Libia Rivas Ordóñez

Un terrorífico abismo sin fin, así se ven las hilachas de lo que queda de democracia en Ecuador. Lo describo en resumen, pues si contamos toda la historia no acabamos: La Revolución Ciudadana, el mayor movimiento político del país, fue proscrita. Las elecciones seccionales de febrero de 2027 se adelantaron a noviembre de 2026, a pesar de que la ley establece que las elecciones deben realizarse el mismo año de posesión de las nuevas autoridades. Ahora sancionan y suspenden a AMIGO, lista 16, movimiento que, de manera valiente, abrió sus puertas para que las y los candidatos de la Revolución Ciudadana pudieran participar y para que la ciudadanía no perdiera su derecho político a elegir. Esta sería la quinta vez, en nueve años, que las y los militantes de la Revolución Ciudadana nos vemos obligados a tener otro número y otro membrete político, a pesar de que nuestro ideario no ha cambiado. Fuimos lista 35, luego 5, luego 1, luego otra vez 5 y ahora seríamos 16. ¿Acaso esto no es una clara muestra de persecución y de vulneración de nuestros derechos políticos? En línea paralela, son ya nueve años en que las instituciones del Estado han sido funcionalizadas para perseguir y hostigar a adversarios políticos, mientras varios medios de comunicación asesinan a diario la reputación de políticos progresistas o de quienes resultan incómodos para el poder. Por lo dicho, lo que está ocurriendo en la política nacional debe indignarnos como país. Ya no se trata de una persona o de un partido político. Se trata de nuestra democracia, del Estado de Derecho y del derecho que tiene cada ecuatoriana y ecuatoriano a elegir libremente. Para el caso de Quito, la ciudad a la que represento, esto significa una afectación directa al derecho de su población a elegir a sus autoridades. Todo el hostigamiento y la persecución de la que he sido objeto ya no es una agresión solo contra mí. Es un golpe contra quienes me eligieron y contra quienes quisieran volver a confiar en nuestro proyecto de ciudad. Esto también debe preocupar a quienes no comparten nuestras ideas. Porque cuando se limita la participación de una organización política, lo que está en juego no es únicamente el futuro de esa organización: está en juego el derecho de toda la ciudadanía a decidir entre todas las opciones y a que nadie le imponga quién puede y quién no puede participar. En lo personal y como organización buscaremos todas las formas democráticas y legales que permitan defender el derecho político de la gente a elegir. Pero el desafío de hoy no es personal; es colectivo. Es deber de toda persona demócrata, sin importar su ideología, defender las bases mínimas de nuestra democracia. Defender a Quito, Luz de América, también es defender la libertad de sus habitantes para decidir su futuro. Y ese derecho merece ser protegido por todos, más allá de cualquier diferencia política.

Hoy reconozco a quienes madrugan, a quienes sostienen sus hogares, a quienes cuidan, construyen, limpian y hacen que Quito funcione todos los días. Nuestro compromiso es claro: más oportunidades, espacios dignos y trabajo que se respete y se valore. Gracias por tanto. Con su fuerza, Quito renace.

