Venezuela..Libre

Y como la misma oposición de siempre solo entiende que hacer política es hacer show… Lilian Tintori ha regresado, sin marido preso pero con megáfono… Manda cojones, diría mi padre…

No ha aprendido nada y, por lo que parece, tampoco aprenderá. La Sra. Machado está presa de su ego y éste no tiene intenciones de liberarla. La conclusión que hago es que este comunicado configura una secuencia de fechas en una expectativa electoral que no puede garantizar ni el cambio, ni su consecución. Voy por partes. Primero —y dejando de lado la entrevista de Rubio del 5 de noviembre con The New York Times, en donde afirma que las elecciones se celebrarían “idealmente” en 2027 negándose a garantizar que ocurriesen antes de que Trump termine la presidencia— lo que este comunicado pretende hacer es transformar las condiciones pendientes en un calendario electoral disponible. Para ello, encadena la designación del TSJ y del CNE para finales de 2026, la declaración inmediata de la falta absoluta y las elecciones durante los seis meses siguientes para terminar el camino fantasioso en el 24 de julio de 2027. El problema está en que cada eslabón depende de decisiones políticas que no están aseguradas, ni la Sra. Machado puede asegurar o impactar. Empezando por el hecho de que los nombramientos no garantizan —por sí solos— independencia institucional. Así como una nueva autoridad electoral no garantiza —por sí sola— condiciones competitivas. Y lo peor, es que ninguna de esas cosas asegura —por sí sola— la aceptación de una derrota por quienes están en el poder o la gobernabilidad de un nuevo gobierno. El Plan de Rubio no son fechas, son reformas de los cuerpos de seguridad y avances económicos, además de los cambios judiciales y electorales. Es decir, el horizonte de Rubio establece más condiciones que la cadena de nombramientos que pretende el comunicado. No debemos olvidar que la complejidad de la realidad no se reduce por más que una mente simplista quiera hacerlo. Lo segundo que observo en el comunicado es que la fecha simbólica (24 de julio) aparece en el lugar donde debería estar la explicación sobre la viabilidad política de la propuesta. Es decir, el natalicio del Libertador puede servir como hito movilizador, pero ello no significa que para entonces estén dadas las condiciones para una elección. Aquí la interrogante que me sobreviene es ¿qué capacidades, garantías y mecanismos de cumplimiento sostienen ese calendario? Porque la efeméride de la Sra. Machado no responde a ninguna de ellas. Lo tercero —y esto ya es común por la falta de comprensión del momento político— es que el comunicado confunde la renovación de autoridades con la transformación del poder. Es decir, el texto menciona reconstrucción institucional y acuerdos nacionales, pero no creo que considere el tiempo que se lleva modificar las relaciones de subordinación que impiden que las instituciones funcionen autónomamente. Cambiar magistrados es necesario, pero lo decisivo es que puedan fallar en contra el régimen sin sufrir represalias. Lo mismo ocurre con el CNE: cambiar rectores es necesario, pero lo decisivo es que puedan garantizar una competencia abierta y hacer respetar sus resultados. Una transición exige que quienes estén en el poder pierdan la capacidad de decidir unilateralmente las reglas de su propia permanencia. Sin esa garantía, las elecciones pueden terminar legitimando una reorganización del poder existente. Esto se ha dicho hasta el cansancio, pero al parecer ninguno de los que le preparan los documentos a la Sra. Machado parece comprenderlo. Por último —y quizás lo más infantil— es que la declaración promete certidumbre precisamente donde debería reconocer contingencias. El texto habla de “irreversibilidad de la transición”, de una “cohesión social sin precedentes” y de una fecha que “dota de certezas” al proceso, sin tomar en cuenta que ningún proceso se vuelve irreversible solo porque sus promotores confíen en él. Es decir, no aprenden que el riesgo consiste en comprometer nuevamente la credibilidad política de la oposición con un desenlace que los firmantes no pueden controlar por falta de capacidades.