claro y de la sentencia se desprende que la caída de la cotización no puede operar como prueba retrospectiva suficiente de la existencia de tal delito. En palabras más simples, quien compró una memecoin entró a un mercado volátil, sin garantías, sabiendo que podía ganar o perder. Estados Unidos llegó a la misma conclusión, su Departamento de Justicia rechazó colaborar porque no encontró elementos suficientes y una jueza de Nueva York desestimó la demanda de los inversores. Durante meses se exigió que se indagara al Presidente, pero la indagatoria no es una herramienta para investigar, es la herramienta que el proceso penal reserva para cuando hay motivo suficiente para sospechar la existencia de delito. Usarla sin ese motivo es usarla como castigo. Pero lo peor de todo, es cuando desde otro poder del Estado, se intentó enturbiar la causa, creando y llevando adelante una “comisión investigadora” sin facultades para hacerlo y pretendiendo convertirse en una “comisión juzgadora” o más aún en una “comisión condenatoria”. Después de décadas que no sucedía, se interpeló a un Jefe de Gabinete en una fantochada en dónde algunos se creyeron jueces que estaban careando o indagando imputados. Otros se creyeron Sherlock Holmes, citando supuestos testigos que incluso decían “no podemos asegurar que hubo estafa, pero bla bla bla. Fue triste ver a políticos institucionalistas que se llenan la boca hablando de separación de poderes, tratando de caranchear y llevar agua para su molino, sin importarles el daño que le causaron a las personas que ensuciaron o los recursos del Estado que dilapidaron con ese fin. Seguramente los caranchos olvidarán rápido y luego buscarán otras presas, pero el daño que causaron es irreparable, lamentablemente el honor y buen nombre que ensuciaron no se recupera con una sentencia.