‼️ ATENCIÓN: OTRA LEY CONTRA LOS GAD, PRINCIPALMENTE CONTRA LOS MUNICIPIOS Y EN BENEFICIO DE UNOS POCOS. Si la Asamblea Nacional vota a favor de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), se convertirá en el legislativo más lesivo contra los gobiernos locales. Una legislatura que ha dado la espalda a los territorios, que no los escucha y que no hace públicos los debates de su interés. Solo a esta Asamblea se le ocurre hacer reformas a la ley de uso y gestión del suelo sin la opinión de las alcaldías. La reforma que quieren aprobar no es una mejora técnica. Por el contrario, parece estar pensada para viabilizar proyectos inmobiliarios puntuales y, en el futuro, puede ser utilizada para beneficiar intereses particulares por sobre el derecho a la ciudad y su planificación. Hay muchos y terribles ejemplos en ciudades del país de cuando el apetito inmobiliario definió el uso del suelo. Son las ciudades y sus ciudadanos los que deben definir qué uso le dan a uno de sus activos más importantes. Aquí algunas de las peores partes de la reforma de ley: 1. Abre la puerta a que sean los intereses particulares los que marquen el uso del suelo. Cada vez que un GAD actualice su planificación territorial, podría verse obligado a indemnizar a privados por supuestos “derechos perpetuos”. 2. Permite convertir el suelo rural en urbano sin ninguna planificación, “por fuerza mayor” o “cuando lo decida la Superintendencia de Ordenamiento Territorial”. 3. DE MANERA INCONSTITUCIONAL EXTRALIMITAN EL CONCEPTO DE LAS SUPERINTENDENCIAS y le facultan a la SOT a emitir títulos habilitantes y licencias sobre el uso de suelo. Esto es una barbaridad: las superintendencias son órganos técnicos de control, no les corresponde definir el uso del suelo. 4. Le permiten a la SOT imponer sanciones desproporcionadas a los GAD, multas de hasta el 3% de su asignación presupuestaria anual. Para tener una idea, a una ciudad como Quito le podrían multar por un valor SUPERIOR A LOS 11 MILLONES DE DÓLARES. Y hay que ver qué pasa en el debate porque algunos eran favorables a que la SOT destituya a autoridades electas. No faltará un iluminado que proponga que a la proscripción política y el adelanto de elecciones se sume la capacidad de remover autoridades locales por parte de la SOT. Desde el retorno a la democracia todos los gobiernos han buscado ampliar la descentralización, pero el proyecto político de ADN representa un retroceso histórico para la autonomía territorial y la descentralización político-administrativa. ¡Ojalá haya fuerzas políticas y asambleístas sensatos que se den cuenta de lo que podrían votar!

Señoras y señores asambleístas NO comentan un gravísimo error. Está reforma generará desatención de los grupos más desfavorecidos y masivos despidos. El peor de los mundos: gente sin servicio y profesionales sin empleo. Solo en Quito el efecto podría significar 5.000 despidos. Por citar unos pocos ejemplos que usan gasto corriente como parte de la INVERSIÓN SOCIAL: 1. Desarrollo infantil (Quito Wawas) y educación inicial de 0 a 5 años: parvularias y educadores para más de 5.000 niños/as. 3. Unidades educativas: educadores, psicólogos, odontólogos, instructores de actividades extracurriculares. Hablamos de 20 unidades educativas como: Sebastián de Benalcázar, Antonio José de Sucre, Eugenio Espejo, Fernández Madrid, Bicentenario, Calderón, Quitumbe y otros. 4. Hospital del día del norte y unidades de salud centro y sur: profesionales de salud. 5. Programa de salud mental: psicólogos/as. 6. Puntos 60 y piquito (más de 600 en Quito): talleristas e instructores de todo tipo de especialidades. 7. Casa Somos (más de 50): talleristas e instructores de todo tipo de especialidades. 8. Comedores comunitarios (3): cocineros y personal de servicio. 9. Casa Hogar para adultos mayores abandonados: geriatras y personal de servicios. … y así otros servicios sociales. Otros ejemplos de inversión que no son obra física y que pueden terminar afectados: 10. Fondos de capital semilla para emprendedores. 11. Subsidio del transporte municipal (Metro, Ecovía y Trolebus) 12. Teatros, museos, bibliotecas y centros culturales: decenas de espacios culturales que sostienen artistas, músicos, compositores y más profesionales de las cultura. … la lista no termina ahí. Y, finalmente, no confundan el debate. Para nada es oposición a una regla fiscal de 70% inversión, 30% corriente. En la REGLA QUE YA EXISTE EN LA LEY, EL MUNICIPIO DE QUITO CUMPLE CON EL 100% EN INVERSIÓN. Y el otro argumento que han utilizado es fiestas o conciertos, eso en Quito es totalmente marginal. Señoras y señores asambleístas: - Reciban a las autoridades locales, escuchen nuestros argumentos y constanten con datos nuestras preocupaciones. - Reciban a los beneficiarios de los servicios y escúchenlos. - Archiven la reforma y debatamos seriamente ésta y otras reformas al COOTAD, yo mismo presenté algunas como legislador. Estos argumentos ni son exagerados, ni son reflexiones “políticas”. #NoLeyGad