josué fabián 🐺 🏴

Asesinan al activista Reynaldo Pérez Pérez en Chiapas Reynaldo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos de comunidades indígenas desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos este 28 de octubre en Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon al menos siete veces. El activista defendía a familias indígenas tzotziles desplazadas de Santa Martha, refugiadas en Polhó, y exigía condiciones de seguridad para su retorno, así como atención gubernamental. También acompañaba a víctimas ante la Fiscalía Indígena y denunciaba la violencia de grupos armados en Los Altos de Chiapas, región afectada por disputas territoriales y la presencia del crimen organizado. Desde octubre de 2022, Reynaldo Pérez Pérez y el defensor José Vásquez Gutiérrez habían denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. El 17 de febrero de 2025, cuatro expertos de Naciones Unidas enviaron una comunicación oficial sobre estas agresiones. El documento recogió señalamientos sobre la participación de funcionarios públicos y cuestionó la falta de investigaciones, pese a que se habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades. Los expertos también documentaron las disputas entre organizaciones del crimen organizado y grupos de autodefensa en Pantelhó, que habían provocado muertes, personas heridas y desplazamientos forzados. Desde el 13 de junio de 2023, Reynaldo estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En abril de 2025, las autoridades federales confirmaron ante Naciones Unidas que contaba con medidas de protección, cuya suficiencia había sido cuestionada por los expertos. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, es responsable de coordinar ese mecanismo. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó el homicidio y reconoció que el activista acudía frecuentemente a la Fiscalía Indígena para acompañar a víctimas. No basta con investigar a quienes dispararon, la investigación se debe extender a los autores intelectuales. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, debe garantizar que se investiguen los posibles delitos federales, los vínculos con el crimen organizado y los señalamientos sobre la participación de servidores públicos. El gobierno de Claudia Sheinbaum debe rendir cuentas por el asesinato de un defensor cuya vida estaba bajo protección federal y cuyo riesgo había sido advertido por Naciones Unidas.