Omar D Jiménez 

El Plan Nacional de Inteligencia Artificial no propone censurar ni restringir la libertad de expresión. Sería incorrecto afirmarlo. Pero sí está construyendo algo que merece seguimiento muy cercano: un Estado con mucha mayor capacidad para procesar datos, identificar patrones, generar perfiles y apoyar decisiones mediante algoritmos. El riesgo no está necesariamente en el Plan; puede aparecer en cómo se implemente. 🔴 Vigilancia del discurso público. Alarma si la IA comienza a utilizarse para monitorear periodistas, críticos, activistas, manifestaciones o conversaciones legítimas en redes. 🔴 Perfilamiento político o ideológico. Una opinión, una asociación o una conducta lícita nunca deberían convertirse en una variable de “riesgo”. 🟠 Cruce de bases gubernamentales. Que la tecnología permita conectar información fiscal, administrativa, social o de identidad no significa que jurídicamente pueda utilizarse para cualquier finalidad. 🟠 “Desinformación” y contenido falso. Muchísimo cuidado si la futura regulación convierte conceptos vagos en facultades para bloquear, reducir, etiquetar o sancionar expresiones. El Estado no puede convertirse en árbitro de la verdad pública. 🟡 Algoritmos de alto impacto. Hay que exigir saber qué sistemas utiliza el Gobierno, qué datos los alimentan, qué decisiones apoyan, quién los audita y cómo puede una persona impugnar sus resultados. 🟡 Periodistas y fuentes. La protección de comunicaciones, anonimato y fuentes confidenciales debe crecer al mismo ritmo que la capacidad tecnológica para reconstruir redes y relaciones. 🟣 Concentración de poder tecnológico. Quien desarrolla o promueve un sistema no debería ser, al mismo tiempo, el único que lo supervisa y decide si vulneró derechos. El propio Plan parte de una premisa correcta: “la IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos” y toda decisión apoyada por IA debe mantener responsabilidad humana.

La Universidad de Chicago acaba de decir en voz alta lo que muchas facultades de Derecho todavía no quieren aceptar: la inteligencia artificial ya rompió el modelo tradicional de enseñanza jurídica. Hoy un alumno puede entregar una demanda, un ensayo o una investigación impecables sin haber leído, razonado ni comprendido realmente el problema. El riesgo no es solo el plagio. Es algo mucho más grave: simular que alguien sabe Derecho cuando en realidad solo aprendió a pedirle respuestas a una máquina. La respuesta de Chicago no es prohibir la IA ni rendirse ante ella. Es formar abogados capaces de pensar sin tecnología, trabajar con ella y, sobre todo, cuestionarla. Por eso vuelve al aula sin pantallas, fortalece el método socrático, exige exámenes presenciales y obliga a los estudiantes a defender oralmente sus trabajos. La lógica es brutalmente sencilla: si no puedes explicar, sostener y corregir lo que entregaste, entonces probablemente nunca fue realmente tuyo. La inteligencia artificial no va a acabar con los abogados. Va a acabar con una forma mediocre de ejercer el Derecho: memorizar, copiar formatos, repetir jurisprudencia y producir documentos sin criterio. El abogado que sobreviva no será el que escriba más rápido que una máquina, sino el que sepa detectar cuándo la máquina se equivoca, entender lo que está en juego, tomar decisiones difíciles y responder por sus consecuencias. El futuro de la abogacía no está en producir más texto. Está en tener más juicio. law.uchicago.edu/news/ai-str…