Sandra de la Fuente

Me gustó mucho y me dejó pensando este tuit de @liendovictoria sobre una ley nacional de mecenazgo, y quiero sumar una reflexión. En el fondo, lo que está en juego son dos maneras de decidir quién sostiene la cultura (y la religión y la ayuda social), y cada una da lugar a una sociedad distinta. En Europa continental decide el Estado. La tradición viene de las monarquías o los principados que hacían de mecenas, de las iglesias oficiales financiadas con impuestos y de la idea muy francesa de que la cultura es (o debería ser) patrimonio nacional y debe administrarla un ministerio. El modelo tiene virtudes claras. Llega a todo el territorio, financia la biblioteca de un pueblo pobre o una ópera que ningún donante sostendría, y da presupuestos estables para planear a largo plazo. También tiene costos. Un jurado decide qué arte vale la pena, el artista aprende a escribir para ese jurado y el gusto se vuelve oficial. El ciudadano siente que con los impuestos ya cumplió, y la costumbre de donar y de participar en asociaciones se debilita. En Estados Unidos, en cambio, gran parte del sostenimiento queda en manos de personas y empresas. El esquema tiene raíces históricas. La Constitución prohibió una iglesia oficial, así que cada congregación tuvo que mantenerse con los aportes de sus fieles. El gobierno federal nació chico, y todavía persiste una desconfianza acendrada hacia el poder central. Tocqueville ya notaba en 1835 que los norteamericanos resolvían con asociaciones lo que en Francia resolvía el Estado. A eso se sumó, desde 1917, la posibilidad de deducir las donaciones del impuesto a las ganancias (income tax). El resultado es una enorme variedad de universidades, museos, iglesias, hospitales y fundaciones que compiten entre sí, y una sociedad civil densa, en la que el donante participa de la vida de las instituciones que sostiene. En 2025 las donaciones privadas sumaron US$617.000 millones, cerca de 2% del PBI. En Europa, con una economía de tamaño parecido, apenas superan los €100.000 millones. El modelo estadounidense también tiene costos. El que más tiene decide más, y la deducción lo favorece, porque con un esquema tributario progresivo, cada dólar donado ahorra más impuestos cuanto más alto es el tramo. La plata se concentra donde ya hay plata, cae en las recesiones junto con la bolsa y les da a los grandes donantes un poder considerable sobre las instituciones que financian. Para la Argentina, un modelo de mecenazgo amplio tendría dos ventajas principales. La primera es que sacaría a la cultura de la pelea política. Hoy cada cambio de gobierno redefine qué se financia y con qué criterio, y el sector vive pendiente del ministerio. Si el financiamiento se reparte entre millones de decisiones privadas, es mucho más difícil de capturar o de desarmar. La segunda ventaja es la sociedad que genera. Cuando el ciudadano elige qué biblioteca, qué revista o qué teatro sostener, deja de delegar todo en el Estado y en el gusto de los funcionarios. Conoce a quienes dirigen la institución, va a sus reuniones y reclama cuando algo anda mal. De esa trama de vínculos está hecha la sociedad civil norteamericana, y es la que en la Argentina se fue debilitando a medida que el Estado ocupó cada vez más espacios. Alberdi lo advirtió en 1880, cuando escribió que “la omnipotencia de la Patria, convertida fatalmente en omnipotencia del Gobierno en que ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa privada en la obra de ese progreso”. Para la Argentina hay además ventajas prácticas. En un país en el que el contribuyente desconfía (con razón) de lo que pasa con su plata cuando entra a ARCA, el que elige el destino de sus donaciones sabe qué financia. Con inflación y ajustes recurrentes, una base amplia de pequeños donantes sería más estable que una partida del presupuesto. Si el reintegro exige factura, la librería, el teatro independiente y la revista tienen un incentivo para formalizarse. Y las bibliotecas populares, los clubes de barrio y las asociaciones de amigos de museos, que ya tienen una tradición fuerte, ganarían una fuente de recursos propia. Una ley nacional de mecenazgo puede tomar lo mejor de cada modelo si cumple cinco condiciones. 1. Que cualquiera pueda recuperar una parte de lo que gasta o dona en cultura, sea la suscripción a una revista, la cuota de una biblioteca, la membresía de un museo, el abono del Colón o un aporte a una fundación. Quien paga Ganancias podría deducirlo de ese impuesto. Para la mayoría que no lo paga, el mecanismo podría ser un reintegro automático en la cuenta bancaria, como los que ya existieron para el IVA. 2. Que el reintegro sea un porcentaje de lo donado igual para todos, con un tope por persona y solo para instituciones registradas. Así el que dona poco recibe el mismo alivio por peso que el que dona mucho, y el fisco no subsidia más los gustos de los ricos. 3. Que una parte de cada aporte vaya a un fondo federal, para que la cultura de las provincias chicas no dependa de que haya empresas grandes cerca. 4. Que armar una fundación lleve semanas y no años. 5. Que todo sea público, es decir, quién dona, cuánto y a qué proyecto. Como propone Victoria, el Estado se quedaría con lo que nadie financia por su cuenta, que es la memoria y el conocimiento. Hablamos de archivos, patrimonio, bibliotecas y universidades. Pero el sostén de la creación quedaría en manos de la gente. En mi opinión, una ley de mecenazgo cultural debería ser apenas el primer paso. La misma lógica sirve para la filantropía en general, desde la cooperadora de una escuela y las becas universitarias hasta el hospital de la zona, el comedor del barrio o la investigación médica. En todos esos casos el donante sabe adónde va su plata, y la institución gana recursos que no dependen del presupuesto nacional. La Argentina ya permite deducir de Ganancias las donaciones a entidades exentas, con un tope de 5% de la ganancia neta, pero ese beneficio llega a pocos y casi nadie lo conoce. Extender el reintegro a todos los contribuyentes y a todas las causas de bien público convertiría una excepción en una costumbre. Hoy hay leyes de mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires y, desde mayo, en Santa Fe. Una ley nacional se presentó en el Congreso más de veinticinco veces y nunca se aprobó. Tiene argumentos para todos. Un gobierno que quiere achicar el Estado la puede presentar como libertad de elección, y uno que quiere ampliar la cultura, como más recursos para el sector. Por eso esta vez podría aprobarse y, sobre todo, sostenerse en el tiempo.