Silencio internacional y en los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo en Etiopía. Una nueva guerra civil vuelve a estallar en el país. En una de las regiones más frágiles del mundo, el Cuerno de África. La guerra de 2020-2022 se saldó con más de 600.000 muertes. Etiopía se encuentra actualmente al borde del colapso institucional tras el fracaso definitivo del Acuerdo de Pretoria y el estallido de una nueva guerra civil a escala nacional. Lo que comenzó en noviembre de 2020 como una campaña militar focalizada en la región norteña de Tigray ha mutado hacia una conflagración generalizada. Hoy, esos antiguos enemigos históricos se han aliado bajo una coalición armada cuyo objetivo explícito es derrocar al gobierno federal del primer ministro Abiy Ahmed, sumiendo al segundo país más poblado de África en una crisis de supervivencia. El origen de estas fricciones se remontan a la guerra de Tigray (2020–2022). El conflicto estalló cuando el Frente Popular de Liberación de Tigray (fuerza hegemónica que gobernó Etiopía durante casi tres décadas hasta la llegada de Abiy Ahmed en 2018) desafió la autoridad central celebrando elecciones regionales unilaterales. La respuesta del gobierno federal combinó una ofensiva militar masiva con un bloqueo humanitario absoluto sobre Tigray. Estimaciones de la Unión Africana sitúan el saldo de aquella primera etapa en al menos 600.000 muertos, caracterizándose por el uso deliberado del hambre como arma bélica y un desplazamiento forzoso masivo. Aunque el tratado de paz firmado en Pretoria en noviembre de 2022 congeló temporalmente las hostilidades, la incapacidad para resolver las tensiones territoriales subyacentes convirtió la paz en una tregua sumamente frágil. Lejos de estabilizarse, el panorama de seguridad se fragmentó drásticamente en los años siguientes. El desarme incompleto y el descontento interétnico hicieron brotar insurgencias paralelas extremadamente violentas. Por un lado, las milicias FANO en la región de Amhara se alzaron en armas contra las fuerzas federales tras sentirse traicionadas por las concesiones del gobierno a Tigray. Por otro lado, en la vasta región de Oromia, el Ejército de Liberación Oromo (OLA) intensificó su prolongada rebelión armada. Los datos de monitoreo de organizaciones como ACLED confirmaron que, entre 2022 y mediados de 2026, el país sufrió más de 7.400 ataques armados, siendo Amhara y Oromia los epicentros de una inestabilidad que el ejército central apenas lograba contener. La ruptura total del orden precario se ha materializado ahora. Siete grupos insurgentes de distintas regiones han anunciado la creación de una coalición militar unificada denominada la Alianza de las Fuerzas del Pueblo Etíope para la Supervivencia (EPFAS). Tras esta declaración formal de intenciones para deponer al Ejecutivo central, las fuerzas del Tigray tomaron el control de tres aeropuertos estratégicos en Tigray y lanzaron ofensivas coordinadas en las regiones vecinas de Afar y Amhara, desatando combates en localidades clave. El gobierno federal respondió de forma contundente ejecutando oleadas de bombardeos y ataques con drones sobre el norte, sumiendo a las poblaciones locales en un estado de pánico total. Esta nueva guerra civil no sólo representa un peligro de desintegración interna para Etiopía, sino que amenaza con incendiar geopolíticamente a todo el Cuerno de África. Etiopía demuestra que las raíces de los conflictos de base étnico-regional no pueden sanarse mediante decretos militares ni pactos políticos superficiales. La transición de una guerra concentrada en Tigray en 2020 a una insurgencia confederada multisectorial en 2026 evidencia el fracaso del modelo de gobernanza federal actual. Ante los ojos de la comunidad internacional, el país se desliza rápidamente hacia un escenario de violencia endémica e impredecible donde la soberanía nacional y la vida de más de 120 millones de civiles penden de un hilo.