Francisco Capella

Nos cuentan que la liberalización ferroviaria ha disparado el tráfico hasta saturar la red. Hay un pequeño problema con ese relato: los datos. En 2024, por cada punto de la red española de alta velocidad pasaban, de media, 60 trenes diarios, un 40 por ciento menos que el promedio de IRG-Rail (100). En Italia, 257. En 2025, España apenas llegaba a 66. Es cierto que la liberalización (que no privatización) ha aumentado considerablemente el número de trenes y viajeros. Pero seguimos muy por debajo de la intensidad de uso de otras redes europeas. Y hay algo todavía más importante. Cada tren paga un canon por utilizar una infraestructura que sigue siendo pública. Si aumenta el tráfico, corresponde a Adif adaptar la inversión y el mantenimiento a ese mayor uso. Convertir el éxito de la liberalización en una excusa para justificar las deficiencias de gestión de una empresa pública tiene bastante mérito. Pero ningún fundamento económico.

Pedro Sánchez lleva tiempo advirtiendo de todas las calamidades que sufriría España si gobernaran PP y Vox. El problema es que buena parte de esas calamidades ya han llegado. Y lo han hecho durante sus ocho años de Gobierno. El deterioro de las infraestructuras, las tramas de corrupción en ministerios y empresas públicas, el encarecimiento desbocado de la vivienda, el asalto a nuestras fronteras por una potencia extranjera, la degradación de la convivencia alentada desde el propio Gobierno, la colonización partidista de las instituciones, la impunidad negociada a cambio de apoyos parlamentarios, la incapacidad del Estado para responder ante desastres naturales y la ausencia de responsabilidades políticas tras unos accidentes ferroviarios que han dejado más de cien muertos. Todo eso ya ha sucedido. Frente a las amenazas abstractas de futuros «retrocesos» y «pérdidas de derechos», tenemos una realidad bastante más tangible de deterioro institucional, mala gestión y responsabilidades que nadie parece dispuesto a asumir. Y ahora, ante el desastre ferroviario, la respuesta vuelve a ser reclamar más Estado, como si el problema fuese una supuesta privatización. Conviene recordar que Renfe es pública, Adif es pública y sus dos principales competidores están controlados por los Estados francés e italiano. Además, la liberalización se ejecutó bajo el Gobierno de Sánchez, con Ábalos al frente de Transportes. La cuestión de fondo no es cuánto Estado tenemos, sino cómo se administra el que ya existe. Y llevamos ocho años acumulando pruebas de lo que sucede cuando se confunden las instituciones con el partido y la responsabilidad de gobernar con la conservación del poder. Resulta difícil convencer a los españoles de que teman las calamidades de un Gobierno alternativo cuando tantas se han materializado bajo el actual. Y todavía más difícil justificar que la solución consista en entregar mayores competencias y recursos a quienes no han sabido gestionar los que ya tenían. Magnífica columna de @djtorres86. elmundo.es/espana/2026/11/02…

Desde la liberalización ferroviaria, los viajeros de alta velocidad se han duplicado y los billetes se han abaratado alrededor de un 40 por ciento en términos reales. Hoy millones de españoles pueden viajar en tren a precios que antes eran impensables. Y resulta curioso que quienes dicen defender a las clases populares sean precisamente quienes más desconfían de la competencia que ha hecho el ferrocarril mucho más accesible para ellas.

El 30 de septiembre de 2025, Óscar Puente explicaba en esta entrevista que la liberalización ferroviaria era «un tanto tramposa» porque Renfe, Ouigo e Iryo eran empresas de capital mayoritariamente público. Y remataba: «No estamos compitiendo entre empresas sino que estamos compitiendo entre Estados». Es decir, el propio ministro reconocía que la competencia ferroviaria se produce entre operadores respaldados por los Estados español, francés e italiano. También admitía que la liberalización había reducido los precios y aumentado enormemente la oferta. Ahora, tras los accidentes, vuelve el discurso de la nacionalización. ¿Nacionalizar exactamente qué? La infraestructura ya es pública, Renfe es pública y sus dos competidores están controlados mayoritariamente por empresas estatales extranjeras. facua.org/consumerismo/oscar…

El Gobierno, que tanto denuncia la especulación, prepara retirar hasta un 20 por ciento del aceite de oliva del mercado para evitar que una buena cosecha provoque una caída de precios. Si lo hiciera una empresa, hablarían de acaparamiento y especulación. Si lo hace el Gobierno, lo llaman «estabilizar el mercado». Al parecer, el problema no es restringir la oferta para mantener los precios altos, sino quién lo hace. elconfidencial.com/empresas/…