Fabián Maero

ADORNI: LA JUSTICIA NO PUEDE DERIVAR LO QUE DEBE INVESTIGAR. Hoy presenté un escrito en la causa CFP 1003/2026 "Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito", ante el juez federal Ariel Lijo, con copia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del Dr. Sergio Rodríguez. Lo hago como denunciante y como ciudadano, porque hay decisiones que no admiten silencio. El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para afirmar que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente. Propuso que el juzgado se declare incompetente y que el expediente viaje a la Justicia Penal Económica, convertido en una posible evasión de impuestos. Pero el mismo dictamen deja escrito lo que no puede borrarse: bienes omitidos durante años en las declaraciones juradas, pagos en efectivo, terceros interpuestos en operaciones inmobiliarias y fondos exteriorizados recién cuando la causa ya estaba en marcha. Se reconoce la irregularidad patrimonial de un funcionario de la máxima jerarquía y, en el mismo acto, se propone soltarle la mano a la investigación. Transformar un presunto delito contra la administración pública en una cuestión tributaria no es investigar: es rebajar el objeto del proceso hasta volverlo inofensivo. Frente a eso, pedí tres cosas concretas. Que se me notifique toda medida que ponga fin al proceso, para ejercer el derecho de revisión que me reconoce la ley 27.372. Que se corra vista a la PIA, el órgano del Ministerio Público creado precisamente para controlar la conducta administrativa de los funcionarios, con facultades propias para reconstruir la evolución patrimonial del denunciado, incluso frente al secreto fiscal, y para asumir la acción pública cuando el fiscal del caso se opone a seguirla. Y que no se resuelva la competencia hasta que la PIA se expida. Conviene decirlo con claridad: en el enriquecimiento ilícito no hay una víctima con nombre y apellido. La damnificada es la ciudadanía entera, que sostiene el Estado con sus impuestos y tiene derecho a que quien lo administra pueda explicar su patrimonio. Por eso la Constitución encomienda al Ministerio Público la defensa del interés general, y por eso la Argentina se obligó, ante la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Corrupción, a tipificar este delito y a garantizar que la sociedad participe en su control. Ese control, hoy, lo ejerzo yo como denunciante. Mañana debería ejercerlo la Justicia sin que nadie se lo tenga que pedir. Un gobierno no puede ampararse en una declaración de incompetencia, y el Poder Judicial no puede sacarse de encima las causas de Estado. La República no se defiende archivando ni derivando. Se defiende investigando hasta el final.