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¡¡MILES DE AMPAROS EN PUERTA!! —La modificación a la Modalidad 40 aprobada por el Consejo Técnico del IMSS representa, más que un ajuste técnico, un golpe estructural al único mecanismo voluntario que tenían miles de trabajadores para compensar salarios de cotización bajos y aspirar a una pensión digna. Aunque el instituto la presenta como una medida "temporal" para evitar abusos, el análisis crítico revela tres problemas de fondo:—su dudosa legalidad—, el daño directo a la clase trabajadora y su carácter de parche financiero que no resuelve la crisis de pensiones. El primer gran cuestionamiento es de forma, pero tiene consecuencias de fondo. El IMSS impuso los cambios mediante un acuerdo del Consejo Técnico, no a través de una reforma a la Ley del Seguro Social. Especialistas en seguridad social advierten que esto es "una clara violación a la ley", pues el artículo 218 de la legislación vigente permite calcular la pensión con el promedio de los salarios de las últimas 250 semanas, y la autoridad administrativa no tiene facultades para limitar por decreto el salario que un trabajador elige cotizar. Al impedir que los nuevos solicitantes elijan un salario superior al último registrado (más una UMA), se restringe un derecho que solo el Poder Legislativo podría modificar. Esta opacidad normativa ya anticipa una ola de amparos por parte de los trabajadores afectados, quienes podrían argumentar vulneración de derechos adquiridos y aplicación retroactiva de las reglas. La consecuencia más tangible es la reducción drástica del monto de las pensiones futuras para quienes planeaban usar la Modalidad 40 como herramienta de planificación. · Antes: un trabajador podía elegir cotizar hasta 25 UMAS (unos 2,932 pesos diarios), independientemente de su último sueldo real. Esto permitía que alguien con un salario promedio de 500 pesos elevara su base de cotización y aspirara a una pensión mensual de 61,500 pesos o más al retirarse. · Ahora: el tope se limita al último salario registrado más una sola UMA. En el mismo ejemplo, ese trabajador solo podría cotizar hasta 617 pesos diarios, lo que reduce su pensión potencial de forma drástica. A esto se suma la eliminación de los pagos retroactivos. Quienes planeaban regularizar periodos sin cotizar para completar semanas ya no podrán hacerlo; la inscripción solo surte efecto desde la fecha de la solicitud. El mensaje es claro: la posibilidad de "comprar" mejores semanas y un mejor salario para la pensión queda prácticamente cancelada para los nuevos ingresos. El IMSS justifica la medida en la necesidad de frenar prácticas de simulación y garantizar la viabilidad financiera del esquema. El diagnóstico es real: el uso de la Modalidad 40 creció más del 100% en ciertos periodos y genera pasivos elevados, pues el valor presente de las pensiones vitalicias supera con creces lo aportado. Sin embargo, la crítica es que se ataca el síntoma, no la enfermedad. La crisis de las pensiones en México —una "bomba de tiempo" que representa cerca del 6.3% del PIB— no se resuelve limitando el ahorro de los trabajadores, sino con una reforma fiscal y laboral de fondo. Al cerrar la Modalidad 40, el gobierno simplemente traslada el costo de la insostenibilidad fiscal a quienes menos capacidad de negociación tienen: los trabajadores que buscan un retiro digno. Además, la medida podría tener un efecto recaudatorio perverso: menos trabajadores podrán pagar las cuotas voluntarias, lo que a la larga podría reducir los ingresos del propio instituto. En definitiva, la modificación a la Modalidad 40 es una medida regresiva y legalmente cuestionable que, so pretexto de la sostenibilidad financiera, cierra la última puerta de mejora voluntaria para las pensiones de la generación de transición, sin ofrecer una solución estructural al problema de fondo del sistema pensionario mexicano.