Lo verdaderamente escandaloso es la desfachatez con la que se pretende reescribir una sentencia judicial y presentar como víctima de una persecución política a quien fue condenado por graves delitos contra la administración pública. Andrés Felipe Arias NO fue condenado simplemente por contratar directamente con una entidad vinculada a la OEA, sino por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2014, confirmada en febrero de 2023 al resolver una impugnación especial, con una nueva integración de magistrados. La Corte estableció que los tres convenios suscritos con el IICA entre 2007 y 2009 no tenían realmente por objeto desarrollar actividades científicas o tecnológicas que justificaran acudir a la contratación directa, sino administrar recursos públicos y ejecutar convocatorias para asignar subsidios, por lo que se eludieron los procedimientos de selección legalmente exigibles. Pero hay algo todavía más grave que ustedes convenientemente omiten y es que la Corte encontró probado que Arias ejercía control e influencia sobre las instancias encargadas del programa Agro Ingreso Seguro, conocía el fraccionamiento ilícito de predios utilizado para obtener subsidios y no actuó para impedir la apropiación de esos recursos por particulares. ¡Por eso también fue condenado por peculado! Pretender que con la mención a Juan Manuel Santos se sustituyen las pruebas, los argumentos jurídicos y las decisiones judiciales es un insulto a la inteligencia. Un podcast no revoca una sentencia, una afinidad política no acredita inocencia y una narrativa de victimización no borra los hechos judicialmente probados. Si quieren discutir seriamente el caso, empiecen por leer las sentencias SP9225-2014 y SP011-2023. La verdad judicial se controvierte con pruebas y argumentos de derecho, no con propaganda disfrazada de explicación jurídica.