J. Ramiro López | Nutricionista

MINSA prohíbe exigir certificados de salud mental para empleos y estudios en Panamá. A través de la Circular No. 083/DGSP, el Ministerio de Salud (MINSA) ha dictaminado la prohibición terminante de solicitar certificados de salud mental como requisito para trámites laborales o educativos en todo el territorio nacional. La medida, que entró en vigor este 15 de abril de 2026, busca poner fin a prácticas consideradas discriminatorias y desahogar la red de servicios especializados de salud. La Dirección General de Salud Pública instruyó a todas las universidades, tanto públicas como privadas, así como a empleadores y diversas instituciones, a **cesar de forma inmediata la exigencia de estos documentos para procesos de ingreso, matrícula, contratación, ascensos o renovaciones de contrato. Según el documento firmado por la Dra. Yelkys Gill Mojica, esta disposición se fundamenta en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, los cuales consagran la salud mental como un derecho humano fundamental y protegen la confidencialidad de las personas. El MINSA sostiene que el uso masivo de estos certificados para fines administrativos carece de "valor predictivo". El informe técnico que acompaña la circular señala que: Una evaluación puntual no es indicador de honestidad, desempeño laboral o idoneidad moral. Se debe aplicar el principio de presunción de capacidad, donde se asume la aptitud de la persona salvo evaluaciones justificadas por tareas de riesgo extremo. La demanda administrativa innecesaria desvirtúa el sistema de salud, restando tiempo y recursos a los pacientes que requieren atención clínica urgente. La autoridad sanitaria aclaró que solo se podrá justificar una evaluación de salud mental cuando exista una tarea específica de alto riesgo, debidamente documentada, según los criterios establecidos en el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61. Finalmente, el Ministerio ordena a todas las instituciones revisar y modificar sus reglamentos internos y formularios de admisión para eliminar este requisito de manera permanente, garantizando que el acceso a la educación y al empleo no esté condicionado al estado de salud mental de los ciudadanos.