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La dimisión que Puente no puede eludir Pues claro que existe una responsabilidad política que Óscar Puente deberá asumir antes o después con su dimisión. Adif contrata a multinacionales y UTEs privadas - Hitachi/Thales, Siemens, Indra, CAF Signalling, constructoras- para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los sistemas vinculados a la seguridad. Pero la responsabilidad última de la infraestructura y de la seguridad ferroviaria sigue siendo pública: es de Adif. El problema es que quienes ejecutan a diario el mantenimiento de los sistemas que deben impedir accidentes —el LZB de Urda, los centros de control de Atocha, buena parte de las vías y la señalización— son empresas privadas pagadas con contratos millonarios que salen del bolsillo de todos los ciudadanos . La titularidad es pública; la ejecución técnica, privada. Esa arquitectura, presentada como eficiencia y modernización, ha terminado siendo la razón política de 2 tragedias. El accidente de Urda, con el fallo del LZB y la gestión del centro de control, no puede leerse como una anomalía aislada. Revela el coste de un modelo en el que el Estado tiene la responsabilidad mientras externaliza el servicio encargado de llevarla a cabo . Más de cien muertos en menos de un año en la misma vía ferroviaria no son una casualidad: son el precio de una decisión política.