Sergio

La progresividad en frío afecta a todo tipo de hogares, también a las familias con hijos. Entre 2019 y 2027, a igual poder adquisitivo: -Un trabajador soltero con 19.000 € pagaría 4,5 veces más IRPF. -Un matrimonio con dos hijos y un salario de 25.000 €, 4,26 veces más. -Un hogar monoparental con dos hijos y 23.172 €, hasta 8,28 veces más. El fenómeno se extiende a prácticamente todos los niveles salariales y tipos de hogar analizados.

La polémica de la llamada «ley de nietos» es bastante más interesante de lo que sugiere el debate sobre un supuesto pucherazo. Intento explicarla paso a paso. Todo empieza con la Ley de Memoria Democrática de 2022. Su disposición adicional octava permite optar a la nacionalidad española a nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Hasta aquí, la clave es el exilio. Seis días después llega una Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y aquí empieza el problema jurídico. La propia Instrucción reconoce que la ley «parece dirigirse únicamente» a descendientes de exiliados, pero decide interpretarla de una forma más amplia. Divide la frase de la ley en dos supuestos distintos. De esta forma, también permite optar por la nacionalidad a los nacidos fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, sin exigir en ese supuesto que la salida estuviera vinculada al exilio. Además, para los casos en los que sí entra en juego el exilio, la Instrucción establece una presunción: se considera exiliados a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Basta acreditar la salida. Es decir, una cosa es lo que aprobó el Parlamento y otra la interpretación bastante expansiva que posteriormente hizo la Administración. ¿Y qué tiene que ver todo esto con unas elecciones? Que quien adquiere la nacionalidad española y reside en el extranjero puede incorporarse al CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En las generales de 2023 había 2.328.260 electores inscritos en el CERA. A 1 de julio de 2026 había 2.736.522. Son 408.262 electores más en apenas tres años: un aumento del 17,5%. Eso no significa que esos 408.262 nuevos electores procedan todos de la ley de nietos. Conviene no confundir correlación temporal con procedencia administrativa. Pero el Supremo considera que el crecimiento es lo suficientemente «extraordinario» como para examinar qué altas proceden directamente de la ley y cuáles de la interpretación posterior. Y eso es lo que ha hecho ahora el Tribunal Supremo. No ha anulado la Ley de Memoria Democrática. Tampoco ha retirado la nacionalidad a nadie. Ha suspendido cautelarmente las nuevas altas y los efectos electorales de las inscripciones afectadas mientras se comprueba si se cumple realmente el requisito de descendencia de exiliados exigido por la ley. La decisión es discutible jurídicamente. De hecho, existe un voto particular contrario y la propia Junta Electoral Central ha debatido si recurrirla. Pero ese es precisamente el debate que merece la pena tener. No hay pruebas de que exista un «pucherazo» ni de que cientos de miles de nuevos electores vayan a votar, y mucho menos de que lo hagan por el mismo partido. La pregunta relevante es otra: ¿puede una instrucción administrativa ampliar sustancialmente quién tiene derecho a adquirir la nacionalidad cuando el Parlamento había aprobado un supuesto aparentemente más limitado? Y si esa interpretación termina siendo ilegal, ¿qué hacemos mientras tanto con sus efectos sobre el censo electoral? Ahí está, creo, la verdadera polémica de la ley de nietos.