Isabel Sánchez Holguín

El amparo y su eutanasia. Cuando el poder se deshace de los límites que lo controlan, lo que queda ya no es gobierno: es un poder salvaje. Eso es lo que representa esta reforma: la eutanasia del amparo. Ejecutado en nombre del pueblo, pero en perjuicio del único instrumento que lo protegía del poder. Ya no se permitirán suspensiones si el acto reclamado “posiblemente” se relaciona con lavado de dinero o con el manejo de deuda pública (art. 129, fracciones XV a XVII). Las sentencias que favorezcan al ciudadano podrán quedar sin efecto si la autoridad alega “imposibilidad jurídica o material” para cumplirlas (art. 192). Y el acceso mismo al juicio se limita: el quejoso deberá probar que el daño que sufre es real, actual, directo y diferenciado (art. 5), como si los derechos colectivos o estructurales no merecieran defensa. (Interés legítimo) El proyecto de reforma a la Ley de Amparo contempla ajustes relevantes en materia de impedimentos, excusas y recusaciones (arts. 51 a 54), limitando estrictamente las causales que pueden invocarse —por ejemplo, parentesco, interés personal, amistad o enemistad manifiesta, haber emitido la resolución impugnada, entre otras—, y estableciendo que sólo esas podrán dar lugar a excusa válida. Además, el artículo 53 obliga al juzgador que se excuse a resolver sobre la suspensión, salvo que aduzca interés personal. Aunque esto busca evitar abusos y garantizar celeridad, también restringe la posibilidad de plantear nuevos o complejos supuestos de parcialidad, especialmente cuando el conflicto no encaja exactamente en los supuestos predefinidos. Esta lógica, en el fondo, reduce el margen del juez para reconocer y atender conflictos reales de imparcialidad, aunque estos no estén previstos expresamente, y podría generar simulaciones de neutralidad en contextos de presión institucional o política. Desde la óptica de Ernesto Garzón Valdés y su noción de “instituciones suicidas”, estos ajustes forman parte de una tendencia más amplia: restringir los instrumentos internos de autocorrección democrática. El juicio de amparo pierde efectividad cuando se imponen limitaciones formales que dificultan la recusación oportuna de jueces en conflicto, o cuando se obliga a un juez excusado a pronunciarse sobre la suspensión, incluso si su imparcialidad está objetada. Sumado a las demás reformas (suspensiones prohibidas, cumplimiento optativo, criterios restrictivos de acceso), esto representa una regresión institucional donde la legalidad protege al poder, no al ciudadano. El ciudadano podrá seguir quejándose, pero ahora con la certeza de que su voz apenas tendrá consecuencias. No es técnica legislativa: es suicidio constitucional asistido. Ernesto Garzón Valdés: “…las decisiones mayoritarias puedan poner en peligro el respeto a la autonomía individual de las personas.” La democracia puede morir por decisión de su propia mayoría, bajo la forma de la legalidad. Luigi Ferrajoli: “Una democracia puede quebrar aun sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso.” GG no team.

🧵El objetivo nunca fue destruir al PJF, sino transformarlo en un poder legitimante del poder político. No se trata de debilitar su autoridad, sino de reconvertirla para justificar decisiones que, aunque lesionen a la ciudadanía…